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México D.F. Domingo 5 de septiembre de 2004

En los años 70 y 80, cúpulas del Cono Sur acordaron "exterminar" a opositores, señala

Un juez de Argentina decreta prisión preventiva a Videla y 18 coacusados

El fallo, dado en la causa que investiga los crímenes cometidos en la Operación Cóndor

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 4 de septiembre. El juez federal Jorge Urso dictó la prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla y otros 18 militares, entre ellos Albano Hargundeguy, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, en la causa que investiga los crímenes cometidos en la Operación Cóndor, la coordinadora de las dictaduras el Cono Sur en los años 70-80, también conocida como "la internacional del crimen".

La resolución de 900 cuartillas sostiene que estos procesados cometieron privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros, traslados ilegales y asesinato de opositores, catalogados todos como delitos de lesa humanidad.

La investigación judicial surge de una querella de familiares de víctimas de la operación, a quienes representan los abogados Alberto Pedroncini, David Baigún y otros.

Según Urso, hubo acuerdo "a nivel político-militar entre las diferentes cúpulas jerárquicas de los países del Cono Sur", cuyo objetivo era el "exterminio de la subversión".

Videla ha sido acusado además en un proceso anterior -que Urso amplió- de ser jefe del plan criminal, y en este caso se agregaron otros 34 casos de privación ilegítima de la libertad.

Mientras, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció que solicitará la apertura de los archivos del ejército para investigar las más de cien desapariciones durante las pasadas dictaduras militares y la fiscalía general de ese país iniciará una serie de gestiones, ante Chile y Argentina, por los desaparecidos bolivianos.

Así, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia (Asofamd) y otros organismos que luchan desde hace años por lograr justicia en Bolivia y en las naciones vecinas para los desaparecidos durante la Operación Cóndor, tienen una primera posibilidad de conseguirla con ayuda institucional.

La coordinación entre dictaduras unió en su momento a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En este último país fueron secuestrados y desaparecidos ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades. Pero también casi medio centenar de bolivianos desaparecieron en Chile, Argentina y Paraguay, sumando casi medio centenar.

En Chile está registrada la desaparición de por lo menos ocho estudiantes bolivianos, detenidos por los militares de la dictadura de Augusto Pinochet pocos días después del golpe del 11 de septiembre de 1973.

El gobierno de Bolivia solicitará información sobre estos casos y la próxima acción será dirigida hacia Argentina, donde se investiga la desaparición de entre 30 y 50 ciudadanos bolivianos.

El primero de junio de 1976 los comandos de la muerte secuestraron en Buenos Aires al general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, asilado en Argentina, y su cadáver fue encontrado posteriormente -con tres disparos en la nuca y señales de tortura- bajo un puente al noroeste de Buenos Aires.

En ese mismo año ocurrieron las desapariciones de varios ciudadanos bolivianos, y en 1999 los familiares de las víctimas, acompañados por la dirigente de derechos humanos Loyola Guzmán, realizaron presentaciones ante la justicia argentina. También existe la presunción de que hay más desaparecidos, especialmente en el noroeste argentino, adonde llegaban trabajadores para distintas cosechas en la zona.

En los años 90 los organismos humanitarios de Bolivia instaron a la presentación de todos aquellos que tuvieran familiares en Argentina o Chile en los periodos dictatoriales y de los cuales se hubiera perdido todo rastro, para presentarse y esclarecer la circunstancia de su desaparición.

Si bien era difícil la tarea porque la mayoría de familias de las víctimas son muy humildes y desconocían qué ocurría, ahora se sabe que esas desapariciones coincidían con las acciones represivas tanto aquí como en Chile.

El jefe del Ministerio Público de Bolivia, César Suárez, afirmó que existe plena disposición para colaborar con los familiares, y llamó a todas las personas que tengan vínculos con detenidos-desaparecidos durante los regímenes militares del fallecido general Hugo Bánzer y Luis García Meza a presentar pruebas y continuar con las investigaciones.

La dirigencia de Asofamd le solicitó a su vez que inicie las gestiones ante la justicia chilena en momentos en que la Corte Suprema de ese país desaforó a Pinochet, ya que existen datos sobre dos bolivianos arrestados en Chile al comenzar la dictadura, aunque falta reunir más elementos sobre el destino de otras seis víctimas.

Bánzer fue uno de los jefes de Cóndor cuando gobernó dictatorialmente entre 1971 y1978, según surge de las investigaciones sobre esta operación criminal, y su captura fue pedida desde Argentina, en el contexto del juicio contra los responsables de la misma cuando se determinó en 2000 que los ex dictadores habían incurrido en una asociación ilícita para secuestrar, torturar, matar y trasladar prisioneros ilegalmente.

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