Se ha denunciado la excesiva utilización del arraigo y testigos protegidos

Acumula la SIEDO múltiples fracasos con Santiago Vasconcelos como titular

ALFREDO MENDEZ Y JESUS ARANDA

A tres años de haber sido creada la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIE-DO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo objetivo es "incrementar la capacidad institucional de combate al crimen organizado", su eficacia está en entredicho luego de reiterados fracasos jurídicos.

Según consta en diversas denuncias penales y presuntas violaciones a los de-rechos humanos de inculpados -presentadas por abogados defensores-, con José Luis Santiago Vasconcelos al frente la SIEDO se ha "excedido" en sustentar el uso de figuras como el arraigo y los "testigos protegidos".

El "abuso" en la utilización de estas figuras tiene el propósito de sustentar las averiguaciones previas presentadas ante juzgados y tribunales federales, lo que ha derivado en muchas ocasiones en que los asuntos importantes para la PGR son desechados por los impartidores de justicia, quienes consideran que las acusaciones contra presuntos delincuentes no están plenamente acreditadas.

Esta diferencia de criterios entre el Ministerio Público Federal (MPF) y los juzgadores federales ha abierto también un flanco de conflicto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que la SIEDO ha presentado diversas quejas administrativas contra jueces que han negado órdenes de aprehensión o revirtieron autos de formal prisión solicitados.

El revés de El Chapito

Entre los casos que Vasconcelos ha perdido recientemente en los tribunales destacan el del arquitecto Joaquín Romero Aparicio, quien fue confundido con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes; el del ex perredista René Bejarano, liberado luego de ser absuelto del delito de lavado de dinero, o el de Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República, a quien se acusó de filtrar información de la agenda del jefe del Ejecutivo federal a narcotraficantes.

Mención aparte merece el caso de 11 familiares y amigos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, entre ellos su hijo, Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito. En este caso fue el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del tercer tribunal unitario del Distrito Federal, quien negó hace dos meses en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas por la SIEDO contra este personaje por considerar que el MPF no aportó pruebas suficientes para sostener los cargos de la consignación inicial.

El mismo magistrado cerró hace tres semanas uno de dos procesos que enfrentaba El Chapito por el delito de lavado de dinero, con el argumento de que la SIEDO ni siquiera acreditó que el inculpado hubiera encubierto las actividades delictivas de su padre.

Actualmente Archivaldo Iván Guzmán se encuentra preso en el penal federal de La Palma, en el estado de México, aunque enfrenta únicamente un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, si bien la PGR recibió un revés jurídico en el mismo juicio, porque otro juzgado (el sexto, con sede en Toluca) negó inicialmente el auto de formal prisión.

Fue por la inconformidad de Vasconcelos que un tribunal unitario del estado de México revocó la determinación del juzgado sexto y ordenó sujetar a proceso a El Chapito. No obstante, el caso no ha sido ganado en definitiva por la PGR, ya que los abogados del inculpado esperan obtener un amparo contra la determinación del tribunal, y así propinar de nueva cuenta un revés al titular de la SIEDO.

Además, existen amplias posibilidades de que los defensores de El Chapito logren en las próximas semanas que su cliente sea trasladado del penal de La Palma al Reclusorio Norte, puesto que diversos exámenes de criminalística han revelado que no se trata de una persona con perfil sicológico peligroso.

Otro revés que recibió la SIEDO fue el caso de René Bejarano. Si bien la dependencia consignó penalmente al ex perredista por lavado de más de 11 millones de pesos, que recibió del empresario Carlos Ahumada Kurtz, contra el dueño del Grupo Quart inició una averiguación previa por el mismo delito, pero ésta concluyó con el no ejercicio de la acción penal, a pesar de que se trataba de los mismos hechos imputados.

En el caso de Gustavo Ponce Meléndez, ex tesorero del Gobierno del Distrito Federal, implicado en los videoescándalos, se enderezó una doble acusación por lavado de dinero, pero una quedó "sin materia" por decisión judicial.

El proceso contra Ahumada no fue el primer asunto en que Vasconcelos omitió procesar penalmente a personajes que habrían sido utilizados y protegidos con fines políticos por el partido en el poder.

Un caso similar fue el del gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, contra quien la SIEDO omitió ejercer acción penal, pese a que hubo denuncias concretas sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico y haber solapado al ex coordinador de la policía ministerial del estado, José Agustín Montiel López, preso actualmente por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En cambio, Vasconcelos mantuvo siempre una actitud beligerante contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Cuando el tabasqueño denunció la actitud parcial de la PGR en el caso de los videoscándalos y reveló que el chofer de Carlos Ahumada confirmó un encuentro de su jefe con Carlos Salinas de Gortari, el titular de la SIEDO reiteró que el mandatario capitalino "incurrió en un delito", y exhortó a "cualquier persona" a denunciarlo penalmente por ese hecho.

Incluso después de que López Obrador fue desaforado y esperaba ser consignado penalmente, Vasconcelos -en un acto considerado provocador- acudió con su es-colta a una iglesia situada a unos metros de la casa del perredista, lo que ocasionó polémica.

De igual forma, el subprocurador se exhibió al haber citado a declarar como testigos a reporteros que cubren las actividades de la PGR, lo que provocó incluso la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que se respetara la libertad de expresión de los periodistas.

El caso de Artemisa Aguilar

El funcionario también se caracteriza por abrir demandas civiles contra familiares de detenidos que protestan por actos irregulares de la SIEDO. Tal fue el caso del ex publicista de Vicente Fox, Santiago Pando, quien fue demandado por difamación cuando reclamó la inocencia de su suegra, Artemisa Aguilar, acusada de tráfico de indocumentados.

Hace dos meses, un juzgado absolvió de cualquier cargo a Pando y a su esposa, Maritza Pérez, luego de considerar que Vasconcelos no acreditó las calumnias.

En el proceso relacionado con Artemisa Aguilar fueron detenidas más de 20 personas por las declaraciones de 11 supuestos migrantes centroamericanos, quienes habrían confirmado el supuesto de tráfico de personas, si bien luego desaparecieron y no ratificaron sus acusaciones. El pasado jueves la inculpada fue exonerada de estos cargos, luego de 19 meses en la cárcel.

Sucesora de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Salud, la SIEDO tiene la encomienda de combatir el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, con "nuevas herramientas legales", como el recurso de testigos protegidos, grabación de conversaciones telefónicas y otorgamiento de protección para los delincuentes que delaten a integrantes de las bandas criminales, además de contar con apoyo jurídico y logístico de la PGR.

Sin embargo, la violencia y el incremento de ejecuciones en la zona fronteriza, el aumento del narcomenudeo y el fortalecimiento de los cárteles de la droga ponen en entredicho el éxito de su labor.

Por su fuera poco, los éxitos obtenidos con las capturas de personajes ligados al narcotráfico no se deben precisamente a la labor de la SIEDO, sino a la intervención de fuerzas de elite del Ejército Mexicano, las cuales han detenido a Ramón Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Mario Villanueva Madrid (ex gobernador de Quintana Roo), Ramón Alcides Magaña El Metro y Gilberto García Mena El June, entre otros.