Acusan a las autoridades mexicanas de ligereza en la defensa de los los migrantes

Activistas pedirán eliminar del acuerdo con EU el uso de armas en la frontera

La violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más numeroso, afirman en reunión

VICTOR BALLINAS ENVIADO

Playa del Carmen, QR, 10 de septiembre. Organizaciones no gubernamentales y organismos públicos de derechos humanos acordaron solicitarle al gobierno mexicano que elimine del Acuerdo Binacional de Seguridad Fronteriza entre México y Estados Unidos la parte relativa "al uso de cualquier tipo de armas, incluso no letales, en contra de los migrantes" y que se cancele la posiblidad de cualquier agresión física contra los connacionales por parte de las autoridades estadunidenses.

Las organizaciones civiles aseveraron que perciben por parte del gobierno federal en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos "un trato ligero y de descuido. El gobierno federal debe ser claro en la protección de los migrantes mexicanos, reconocer sus errores y enmendarlos".

Al concluir el segundo encuentro entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones locales y organizaciones no gubernamentales, se destacó la necesidad de que se establezcan medidas de protección específica para los trabajadores agrícolas, temporales, domésticos y en el comercio formal. Asimismo, demandarán al gobierno federal y al Congreso de la Unión la homologación de la Ley General de Población y la Ley Federal del Trabajo con los preceptos de la Convención Internacional sobre la Protección a los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Al abordar el tema de la violencia familiar y los derechos humanos, las organizaciones manifestaron que ese es uno de los principales problemas de salud pública, además de que se ha convertido en causa frecuente de violación de garantías básicas en el país.

La investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, Teresa Fernández, refirió que "la violencia hacia las mujeres es el crimen encubierto más numeroso del mundo". Al presentar cifras tomadas de diversos estudios oficiales sobre el maltrato hacia las mujeres, apuntó que en 75 por ciento de los casos de ataques domésticos el agresor es el propio marido.

En los diversos estudios que se efectuaron entre 1982 y 1999 sobre violencia doméstica, se observa que "más de 50 por ciento de las mujeres declararon haber sido agredidas por su pareja".

Fernández resaltó la trascendencia de realizar estudios e investigación en ese rubro con una base científica, y manifestó que se debe trabajar con la autoestima de la pareja que tiene conflictos familiares, mujeres maltratadas y hombres agresores.

María del Pilar Delgado Ruiz, de la organización Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, expuso que estadísticas internacionales revelan que "cada 15 segundos una mujer es violentada en sus derechos, es decir, la violencia doméstica y el maltrato a las mujeres son problemas que continúan" hasta ahora.

En su ponencia, señaló que 86 por ciento de las niñas en situación de calle "fueron abusadas por su padrastro o un familiar cercano". Delgado abundó que aunque la violencia doméstica se conocía, se consideraba hasta hace una década que ese era "un problema que no requería la atención del gobierno, sino que era del ámbito privado, se remitía al hogar". La violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo hoy un problema a resolver por parte del gobierno.

En el debate sobre el tema de migración y derechos humanos, la investigadora y profesora del Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajara, Ofelia Woo Morales, presentó un trabajo de investigación que realizó en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde encontró que el patrón migratorio está cambiando: aumenta la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, así como un número cada vez mayor de mayores de 40 años que emigran por primera vez.

En la mesa de justicia, la investigadora Sigrid Arzt, socia fundadora de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, destacó que "los militares no pueden seguir ajenos a la reglamentación legal y que la figura de cero tolerancia es muy popular, pero no basta una política de seguridad sino una transversalidad de los derechos humanos".