La Profepa reconviene al gobierno estatal; le demanda limpiar desechos industriales
Planea Chihuahua construcciones en predio peligroso
Chihuahua, Chih., 23 de febrero. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconvino al gobierno del estado por la utilización de un predio de más de 400 hectáreas en el que se pretende construir un hospital infantil de especialidades y un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, debido a que el suelo presenta una alta concentración de residuos contaminantes, resultado de que la empresa Industrial Minera México, propietaria original de los terrenos adquiridos por la pasada administración estatal, tiró a cielo abierto en el lugar, a lo largo de 50 años, desperdicios de plomo, arsénico, zinc y cadmio.
El delegado de Profepa en Chihuahua, José Antonio Sánchez Soledad, exigió al gobierno estatal que, por medio del fideicomiso creado para administrar la reserva territorial adquirida a la empresa minera, invierta en la limpieza de los residuos peligrosos que aún se encuentran en el predio.
Explicó que la compañía minera tenía pendientes varios procedimientos administrativos desde antes de cerrar la operación de compraventa del predio con el gobierno del estado, durante el último año de la administración de Patricio Martínez (1998-2004), y ahora, según la ley, el nuevo propietario del terreno está obligado a resolver el problema de contaminación por metales pesados que presentan los terrenos.
La reserva territorial adquirida por el gobierno estatal por medio del fideicomiso denominado Campos Limas costó al erario estatal más de 600 millones de pesos. En esa zona se pretende construir un complejo habitacional, una unidad deportiva, un parque industrial, así como un área de instalaciones hospitalarias y educativas, entre ellas el nuevo Hospital de Alta Especialidad Infantil y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, cuya edificación se inició la semana pasada y quedará suspendida hasta que no se resuelva la demanda administrativa interpuesta por Profepa.
La decisión de la dependencia federal fue impugnada por el secretario de Desarrollo Social y Ecología estatal, Víctor Valencia de los Santos, quien atribuyó el litigio a una intencionalidad política por funcionarios menores de la Profepa, ligada a los tiempos electorales. En esos predios "no existe contaminación", aseguró.