Se debe evaluar la salud del titular del Ejecutivo, señala
Sauri dice que su propuesta no tiene dedicatoria para Fox
La propuesta de reforma para quitar la reserva a la información sobre los expedientes médicos del Presidente de la República es sólo un primer paso, ya que debe haber luego un cambio a la Constitución, con el propósito de que sea motivo de remoción del mandatario federal alguna enfermedad o trastorno mental que le impida cumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado, precisó la senadora priísta Dulce María Sauri Riancho.
En entrevista, aclaró que no hay afán electoral alguno en su propuesta ni intención de golpear políticamente al presidente Vicente Fox, sino el deseo de construir un marco jurídico para actuar cuando la salud del mandatario se vea seriamente afectada .
Sauri hizo notar que se trata de un tema que no está reglamentado ni siquiera en los países de mayor desarrollo, como Estados Unidos o Francia. Recordó el mal de Alzheimer del presidente Ronald Reagan o el cáncer de colon que padeció François Mitterrand, enfermedades que se mantuvieron ocultas a sus respectivas ciudadanías.
En el caso de Estados Unidos, agregó, por rutina se conocen los chequeos médicos del presidente, pero no es una obligación legal y tampoco hay una penalidad en caso de que se falseen datos clínicos, "es decir, a escala internacional no se ha resuelto el tema; la ventaja que nos llevan otras naciones es que sí se debate el asunto".
La legisladora yucateca resaltó que en el sexenio de Vicente Fox ha sido motivo de preocupación sobre su salud por las versiones de que consume medicamentos antidepresivos por sus notorios cambios de estado de ánimo.
Sauri aclaró que con la iniciativa para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no se plantea que el expediente clínico de Fox o del mandatario que le seguirá se abra a todos los ciudadanos, ya que sería peligroso para la propia estabilidad de la institución presidencial.
La propuesta es que sea el Congreso el que pueda conocer tal información, siempre y cuando lo demande 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, del Senado o de la Comisión Permanente, y que lleve la intención de determinar una posible afectación en la salud del gobernante y de otros servidores públicos de órganos unipersonales de autoridad federal.
La ex presidenta nacional del PRI consideró que su iniciativa puede ser aprobada en lo que resta de este periodo de sesiones, y a la próxima legislatura, la que acompañará a quien gane las elecciones de 2 de julio, corresponderá completar el marco jurídico.