Siguen abiertas las pesquisas por feminicidios: PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado por cerradas sus investigaciones en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez, ni el informe "es una resolución final al caso"; la extinta fiscalía sólo fue una mera "instancia revisora de expedientes, actuaciones y procesos que se habían seguido" por parte de las autoridades de Chihuahua, reconoció ante diputados federales el procurador Daniel Cabeza de Vaca Hernández.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Equidad y Género y Especial de Feminicidios, de la Cámara de Diputados, el funcionario también señaló que "Chiapas es el estado con la incidencia más alta de feminicidios en todo el país, y es realmente una situación muy difícil".
Asimismo, señaló que la PGR recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que a través de normas y criterios internacionales la dependencia a su cargo pueda buscar que se castigue a los funcionarios del estado de Chihuahua que permitieron impunidad en los 379 casos de homicidio registrados de manera oficial en esa entidad de 1993 a 2005.
La fiscalía sólo era revisora, admite Cabeza de Vaca
Las diputadas perredistas María Elena Orantes, Eliana García, Margarita Martínez y Marcela Lagarde, así como de la panista Blanca Gámez, coincidieron en que la extinta fiscalía especial para los feminicidios de Ciudad Juárez careció de un enfoque de género, y presentó como informe final un trabajo lleno de inconsistencias, carente de metodología y restó importancia a los homicidios y a las desapariciones. Esto provocó que Cabeza de Vaca reconociera errores en el trabajo realizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Inclusive, la mayor parte de las legisladoras presentes en la comparecencia cuestionaron el hecho de que el subprocurador Mario Alvarez Ledesma continúe en su cargo, porque "desde el trato, no sabe respetar la dignidad" de las personas.
En ese contexto, el titular de la PGR refirió: "el informe no fue realizado con perspectiva de género, y precisamente, (eso) nos lleva a tomar la decisión de terminar con esta fiscalía que fue creada en una forma tan cerrada.
"La fiscalía no era más que un órgano revisor de las actuaciones que se venían celebrado en la procuraduría del estado (de Chihuahua); esa era la función que tenía.
"En realidad lo que eran las investigaciones criminales, se están llevando por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ahí tenemos siete averiguaciones previas que involucran a 23 o 24 víctimas, y ahí están incluidos los casos del campo algodonero y del Cristo Negro."
El procurador resaltó que con la elaboración del llamado Informe final de las investigaciones de los asesinatos de mujeres, ocurridos de 1993 a 2005, "de ninguna manera se han agotado (las indagatorias). Esa fiscalía fue una instancia revisora de los expedientes, revisora de las actuaciones, revisora de los procesos que se habían seguido".
Por ello, prometió que la nueva fiscalía, a cargo de Alicia Elena Pérez Duarte, contará con mayores atribuciones, tendrá un enfoque de género y realizara "muchas acciones preventivas y preactivas que de ninguna manera la fiscalía limitada de Juárez podía tomar".
Como las legisladoras le señalaron que en el informe dado a conocer el 16 de febrero se afectaba la dignidad de los familiares y víctimas, al considerar que las mujeres asesinadas fueron las causantes de su propia muerte, el titular de la PGR refirió que no podía estar de acuerdo con ese tipo de expresiones, incluso que "quien actúa así no tiene un lugar en la procuraduría. Es una cosa indigna siquiera de ser mencionada", pero nada dijo de cesar a Alvarez Ledesma o a los responsables de haber elaborado el informe.
Por otra parte, expuso que el fondo del problema de los delitos relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es la impunidad, ya que de 337 casos que se han investigado, en 36 por ciento de ellos hay servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, peritos, y policías que tienen algún tipo de responsabilidad penal o administrativa.