Lamentable, el uso de la Corte: investigador de la UNAM

La actitud del ministro debilita las instituciones, dice politóloga

LAURA POY SOLANO

Ante la falta de un conocimiento preciso e informado sobre las causas y pruebas, tanto a favor como en contra, del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, debilitan las instituciones públicas y limitan el margen de maniobra de un órgano de justicia para emitir una sentencia objetiva y apegada a derecho, afirmó Marta Singer, politóloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El uso de un discurso no institucional por parte del magistrado, aseguró, "nos deja desamparados como ciudadanos, porque carecemos de la información precisa de cómo se lleva a cabo el proceso, lo que permite un manejo discrecional en la toma de decisiones que finalmente debilita las instituciones públicas y les resta credibilidad".

Lo que ponemos en duda con este tipo de acciones, indicó, es la propia fortaleza de las instituciones, es decir, "la capacidad de la SCJN de actuar con justicia y apegada a derecho, pues a pesar de que se trata, en apariencia, de un incidente menor, en realidad no sabemos las causas del posible desafuero de López Obrador y si en verdad hubo desacato o no. En los hechos, se limita el derecho de conocer con precisión las pruebas en favor o en contra, lo que impide que asumamos una opinión informada".

La negativa a presentar la información completa sobre los hechos que se juzgan, agregó, "podría generar que la sociedad se quede con dudas sobre si efectivamente la SCJN actuó conforme a derecho o si el jefe de Gobierno del Distrito Federal actuó apegado a la ley y no cometió ningún desacato. El problema es que no lo sabemos, porque no se nos informa".

En entrevista por separado, Luis Gómez Sánchez, especialista en sociología política e investigador de la FCPS de la UNAM, afirmó que la actitud asumida por el presidente de la SCJN "va en contra del proceso histórico del país, pues se piensa que el Distrito Federal debe seguir bajo el control del gobierno federal". El investigador consideró "lamentable" que se use una institución como la SCJN "para emitir una opinión concebida desde la visión del poder absoluto".

Agregó que hay un "sobredimensionamiento" de un proceso jurídico administrativo que se aplica para "limitar los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, al pretender imponer decisiones políticas sobre posibles candidaturas presidenciales al más viejo estilo de dominación priísta".