Usted está aquí: viernes 13 de julio de 2007 Política El Comité 68 acudirá a la CIDH

El Comité 68 acudirá a la CIDH

Emir Olivares Alonso

El amparo otorgado a Luis Echeverría Alvarez por los crímenes del 2 de octubre de 1968 demuestran la "artificialidad, fragilidad, ridiculez y vulgaridad" con que se está actuando para impedir el acceso a la justicia, aseguró el Comité 68, y advirtió que "no deben festejar por adelantado", porque los resultados "no son definitivos".

Raúl Alvarez Garín, líder del Comité 68 -agrupación que denunció penalmente al ex presidente por la masacre de Tlatelolco-, agregó que los argumentos del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano de que sí existió genocidio, pero no hay elementos contundentes para inculpar a Echeverría, son "inconsistentes".

Explicó que al tratarse de un "crimen de Estado" el ex secretario de Gobernación es responsable de ese delito de lesa humanidad "por el papel que jugaba en ese entonces"; por tanto, agregó, "no se necesita ninguna prueba documental para admitir que Luis Echeverría era secretario de Gobernación y que sus funciones tienen que ver con los sucesos de antes del 2 de octubre, durante el movimiento y en la ejecución. La resolución de Luna Altamirano atenta contra la inteligencia más elemental de todo el mundo".

Indicó que otra "inconsistencia" de la resolución es que se contradice con lo que concluyó el magistrado Ricardo Paredes Calderón, quien señaló que el delito imputado no habría prescrito, "por lo que él sí encontró elementos que abonan en el sentido de la probable responsabilidad de Echeverría".

Dijo que el Comité 68 presentará como "elemento adicional" a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitarán México en un mes, la resolución de amparo para que ese organismo analice e investigue el proceso de "denegación de justicia" en este caso.

"Si esto no preocupa en México, internacionalmente tiene una fuerza tremenda y contundente", subrayó Alvarez Garín.

Insistió que la resolución no es el último recurso para que las víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968 accedan a la justicia, pues la Procuraduría General de la República puede interponer un recurso de revisión.

 
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