Impugnan la autorización de la Semanart a la regasificadora en las islas Coronado

Denuncian ambientalistas contubernio del gobierno mexicano con Chevron-Texaco

Se subordina la protección de los recursos a los intereses corporativos, señala Greenpeace

ISRAEL RODRIGUEZ

Organizaciones civiles denunciaron diversas irregularidades en que habría incurrido la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al autorizar el 15 de septiembre a la multinacional petrolera Chevron Texaco construir una planta de procesamiento de gas licuado contigua a las islas Coronado, frente a las costas de Baja California.

"La aprobación de este proyecto por las autoridades ambientales demuestra un claro contubernio entre el gobierno mexicano y la trasnacional Chevron-Texaco. Es una decisión tan irregular en lo jurídico como negativa en lo ambiental; lo único que la puede explicar es que la Semarnat subordina el interés de la ciudadanía, la protección de los recursos y la salud de la gente a los intereses corporativos", aseguró Luis Arturo Moreno Vega, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace.

Las organizaciones Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI), Greenpeace, Comité Ciudadano Estatal de Baja California, Colonos y Propietarios de Playas de Tijuana y Grupo Ecologista Gaviotas presentaron un recurso de revisión contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada a la firma petrolera estadunidense.

Las organizaciones ambientalistas precisaron que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, responsable directa de la aprobación de la MIA, desechó todos los comentarios de los especialistas y no llevó a cabo los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental del proyecto.

Entre las irregularidades se detectó que Chevron-Texaco presentó una MIA de otro proyecto ubicado en Valladolid, Yucatán. Aunque la DGIRA se niega a reconocer esta anomalía, en el recurso de revisión se anexó una copia de la primera MIA.

Además, los expertos de Semarnat no fueron capaces de identificar las especies de las islas Coronado e ignoraban que 97 por ciento de la vegetación es endémica.

Adicionalmente, no se tomó en cuenta el exhorto del Congreso del 23 de julio de 2003, que solicitó que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas promover el decreto para la creación del área natural protegida de las islas del Pacífico de Baja California, integradas por las San Benito, Cedros, Guadalupe, San Martín, San Jerónimo, Todos Santos y las Coronado para declarar a estas últimas como área natural protegida.

Aunque la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que se debe publicar un extracto del proyecto en los cinco días siguientes a partir de la fecha en que se presentó la manifestación de impacto ambiental, esto no ocurrió.

La DGIRA resalta que las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en español y la MIA contiene 54 páginas en inglés.

Las organizaciones exigen revertir la autorización de la MIA, toda vez que tiene severas fallas metodológicas.