Gana terreno la tesis que valida el veto presidencial; se acotarían facultades de diputados

Se prevé empate en la Corte respecto al fallo de controversia por el presupuesto

Cossío señala el "enorme peligro" de que el tribunal suplante a órganos representativos

JESUS ARANDA

Al iniciarse ayer la discusión en torno a la controversia constitucional que interpuso el Poder Ejecutivo federal en contra de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2005, el ministro José Ramón Cossío Díaz advirtió que es "sumamente peligroso" que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empiece a establecer criterios para determinar correcciones en la asignación de los montos presupuestales y de los recursos, porque hay un "enorme peligro" de que el máximo tribunal sustituya "a los órganos representativos".

Por su parte, el ministro Juan N. Silva Meza -al igual que Sergio Valls- se sumó al punto de vista de Cossío Díaz y añadió que si la Corte determina "cómo, cuándo y en qué se gasta", los ministros "estaríamos suplantando el ejercicio de atribuciones constitucionales de otros poderes". Pero también fue más allá al esbozar cuál será la decisión final del pleno: "Un empate".

Es decir, de acuerdo con las intervenciones de los ministros en las dos sesiones públicas que se realizaron ayer -lo que habla del interés por resolver rápidamente este asunto, ya que por lo regular las sesiones públicas terminan a las 14 horas-, hay consenso en reconocer el derecho de veto presidencial, pero también se pretende dejar claro que la Cámara de Diputados puede superar esto con la votación calificada de dos terceras partes de los legisladores.

De lo que se trata es de establecer los alcances y límites de las atribuciones del Ejecutivo federal y de los diputados para evitar que vuelva a presentarse un conflicto político como éste, que derivó en una controversia constitucional, señalaron ministros consultados.

Cossío Díaz aseveró que la aprobación del gasto "es un juego estrictamente político, que corresponde estrictamente a los órganos políticos, y esta Suprema Corte no puede hacer modificaciones y alteraciones en este caso".

Además, indicó el ministro, si la decisión que adopte la Corte genera "una situación inconveniente", no habrá más remedio, como en toda democracia, que quien deberá juzgar los hechos es el electorado "y no nosotros".

En este punto de la discusión, los ministros Silva, Valls y Cossío destacaron en términos generales su apoyo al proyecto de sentencia de Guillermo Ortiz Mayagoitia; sólo criticaron la posibilidad de que la Corte determine cuáles de las partidas que modificó la Cámara de Diputados son constitucionales y cuáles no.

También hubo matices en cuanto a la votación necesaria para que la Cámara de Diputados supere el veto: el proyecto propone que sean dos terceras parte del total de diputados, mientras Cossío Díaz planteó que fueran dos terceras partes de los legisladores presentes.

Silva Meza llamó la atención en el sentido de que esta controversia constituye un "detonante", porque "vamos a establecer las atribuciones constitucionales de los poderes para el futuro".

Lo que esperan los otros poderes de la SCJN, añadió, es que ésta les diga hasta dónde tienen atribuciones.

Destacó que tanto el Ejecutivo como los diputados son electos popularmente y que, dado el sistema de representación democrática, cuando estos dos poderes analizan cómo gastar los recursos y cuáles son las prioridades, reflejan que forman parte de un sistema democrático de alto nivel.

Y resumió la que se perfila como la posición mayoritaria: el Ejecutivo federal sí está constitucionalmente facultado para hacer observaciones.

Silva se negó a calificarlo de "veto", por ser una palabra "de rechazo"; y en función de la colaboración, la Cámara de Diputados sí puede hacer modificaciones, pero no como una facultad absoluta, ya que hay limitaciones constitucionales y legales, "y como tribunal constitucional no podemos ir más allá de nuestras atribuciones, que son señalar la simetría constitucional en el ejercicio de las atribuciones de estos dos poderes".

En la sesión vespertina -en la mañana hubo consenso en la procedencia de la demanda del Ejecutivo- se inició la discusión del fondo del asunto y prácticamente el único que habló en contra del proyecto de Ortiz Mayagoitia -que reconoce dicha facultad al Presidente de la República- fue el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien insistió en que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos, y que en este tenor el Ejecutivo federal no tiene derecho a vetarlo.

Cuestionó también el dictamen presentado por considerar que el presupuesto es una ley, y que, por tanto, no procede la suspensión en caso de controversias constitucionales -como fueron las circunstancias en que la Corte concedió la suspensión solicitada por el presidente Fox. Esto en razón de que el dictamen considera al presupuesto como un decreto, pero no explícitamente como una ley.