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México D.F. Domingo 10 de octubre de 2004

 

Tinieblas de un caso que nació oscuro

El caso de Gustavo Ponce y las circunstancias y condiciones de su detención ponen en entredicho la claridad con que se debe ejercer la justicia y agregan oscuridad y tensión al panorama político nacional. El caso Ponce es indisociable del de Ahumada y de todas las suspicacias que caracterizaron el affaire de los videos y el virtual secuestro durante muchas horas del empresario a su retorno de Cuba para evitar la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que dio pábulo a la legítima sospecha de que se le habría querido aleccionar. Además, resultó sospechosa la filmación del ex funcionario capitalino jugando en un casino estadunidense, ya que la misma necesariamente sólo se podía haber hecho con la complicidad de esa empresa y con fuerte respaldo político en los medios gubernamentales de Estados Unidos. Pero aún más rara es la prolongada desaparición de Ponce y el silencio sobre las investigaciones sobre el paradero de un fugitivo tan importante. Todavía más extraña resulta la falta de información sobre cuándo, cómo y en qué condiciones fue detenido, así como la cortina de misterio que busca ocultarlo de la prensa, o sea, de la indispensable información a la opinión pública.

El hecho de que Ponce haya sido entregado directamente al penal de La Palma rompió, al parecer, el acuerdo de colaboración entre las procuradurías capitalina y General de la República, y con alguna intención inconfesable, marginó a las autoridades judiciales del Distrito Federal, echando más sombras de duda sobre el ejercicio inmaculado de la ley.

La falta de transparencia y el sentido político evidente de esas medidas que privilegian la fuerza y no el respeto al espíritu de la ley, y en las que ha participado hasta un miembro de la Suprema Corte, crean serias dudas sobre la independencia y objetividad de la justicia.

Eso es muy grave, porque no hay democracia sin separación entre poderes y sin que éstos gocen del respeto de los ciudadanos. Un Poder Ejecutivo interesado en perpetuarse mediante alianzas clandestinas y espurias; mayorías legislativas interesadas más en golpear y cerrarle el camino a sus adversarios políticos que en legislar sobre los graves problemas que aquejan al país y que no controlan al Ejecutivo, y una justicia que actúa sin transparencia, alejan de las instituciones a la población y, por lo tanto, hacen correr el riesgo de que las mayorías busquen hacerse justicia por propia mano. Las dudas sobre el funcionamiento de los aparatos del Estado y de la legalidad preparan la ilegalidad y el caos. La detención de Ponce es un hecho positivo en la medida en que pueda servir para aclarar su caso y el de Ahumada, pero servirá para afirmar la justicia sólo si ésta actúa con transparencia y demuestra incuestionablemente ante los ciudadanos su plena independencia.


 

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