Creciente número de recomendaciones no acatadas
Falta de fondos amenaza la eficacia de la CIDH
Aquejada por una "severa" crisis financiera que obligó a afrontar una "grave" insuficiencia de recursos humanos y presupuestales en 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo "poco eficaz", no sólo por la falta de recursos económicos, también por el "elevado número de recomendaciones no acatadas por los estados", alertaron defensores de derechos humanos.
A unas horas de que los países miembros designen a un nuevo secretario general del organismo entre los candidatos Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores de México, y José Miguel Insulza, ministro del Interior de Chile, organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado "urgente" a considerar la "precaria" situación que atraviesa la CIDH en un contexto que requiere el "esfuerzo contundente de todos los estados para frenar la crítica situación que se vive en derechos humanos en la región".
El informe más reciente del 122 periodo de sesiones ordinario de la CIDH, presentado en marzo pasado, señala que las constantes reducciones de personas y presupuesto que representa 3.8 por ciento de los recursos de la OEA obligó, por primera vez en su historia, a prever la cancelación de su periodo ordinario de sesiones en octubre de 2004, medida que no se aplicó gracias a la asignación extraordinaria de recursos de "último minuto".
Sin embargo, advierte que ante las "mismas limitaciones presupuestarias", es probable que no se pueda llevar a cabo el segundo periodo de sesiones de la CIDH, previsto para octubre de 2005. Por ello, el organismo apeló "respetuosamente" ante la OEA para resolver la "situación financiera insostenible que nos afecta".
Recursos, demanda
Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que a pesar de que la CIDH es el órgano facultativo para determinar la violación a los derechos humanos en el continente, "la falta de recursos para garantizar su operatividad es una denuncia vigente desde hace muchos años, así como el asegurar su total independencia para dictar recomendaciones".
Agregó que ante la "severa" situación financiera que afronta el organismo, se ha dejado de visitar países de la región para verificar el cumplimiento de los derechos humanos, situación que puede ser muy delicada si se quiere conservar un seguimiento puntual de las recomendaciones y del respeto a los derechos humanos.
Por separado, Edgar Cortés, secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que las organizaciones civiles de la región han reiterado su llamado a la OEA para que "asuma un compromiso más sólido y dé prioridad al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, único mecanismo para salvaguardar estos derechos en la región".
Destacó que el incumplimiento de los estados a las recomendaciones de la CIDH se ha convertido en una de las demandas "más enérgicas" para que se acaten en todos los países que se ven involucrados, pues agregó que las víctimas no sólo enfrentan procesos jurídicos muy prolongados, " también se ven afectadas por la saturación de trabajo que afecta al organismo".
Arturo Requesens, abogado ante la CIDH de la agrupación Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México), señaló que la falta de compromiso de los estados para acatar recomendaciones es una de las tareas más urgentes, ya que no sólo afecta la impartición de justicia que exigen las víctimas, también impide una adecuada reparación del daño, excluida de la mayoría de los marcos normativos nacionales. Indicó que el fortalecimiento del sistema interamericano debe incluir la creación de un fondo de apoyo a las víctimas que permita a los demandantes cubrir los elevados costos de los procesos jurídicos con el fin de garantizar su acceso a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.