Con videos busca demostrar que se violaron sus garantías individuales
Entregó Lydia Cacho Ribeiro nuevas pruebas contra Marín, Nacif y Naked
La periodista pide a la fiscalía interrogar a internas del penal de Puebla
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La periodista Lydia Cacho comentó que el ex director de la Policía Judicial de Puebla Alfonso Karam comparecerá en breve
Foto: Archivo
La periodista Lydia Cacho Ribeiro entregó nuevas pruebas que "servirán para demostrar" el involucramiento del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif y Hanna Naked, en hechos que violentaron sus garantías individuales, en diciembre pasado.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas que llame a comparecer a internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, que trabajaban en la maquiladora de Naked, y que conocieron de las órdenes que éste dio para que Cacho Ribeiro fuera golpeada y violada dentro de esa prisión cuando fue detenida por una supuesta acusación de difamación.
Acompañada por su abogado, Guillermo Cuén, la autora del libro Los demonios del Edén indicó que entre los personajes que próximamente serán citados a comparecer está el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Alfonso Karam.
Ayer, durante una diligencia que duró poco más de una hora, la periodista entregó a la fiscalía que dirige David Vega Vera grabaciones en video de las comparecencias de Hanna Naked y Kamel Nacif ante un juzgado en Cancún, Quintana Roo, en donde se desahoga el proceso penal que se le sigue a Lydia Cacho como presunta responsable del delito de difamación.
De acuerdo con lo declarado por Cacho Ribeiro, la investigación que lleva la fiscalía para delitos contra periodistas ha avanzado en la demostración de la violación a sus garantías individuales, mientras que la fiscalía que combate la violencia contra las mujeres "se ha centrado en acreditar la tortura" a la que fue sometida durante su traslado de Cancún a Puebla, para ponerla a disposición del juzgado que la reclamaba por la acusación de difamación.
Por otra parte, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, de la cual depende la fiscalía que encabeza, ya realizó la prueba del Protocolo de Estambul, a fin de acreditar pericialmente que la periodista fue objeto de actos violatorios de sus garantías individuales.