Los querellantes señalan anomalías en el trámite que se le da a la demanda
Acusan a la PGR de buscar archivar denuncias contra ex presidentes
Representantes del grupo de ciudadanos que el pasado 21 de abril interpuso una denuncia penal contra Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León como presuntos responsables de delitos de traición a la patria, genocidio y ataque a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, advirtieron que la Procuraduría General de la República (PGR), mediante chicanas legales, tiene la intención de enviar dicha denuncia a la reserva, y anunciaron que realizarán una movilización el próximo 13 de enero ante la PGR.
En el grupo de ciudadanos, alrededor de 80, participan ex integrantes del movimiento estudiantil del 68; actores, como Rogelio Guerra; el caricaturista Rogelio Naranjo, además de científicos como Margarita Rosado y Jorge Montemayor Aldrete, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluyendo a militantes de la izquierda, sindicalistas de los sectores universitario, eléctrico y burocrático. También participan estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la propia UNAM.
El pasado 27 de abril, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, remitió la denuncia a la delegación de la PGR en el Distrito Federal. Y el 3 de mayo, María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la mesa 29, giró citatorios a los denunciantes para que se presentaran a ratificar su denuncia a partir del 13 de mayo, pero esos citatorios, denunciaron los representantes del grupo, fueron entregados al servicio postal hasta el 23 de mayo.
Anomalías con los citatorios
"Lo mismo pasó con los citatorios fechados el 13 de junio, con que fuimos citados a ratificar la denuncia entre los días 21 al 24 de junio, aunque éstos fueron presentados en el servicio postal hasta el 22 y 24 de junio", denunciaron en rueda de prensa Porfirio Martínez González y Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, representantes del grupo, quienes revelaron que por no presentarse a ratificar la denuncia en tiempo y forma -sin tomar en cuenta la maniobra con el Servicio Postal Mexicano-, el pasado 7 de septiembre recibieron un oficio del MP federal, en el que les notificó "que estaba en consulta el caso para ordenar la reserva de la averiguación previa, que, desde luego, ni siquiera se ha iniciado".
Así, el pasado 11 de octubre presentaron un escrito manifestando su inconformidad por la anunciada pretensión de darle carpetazo al asunto. "Hasta la fecha no hemos recibido respuesta oficial alguna, a pesar de que en el mencionado escrito entregamos copia a la Presidencia de la República y a la propia PGR", añadieron.
La denuncia en contra de los ex presidentes fue motivada por lo que se consideró una falta al juramento solemne de cumplir y hacer cumplir la Constitución al momento en que tomaron posesión, debido a los procesos de privatización de activos del país, mediante reformas constitucionales, que los quejosos consideraron dirigidas a restringir la intervención del Estado en actividades económicas esenciales para la nación.
Los quejosos sostuvieron que esos tres ex presidentes, cuando estuvieron en funciones, vendieron más de mil empresas de participación estatal; organismos públicos descentralizados, así como fideicomisos, por los que el gobierno federal obtuvo en un caso 12 mil 355 millones de dólares. "Solamente por la venta de los bancos se obtuvieron 12 mil 355 millones de dólares, recursos que, los ex presidentes afirmaron en su momento, se utilizarían para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que más lo necesitaban. Sin embargo, solamente en el rescate de los bancos ya privatizados se utilizaron recursos públicos equivalentes a más de 24 mil millones de dólares".
Añadieron que los actos realizados "por los hoy acusados siguen causando un enorme daño a la nación, incluyendo la concentración de la riqueza; crecimiento de la deuda externa; caída del empleo y rezago salarial; abandono del campo; pésimos niveles educativos, y un sustancial incremento de la pobreza".