La PGR se encargaría de garantizar la confidencialidad de los informantes

Aprueban diputados pago de recompensas por delaciones en caso de secuestro

Aceptan la expedición de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones

Roberto Garduño y Enrique Mendez

La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda ofrecer recompensas económicas a los ciudadanos que proporcionen cualquier información que permita la liberación de las víctimas de secuestros y la aprehensión de los presuntos responsables de haberlos cometido.

En la sesión ordinaria de ayer, el pleno aprobó con 348 votos el dictamen que elaboró la Comisión de Seguridad Pública, que adiciona un párrafo al artículo 37 de la citada ley, donde además se establece que las autoridades correspondientes deberán garantizar la confidencialidad de sus informantes.

Durante la discusión del proyecto, el diputado priísta Jorge Romero señaló que la Cámara de Diputados debe sumarse a la tarea para reforzar los canales de información encaminados a esclarecer los delitos e impulsar y estimular la participación ciudadana en el combate a la delincuencia. "La Comisión considera conveniente proponer que se otorgue una recompensa para promover el auxilio y la participación de la ciudadanía, como incentivo para que cualquier persona aporte información útil", que permita resolver casos de secuestros y liberar a las víctimas.

González Schmall pide compromiso del titular de la PGR

No obstante, Jesús González Schmall, de Convergencia, planteó que las facultades discrecionales otorgadas al titular de la PGR para entregar retribuciones o compensaciones a los ciudadanos que contribuyan a resolver un crimen no sea factor para desviar recursos o cometer malversaciones "que después debamos lamentar, o que inclusive se utilicen para corromper a la propia policía, que en el encargo de una investigación oculte el delito para operar una supuesta compensación", por lo cual, precisó, debe existir un compromiso del procurador para informar a la Cámara de Diputados la cantidad y los objetivos de los recursos destinados a las recompensas.

El pleno aprobó también, por 337 votos, el dictamen por el que se expide la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que homologa las finalidades y objetivos de esos organismos, al tiempo que define sus derechos. Al fundamentar su voto en contra, el diputado perredista Adrián Suárez Carrera, afirmó que la nueva legislación restablece el sistema corporativo de representación empresarial, que formó parte de una época ya pasada en la vida económica, política y social del país.

Por otra parte, el grupo legislativo del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios, para que sea la Cámara de Diputados y no el Presidente de la República, quien designe al titular de la paraestatal.

El vicecoordinador de la fracción, Pedro Vázquez, señaló que Pemex "es visto como un botín, en el que todos pueden meter la mano, la caja chica de la que el gobierno en turno puede obtener recursos para financiar gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos".

En tanto, los diputados del Partido de la Revolución Democrática Malú Micher y Alfonso Ramírez Cuéllar presentaron ante el pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley del Mercado de Valores, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esté obligada a entregar información sobre los fideicomisos públicos y privados a los que se hayan transferido recursos del erario, siempre y cuando la solicitud se realice por una autoridad judicial.