Iván Restrepo

Combate a los enervantes... y a inocentes

Las autoridades de salud y ecología de San Luis Potosí y a nivel federal todavía no aclaran si el aumento de los casos de cáncer registrados en Rioverde y Ciudad Fernández, en el aquel estado, se debe a la aplicación de malatión para combatir la mosca de la fruta.

No hay duda que el uso de miles de toneladas de compuestos químicos en los campos de cultivo de Sinaloa origina problemas ambientales y de salud. El asunto se agrava por los cientos de envases con residuos de plaguicidas que no son recolectados ni aislados adecuadamente. Muchas veces la población rural los utiliza para almacenar agua. Desde hace años las autoridades anunciaron medidas para resolver el problema. Sinaloa y su vecina Sonora figuran a escala nacional como entidades con agudos desajustes ambientales y de salud por el uso creciente e indiscriminado de agroquímicos.

Existen estudios puntuales que muestran esos daños; por ejemplo, en la población indígena del valle del Yaqui y en los ecosistemas costeros. En cambio han fallado las estrategias oficiales para prevenir y contrarrestar los efectos nocivos de la guerra química para atacar las plagas en los cultivos. No solamente se aplican agroquímicos en la agricultura, sino también para combatir las siembras de amapola y mariguana. No pocas veces las fumigaciones oficiales caen donde no deben sin que el gobierno reconozca públicamente sus errores e indemnice a los afectados.

El miércoles pasado Rosa Rojas, reportera de este diario, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) había aceptado que pilotos a su servicio fumigaron por equivocación plantíos de maíz y frijol de indígenas tlapanecos que viven en la región de la Montaña, Guerrero. Los pilotos rociaban siembras de enervantes, pero el agroquímico lo esparcieron también sobre nueve hectáreas de cultivo de la comunidad de Caxitepec.

Varias ocasiones, en Guerrero, Sinaloa y Chihuahua, por ejemplo, los campesinos se han quejado de que en el combate a la siembras prohibidas también se incluyen áreas que contienen productos básicos (maíz, frijol, calabaza, chile). A lo anterior se agrega la muerte de animales de traspatio, como gallinas, la contaminación del agua, así como daños a la flora y la fauna. La inmensa mayoría de las veces sus denuncias son ignoradas. Y en el colmo: en vez de atenderlas, se amenaza a los quejosos con encarcelarlos so pretexto de que protegen a narcos.

En esta ocasión las cosas fueron diferentes porque los indígenas tlapanecos contaron en su protesta con el apoyo de una organización de derechos humanos, Tlachinolla, que funciona en la montaña de Guerrero. Juntos amenazaron con demandar penalmente a los pilotos por los daños causados. Después de mucho ir y venir a Chilpancingo, a las oficinas de la procuraduría, ésta finalmente acordó cubrir una indemnización. Aunque no fue por la cuantía de las pérdidas originadas y lo que costó el proceso, sienta un precedente, pues en otras partes del país, y en Guerrero mismo, ya es costumbre no pagar por los perjuicios ocasionados a gente inocente. Además, los indígenas tlapanecos concedieron el perdón a los pilotos, a cambio de que la PGR revise sus procedimientos de fumigación. Pero falta hacer más.

Primero, es necesario conocer los agroquímicos que se utilizan para combatir enervantes (Ƒglifosato?, Ƒparaquat?) y sus efectos en la salud de las personas y el ambiente. A mediados de los 70 rociaron en Sinaloa el agente naranja, usado por Estados Unidos en Vietnam. La mariguana que luego consumieron nuestros vecinos les afectó, pues la yerba iba contaminada con dicha sustancia. Segundo, saber qué dependencia del gobierno supervisa que las aplicaciones se hagan correctamente. Tercero, concer si existen evaluaciones de los daños ocasionados a la salud y a los recursos naturales. Finalmente, habrá que responder qué papel cumplen la secretarías del medio ambiente y de salud en todo esto, porque parece que ninguno. Es hora de que actúen junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues con las fumigaciones, equivocadas o no, por lo general se suele afectar a los más pobres, a los que menos pueden defenderse. Y si son indígenas, peor.