Le piden que se corrijan yerros de la procuraduría estatal en el caso del ecologista preso
Eurodiputados solicitan al gobernador de Guerrero la liberación de Felipe Arreaga
Veintidós europarlamentarios enviaron al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, una carta en la que solicitan la liberación del ecologista Felipe Arreaga, preso en el penal de Zihuatanejo desde noviembre pasado. En la misiva señalan que la Procuraduría General de Justicia de esa entidad puede "corregir los errores cometidos, aceptar su responsabilidad en este caso y dar una conclusión de manera imparcial sobre la inocencia del campesino. Eso demostraría su voluntad real de procurar justicia".
Por su parte, el defensor de Arreaga, Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan de Guerrero, informó que hoy jueves se vence el plazo para que la Procuraduría estatal de Justicia presente sus conclusiones sobre el caso del dirigente de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OESP), acusado del homicidio de Abel Bautista. Insistió en que se espera que dichas conclusiones sean no acusatorias, dado que ha quedado "plenamente demostrada" la inocencia de Arreaga, lo que beneficiaría también a otros 13 dirigentes de la organización coacusados en la misma averiguación penal.
Informó, asimismo, que esta mañana visitará a Felipe Arreaga en la cárcel de Zihuatanejo Diego Zavala, integrante del secretariado de Amnistía Internacional en Londres, Inglaterra. Esta organización ha adoptado a Arreaga como "preso de conciencia", por considerar que es inocente de los cargos que se le imputan, mismos que atribuye a una persecución como consecuencia de su trabajo en defensa del bosque. Posteriormente, Zavala se entrevistará con la familia de Albertano Peñaloza, también integrante de la OESP, quien sufrió un atentado en el que fueron asesinados dos de sus hijos, y con el juez que lleva la causa contra Arreaga. El viernes se entrevistará con el procurador guerrerense de Justicia.
En la misiva citada, los eurodiputados le manifiestan a Torreblanca que "aunque de manera general no es deseable la injerencia del gobernador del estado en las investigaciones y conclusiones de su Procuraduría General de Justicia -eso para proteger su independencia e imparcialidad-, es su deber hacerlo si la dependencia está obviamente equivocada y es además culpable de irregularidades muy fuertes y evidentes en este caso".
Mencionan que entre las "numerosas pruebas" que han demostrado la inocencia de Arreaga se cuentan "la retractación de uno de los dos testigos principales del caso, quien declaró haber sido amenazado por Bernardino Bautista y un elemento de la misma procuraduría del estado en Petatlán, para acusar a Felipe y los 14 otros líderes históricos de la OESP; la huida del otro testigo -el único supuestamente 'presencial' de los hechos- a Estados Unidos, para no comparecer frente al juzgado; los numerosos testigos que afirman la presencia de Felipe Arreaga Sánchez en otro lugar el día del crimen, y muchas otras pruebas más".
Firman la carta: Tobias Pflueger, Pedro Guerreiro, Sahra Wagenknecht, Eva Lichtenberger, Eva Britt Svensson, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vìra Flasarová, Dimitrios Papadimoulis, Willy Meyer Pleite, Athanasios Pafilis, Jonas Sjöstedt, Vladimir Remek, Miroslav Ransdorf, Ilda Figueiredo, Marie Anne Isler Béguin, Monica Frassoni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ole Krarup, Paulo Casaca, Fausto Correia y Satu Hassi, quienes manifiestan al gobernador guerrerense que "las conclusiones de la procuraduría van a ser una muestra fuerte de la voluntad política que exista o no para que se rinda justicia".
Demandan la liberación inmediata de Felipe Arreaga Sánchez y la investigación profunda e inmediata del ataque en contra de Albertano Peñaloza, señalando que es importante una investigación rápida, efectiva e imparcial en los homicidios e intentos de homicidio que se cometieron en su contra y la de su familia. Solicitan además que se otorgue la coadyuvancia en la investigación del caso de Albertano Peñaloza, "y la creación de una fiscalía especial para revisar todos los casos de los campesinos ecologistas de la Sierra Petatlán", y que se les mantenga informados sobre las medidas tomadas en estos casos y sobre las reformas estructurales planeadas para evitar la violencia en la región.