Iniciativa del PRI para auditar a la fundación de Marta Sahagún y otros fideicomisos

La ASF revisa si desde la Presidencia se transfieren fondos a Vamos México

Transforma México es ilegal, según González de Aragón

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una revisión exhaustiva de los estados financieros de la Presidencia de la República, para corroborar si destina recursos públicos a la fundación Vamos México, informó el titular de aquella entidad, Arturo González de Aragón.

Una vez que escuchó reproches de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por la deficiente revisión de la Cuenta Pública 2002, el funcionario -que depende de ese órgano legislativo- aceptó la ilegalidad del fideicomiso Transforma México y sugirió la necesidad de desaparecerlo.

Al seguir las instrucciones del presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Sánchez Vázquez, González de Aragón anunció que se fincarán responsabilidades penales o administrativas contra los funcionarios de la Lotería Nacional, incluyendo a su directora, Laura Valdés, por el manejo irregular de recursos públicos a instituciones de asistencia privada.

"(Son) toda una serie de funcionarios que pudieran estar involucrados en la decisión de aplicar los recursos al fideicomiso, en lugar de haber entregado los montos a la Tesorería de la Federación, tal como establece el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional".

El tema del oscuro manejo de recursos públicos para favorecer a la fundación Vamos México, de Marta Sahún, provocará, como lo anunció el diputado Sánchez Vázquez, una modificación constitucional, con el propósito de abrir a la fiscalización las cuentas de las asociaciones privadas y, en su caso, presentar una querella judicial contra quien resulte responsable por el manejo irregular de recursos públicos.

-La directora de Vamos México, Verónica Ortiz, impuso el calificativo de "errores" a las evidencias presentadas por el Poder Legislativo -se le planteó al diputado Salvador Sánchez.

-La sociedad entera vio a esta señora. Fue de risa, de chunga, que a cada asunto que ya quedaba en evidencia dijera que era "error". Lo que pasa es que era una evidencia, no un error.

-¿Qué va hacer el Congreso?

-Lo que está considerado en la ley: vamos a promover una amonestación administrativa y, en su caso, presentar la querella correspondiente ante las autoridades del Poder Judicial, si hay un delito que perseguir.

Al comentar el caso, el auditor González de Aragón confirmó la puesta en marcha del proceso fiscalizador a Vamos México. "Ya iniciamos las revisiones correspondientes, con el propósito de llevar a cabo una auditoría exhaustiva, horizontal y vertical, de manera que podamos cubrir todos los aspectos necesarios para conocer a fondo si existe el desvío de recursos públicos federales hacia la fundación", manifestó.

Al responder a los legisladores que se dieron cita en el salón sur del Palacio Legislativo de San Lázaro, el auditor dio cuenta de la simulación con que se manejan los fideicomisos públicos y privados. "En el caso de entidades como las de los ingenios azucareros, el caso Fobaproa, Fideicomiso del Azúcar e Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), con sus fideicomisos Aduanas 1 y 2, ha habido una absoluta cerrazón.

"La manera en que se dan por ejercidos los recursos en los fideicomisos es de una forma muy sencilla: con una simple cuenta certificada se soporta la salida del recurso y así se da por ejercida. Entonces el recurso se va a un fideicomiso y jamás se da la rendición de cuentas. Es una obligación de esta comisión hacer algo para que exista la obligación para la transparencia y la rendición de cuentas, y la fiscalización en todos los fideicomisos, fondos y mandatos que reciban recursos públicos federales que nos pertenecen a todos", expresó.

En el caso de ISOSA, puntualizó González de Aragón, se fincaron pliegos de observaciones en el caso de la Cuenta Pública 2001 por 4 mil 500 millones de pesos. "Debo informales que en el caso de ese fideicomiso, que se aducía que era privado, ya se convirtió en público. Ya recibimos copia del oficio, y estamos acotando algo que era irregular", abundó.

En el caso del rescate bancario, manifestó su queja porque "no se nos ha permitido ni se nos ha dado el acceso al conocimiento de la gestión de los fideicomisos de cartera". Por lo que hace a las observaciones de Michael Mackey, en cuanto a que los índices de capitalización eran superiores a 8 por ciento y no debieron haber sido considerados Bancomer y Banamex, explicó: "Hicimos un ejercicio y nos encontramos con que de las 25 instituciones que formaron parte del proceso de rescate bancario, la gran mayoría tenía índices de capitalización superiores a 8 por ciento. Nos hemos encontrado una serie de juicios y demandas que nos han cerrado todas las revisiones desde el lado de los deudores".

