Peligra la salud de los desplazados, alertan ONG de Chiapas
La salud de los 33 indígenas desalojados por la policía de la reserva de la biosfera Montes Azules el pasado 18 de agosto “se encuentra en grave riesgo, particularmente la de los niños y dos mujeres embarazadas”, aseguró la Red por la Paz, integrada por 19 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Chiapas. Por lo pronto, los desplazados permanecen en un albergue improvisado en el municipio de La Trinitaria, inmueble que funcionó como un prostíbulo llamado Las Vegas.
La Red por la Paz exigió en un comunicado que se garantice “inmediatamente” a las familias desalojadas “la satisfacción de sus necesidades básicas, incluyendo alimentación, asistencia médica y vestido mientras se resuelve su situación”.
El 18 de agosto anterior, más de 200 policías estatales y federales, así como personal de la Armada de México, desalojaron por la fuerza a 39 indígenas que habitaban en los poblados Nuevo San Manuel y El Buen Samaritano, asentados desde hace años en la reserva de Montes Azules.
Como resultado de esa acción, seis varones fueron encarcelados en el penal de El Amate, acusados de presuntos delitos ambientales y despojo de tierras. Las 33 personas restantes –26 de ellas menores de edad– fueron instaladas en el citado antiguo prostíbulo de La Trinitaria, cercano al basurero municipal.
Las ONG que integran la Red por la Paz expresaron su “profunda preocupación porque con el desalojo se violaron los derechos humanos reconocidos en convenios, pactos y tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano”.
Exigieron a los gobiernos federal y estatal que, en el marco de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas, aceptados por México, se restituyan los derechos de las familias indígenas desalojadas y se garantice indemnización o reparación de los daños ocasionados.
De igual manea, demandaron que se retiren los cargos y se libere a los seis detenidos, “teniendo en cuenta las razones que les forzaron a ocupar estas tierras, y que se cancele definitivamente cualquier otro nuevo desalojo de comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.
“Una solución de fuerza no resuelve de ninguna manera las causas estructurales que originarían la destrucción ecológica de la región y sí, en cambio, crea nuevos resentimientos y agravios de carácter social”, manifestó la red.
Pidió a las autoridades que informen, consulten y acuerden con los pueblos indígenas asentados en territorios susceptibles de ser declarados reservas ecológicas, las estrategias para la conservación cultural y ecológica de esos territorios.
Entre las organizaciones que firman el documento están los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el Centro de Derechos de la Mujer y Maderas del Pueblo del Sureste.
Al momento, la secretarías de la Reforma Agraria (SRA) federal, y la de Desarrollo Social de Chiapas, encargadas de la reubicación e instauración de proyectos de desarrollo para desalojados de los poblados de la selva, se han negado a responsabilizarse del destino de esas familias, quienes desde su salida de los poblados El Buen Samaritano y Nuevo Salvador Allende, sólo han recibido alimento y techo, no medicinas ni otro tipo de apoyo.
Acceder al lugar para hablar con los albergados, o permitirles a ellos salir tampoco es posible, ya que policías municipales de La Trinitaria y efectivos de la Policía Estatal Preventiva chiapaneca –éstos armados con fusiles AR-15– impiden ambas acciones.
A través de aberturas entre los tablones del albergue improvisado, que hacen las veces de paredes, Lázaro Ruiz Jiménez, de 17 años, explicó que las autoridades les proporcionaron un poco de alimento, la mayoría enlatado, que no les es fácil consumir por no estar acostumbrados a tales provisiones.
“No hay mucha comida y hace mucho frío, y todavía no sabemos dónde nos van a llevar, porque ninguna autoridad se ha acercado a vernos para decirnos qué va a pasar con nosotros”, explicó Lázaro.
Parte de la ayuda que han recibido los reubicados de Montes Azules fue enviada por la organización católica Cáritas. Se trata de agua, zapatos, cubetas y juguetes para los niños.
Cuestionado sobre el destino de estas familias, personal de la SRA informó extraoficialmente que para la dependencia quedó agotada la posibilidad de reconocerles el derecho a la tierra que habitaban, o dotarlos de nuevos asentamientos en otro lugar.
La fuente señaló que una vez que los habitantes de los poblados El Buen Samaritano y Salvador Allende aceptaron la reubicación, la SRA dio por concluido el caso, y dio parte al gobierno del estado para que procediera en el caso de quienes determinaron quedarse en el interior de la selva, en este caso las 33 personas ahora desalojadas.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social de Chiapas, María de los Ángeles Cruz, explicó que la dependencia a su cargo no tiene medios para ofrecer nuevas tierras a los indígenas, por lo que su accionar se limita a proporcionarles alimentación.
En este caso, la Secretaría de Gobierno de Chiapas sería la encargada de proporcionar una alternativa a estas familias, para que una vez que se les deje en libertad de salir, tengan dónde refugiarse y desistan de regresar a la selva, sostuvo la fuente de la SRA.