Usted está aquí: martes 6 de junio de 2006 Política Detenidos por el caso Atenco prueban que no participaron en los secuestros

Presentan documentos que demuestran que no estuvieron en el sitio del ilícito

Detenidos por el caso Atenco prueban que no participaron en los secuestros

Vecinos de esa región se enfrentan y expulsan a cinco elementos de seguridad estatal

ISRAEL DAVILA Y RENE RAMON CORRESPONSALES

Al menos siete de los 26 procesados en el penal de Santiaguito, detenidos en los operativos policiacos de mayo pasado en San Salvador Atenco, negaron ayer su participación en los secuestros de policías que se les imputan y aseguraron haber estado en lugares distintos donde se produjeron los hechos.

En la primera audiencia de desahogo de pruebas ante el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, otros cinco acusados por secuestro equiparado se acogieron a su derecho de no ampliar su declaración, hasta conocer con exactitud los delitos que se les imputan y escuchar los testimonios de los policías que los identifican como presuntos responsables.

Detrás de la rejilla de prácticas, los acusados negaron los hechos que les imputa la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), entre ellos, César del Valle, hijo del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle.

El joven aseguró ante el juez que el 3 de mayo pasado, cuando ocurrió la retención de policías en el auditorio Emiliano Zapata de San Salvador Atenco, se encontraba tomando cursos en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, y para probar su dicho se presentaron documentales que así lo acreditan.

En tanto, Magdalena García Durán, mujer de origen mazahua, detenida el 4 de mayo cuando vendía verduras en la plaza de Atenco, refrendó ante el juez que un día antes realizó un recorrido con autoridades del Distrito Federal para la celebración de una feria artesanal, por lo cual no puede ser responsable del secuestro de 13 policías.

Bárbara Zamora, defensora de ambos procesados, informó que ya promovió un amparo ante la justicia federal contra el auto de formal prisión de sus defendidos, ya que no existen elementos contundentes, ni imputaciones directas de que sus representados hayan participado en el secuestro de los uniformados.

Otra de las mujeres que rindieron hoy su testimonio fue Zuelen Gabriela Cuevas Jaramillo, estudiante de la Universidad del Valle de México, quien fue detenida junto con su novio Vicente García Mungía, la madrugada del 4 de mayo en Atenco.

Detrás de la rejilla de prácticas, Zuelen afirmó que se encontraba en Atenco realizando un trabajo escolar que se le había encomendado sobre movimientos sociales, por lo que al conocer el enfrentamiento entre pobladores de ese municipio y policías decidió trasladarse el 3 de mayo al lugar para iniciar su investigación.

Narciso Arellano también ofreció su testimonio; reveló que fue detenido en el poblado de la Magdalena Panoaya, a tres kilómetros de la cabecera municipal de Atenco, mientras se dirigía a comer tras su trabajo de albañilería, y también negó su participación en el secuestro de policías.

Quienes también decidieron declarar sobre los acontecimientos de Atenco, de principios de mayo, fueron el doctor Guillermo Selvas y Mariana Selvas, quienes fueron aprehendidos cuando ofrecían atención médica a las personas lesionadas producto del enfrentamiento con los policías.

Quienes se reservaron su derecho a declarar fueron los representados por los abogados adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Estrada, Oscar Hernández Pacheco, Cecilio Ramírez, David Medina Neri y Vicente García Mungia.

Este martes se celebrará la primera audiencia de desahogo de pruebas en el proceso que se instruye en contra de 156 personas acusadas de ataques a las vías de comunicación, por el bloqueo de la carretera Lechería-Texcoco, el pasado 3 de mayo.

En San Salvador Atenco, más de 100 vecinos de esta localidad encararon con gritos de "asesinos" y "violadores" a comandantes y al director operativo de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Rogelio Cortés Cruz -a cargo de los operativos de mayo pasado-, quien advirtió que continuarán los patrullajes.

Mientras, en una reunión acalorada en la oficina del alcalde Pascual Pineda Sánchez, vecinos e integrantes del FPDT exigieron hacer valer el artículo 115 constitucional, que habla de la autonomía municipal, para frenar los operativos que desde el viernes pasado reanudó la ASE en sus comunidades, pero después de dos horas no llegaron a ningún acuerdo.

En tanto, al menos 200 pobladores de esta localidad expulsaron a cinco elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), a quienes acusaron de ejercer actos de provocación en contra de los integrantes del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT).

De acuerdo con la ASE, se inició la averiguación previa TEX/I/1562/06, la cual se inició en contra del delegado de Atenco, Ricardo López Espinosa, por daños causados al parabrisas de la patrulla 07825.

Los policías estatales Esteban Volar Ponce y Amador Pérez Aguirre, así como otros tres uniformados, se alejaron de la comunidad por su propio pie.

Los integrantes del FPDT aseguraron que todo se trató de "una confusión"; sin embargo, insistieron en exigir la salida de la policía estatal, la cual desde el viernes realiza patrullajes en las comunidades de este municipio.

 
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