Secuestrado por las FARC muere en rescate militar
Santafe de Bogotá, 12 de julio. Un empresario secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de esta nación sudamericana, murió este jueves durante un intento de rescate realizado por el ejército en el departamento de Caldas, informó el comandante en jefe de la institución armada.
La muerte de Diego Mejía hizo evidentes los riesgos que representa un operativo militar para las vidas de miles de secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero de 2002.
"El resultado de este combate es que resultó herido Diego Mejía, pero falleció cuando procurábamos sacarlo del área", dijo el comandante en jefe del ejército, general Mario Montoya, al canal privado Caracol TV.
Agregó que durante el operativo murió un uniformado y fueron abatidos cuatro insurgentes, entre ellos un importante líder de las FARC.
Al cierre de esta edición no se había informado de la reacción de la familia del empresario, por cuya liberación las FARC exigían unos dos y medio millones de dólares, de acuerdo con el general Montoya.
Colombia es considerada como la capital mundial del secuestro, con unos 25 mil casos en la última década y mil 268 rehenes muertos en cautiverio.
Las FARC pretenden intercambiar a Betancourt, tres estadunidenses y decenas de políticos, militares y policías por rebeldes presos.
El pasado 18 de junio murieron 11 diputados secuestrados del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, quienes estaban en la lista de "canjeables", en un combate con un grupo militar sin identificar, según informaron las FARC.
Familiares de los diputados responsabilizaron tanto al gobierno como a la guerrilla de la muerte de los legisladores cautivos desde hace cinco años, y exigieron al gobierno del presidente Alvaro Uribe que busque un acuerdo humanitario para canjear a los secuestrados.
Suspendidos, cuatro senadores por vínculos con paramilitares
Uribe enfrenta además otro escándalo, derivado de los nexos de importantes políticos con miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los senadores oficialistas, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes, así como el opositor Juan Manuel López Cabrales, fueron suspendidos por decisión de una comisión legislativa que investiga la llamada narcoparapolítica.
Los cuatro legisladores se encuentran en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia que los investiga por vínculos con las AUC, de las que se han desmolizados unos 30 mil paramilitares, merced a un proceso de negociaciones impulsado por Uribe desde julio de 2004, en el que ofreció beneficios carcelarios a los paras a cambio de que confiesen sus crímenes.
En este proceso de desmovilización, el líder paramilitar Adolfo Guevara, conocido como Comandante 101, se entregó a las autoridades colombianas tras pedir "garantías" para él y su familia.