.. | | México D.F. Domingo 10 de octubre de 2004 |
Tinieblas de un caso que nació oscuro
El
caso de Gustavo Ponce y las circunstancias y condiciones de su detención
ponen en entredicho la claridad con que se debe ejercer la justicia y agregan
oscuridad y tensión al panorama político nacional. El caso
Ponce es indisociable del de Ahumada y de todas las suspicacias que caracterizaron
el affaire de los videos y el virtual secuestro durante muchas horas
del empresario a su retorno de Cuba para evitar la intervención
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que
dio pábulo a la legítima sospecha de que se le habría
querido aleccionar. Además, resultó sospechosa la filmación
del ex funcionario capitalino jugando en un casino estadunidense, ya que
la misma necesariamente sólo se podía haber hecho con la
complicidad de esa empresa y con fuerte respaldo político en los
medios gubernamentales de Estados Unidos. Pero aún más rara
es la prolongada desaparición de Ponce y el silencio sobre las investigaciones
sobre el paradero de un fugitivo tan importante. Todavía más
extraña resulta la falta de información sobre cuándo,
cómo y en qué condiciones fue detenido, así como la
cortina de misterio que busca ocultarlo de la prensa, o sea, de la indispensable
información a la opinión pública.
El hecho de que Ponce haya sido entregado directamente
al penal de La Palma rompió, al parecer, el acuerdo de colaboración
entre las procuradurías capitalina y General de la República,
y con alguna intención inconfesable, marginó a las autoridades
judiciales del Distrito Federal, echando más sombras de duda sobre
el ejercicio inmaculado de la ley.
La falta de transparencia y el sentido político
evidente de esas medidas que privilegian la fuerza y no el respeto al espíritu
de la ley, y en las que ha participado hasta un miembro de la Suprema Corte,
crean serias dudas sobre la independencia y objetividad de la justicia.
Eso es muy grave, porque no hay democracia sin separación
entre poderes y sin que éstos gocen del respeto de los ciudadanos.
Un Poder Ejecutivo interesado en perpetuarse mediante alianzas clandestinas
y espurias; mayorías legislativas interesadas más en golpear
y cerrarle el camino a sus adversarios políticos que en legislar
sobre los graves problemas que aquejan al país y que no controlan
al Ejecutivo, y una justicia que actúa sin transparencia, alejan
de las instituciones a la población y, por lo tanto, hacen correr
el riesgo de que las mayorías busquen hacerse justicia por propia
mano. Las dudas sobre el funcionamiento de los aparatos del Estado y de
la legalidad preparan la ilegalidad y el caos. La detención de Ponce
es un hecho positivo en la medida en que pueda servir para aclarar su caso
y el de Ahumada, pero servirá para afirmar la justicia sólo
si ésta actúa con transparencia y demuestra incuestionablemente
ante los ciudadanos su plena independencia.
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