Senadores del tricolor presentarán más pruebas de irregularidades en la Lotería

JOSE ANTONIO ROMAN, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El PRI presentará hoy, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una excitativa para que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados -que preside el panista Julián Angulo Góngora; por cierto, socio del despacho de Diego Fernández y Antonio Lozano Gracia- dictamine la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización, para que se pueda auditar a fideicomisos como Vamos México, Transforma México, Integradora de Servicios Operativos y los constituidos para los rescates azucarero y carretero.

Paralelamente, senadores priístas en-tregarán el jueves al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, nuevos elementos para investigar la gestión en la Lotería Nacional y las denuncias por presuntos desvíos de recursos económicos mediante el fideicomiso Transforma México.

Con la reforma, explicaron los diputados federales Marcela Guerra Díaz y Manlio Fabio Beltrones, se busca que los fideicomisos no se amparen en el secreto fiduciario para impedir la revisión de sus estados financieros, lo que hasta el momento ha impedido conocer a fondo los principales desvíos de recursos públicos a organismos privados.

Desde el 2 de marzo pasado, en nombre de la bancada priísta, la diputada Marcela Guerra presentó la iniciativa, que se turnó a la Comisión de Gobernación, en la cual el proyecto está congelado.

La propuesta del tricolor plantea una adición al párrafo 6 del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para que se consideren entidades sujetas a revisión -además de los poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y los municipios que ejerzan recursos públicos federales- los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administre cuando haya recibido, por cualquier título, recursos públicos federales.

En el punto de acuerdo que se presentará hoy en la Permanente, el PRI argumenta que la iniciativa debe dictaminarse cuanto antes, por "la necesidad urgente de establecer con mayor precisión la fiscalización de los fideicomisos, mandatos y fondos". Enlista una serie de razones por las cuales es imprescindible entrar a la revisión de esas entidades, a las cuales se han transferido fondos públicos.

Señala que no existen normas que obliguen a los fideicomisos públicos a incluir resultados de su gestión en la Cuenta de la Hacienda Pública ni tampoco para establecer como entidades a fiscalizar a aquellos que, no siendo paraestatales, reciban recursos públicos.

Además, dichos organismos se niegan a proporcionar información y a permitir revisiones de los manejos de recursos amparados en la legislación vigente y, por tanto, una cantidad de recursos federales no se auditan. La versatilidad de los fideicomisos -pueden utilizarse para un sinnúmero de actividades jurídicas y económicas- ha generalizado su uso, inclusive dentro de la administración pública.

Asimismo, la bancada priísta señala que si bien la regulación financiera establece como protección para los inversionistas el secreto bancario y fiduciario, éste no debe prevalecer tratándose de operaciones realizadas por el gobierno federal, y mucho menos cuando existe la obligación fundamental de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

En el Senado, Dulce María Sauri pidió también a la Secretaría de la Función Pública -ante la cual se interpuso una denuncia en contra de la directora de la Lotería, Laura Valdés- que realice la investigación sin ningún tipo de prejuicios. Calificó de "lamentable" que la semana pasada el secretario Eduardo Romero haya señalado, sin ninguna investigación previa, que no hay ninguna relación irregular entre el fideicomiso Transforma México y la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.

Adelantó que los elementos que entregarán a las autoridades apuntan a que el fideicomiso se creó con la clara intención de favorecer a organizaciones y personajes vinculados directamente con Los Pinos.

Dijo que llama la atención el hecho de que el jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República, Ramón Muñoz, forme parte del comité técnico de Transforma México. Además de que hay aportaciones millonarias del fideicomiso a instituciones vinculadas agrupaciones religiosas o de asistencia privada que tienen una relación estrecha con Vamos México y la esposa del presidente Fox.

En caso concreto, ante la entrega de casi 54 millones de pesos a la Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, para proyectos de atención médica en el estado de Guerrero, la senadora se preguntó por qué no se le dieron esos recursos a la red del Instituto Mexicano del Seguro Social y Oportunidades en esa entidad, pues hubiera sido un trato directo y mediante una institución pública.