Con un sistema judicial tan frágil imponer esa medida sería peligroso: Gelista González

Partidos se manifiestan contra la pena de muerte para reducir la inseguridad

Leticia Burgos afirma que la pobreza y la marginación han originado la ola de crímenes

Dirigentes y legisladores de PRI, PAN y PRD se manifestaron ayer en contra de la pena de muerte como una medida para reducir la inseguridad en el país, problema que calificaron como complejo y en el que influyen factores económicos, sociales y de descomposición en los cuerpos policiacos.

Luis Felipe Bravo Mena, líder nacional del blanquiazul, destacó la necesidad de promover el crecimiento económico y el empleo, aunque rechazó que sea necesario cambiar el modelo económico imperante. "Ese es un debate diferente y luego por ahí se quiere sacar la vuelta al tema. No es un problema de modelo económico", sostuvo.

En conferencia de prensa señaló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN enviará este día al Congreso una iniciativa para promover la seguridad en el Distrito Federal. Asimismo, pidió a los funcionarios panistas que promuevan un programa contra la delincuencia, incluyendo una mejor capacitación de los cuerpos policiacos y mejorando su equipamiento e infraestructura.

Bravo Mena y Carlos Gelista González, dirigente de ese partido en la capital, coincidieron en rechazar la pena de muerte, entre otros motivos porque el respeto a la vida es uno de los preceptos que establecen los principios del PAN. "Tenemos un sistema judicial tan frágil, con tantos errores, que imponer esa medida resultaría peligroso y no resolvería nada" , puntualizó el segundo.

Por su lado, el CEN perredista señaló que no es con la pena capital como se resolverá el problema de la inseguridad. En la aplicación de la ley radica la solución a este fenómeno, así como en una coordinación que hasta el momento ha estado ausente por parte del gobierno federal, subrayó.

También indicó que más que aumentar las penas, el asunto estriba en aplicar la ley y en olvidarse de cualquier diferendo ideológico que pudieran tener uno o más gobiernos entre sí.

En Hermosillo, Sonora, la senadora perredista Leticia Burgos señaló que el planteamiento del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, sobre analizar la posibilidad de establecer en México la pena de muerte "es aberrante". Para la legisladora, el gobierno federal debería mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pues "los índices de pobreza y marginación son lo que ha producido la ola de crímenes que se han registrado en el país".

Refirió que "la inseguridad pública no se enfrenta con autoritarismo, sino discutiendo a fondo la política económica, porque en este momento ya no da más, porque los pasados cuatro sexenios han sido de buenos deseos, que no han resuelto el problema del desempleo en México".

A su vez, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó que las marchas contra la inseguridad celebradas el domingo pasado en la ciudad de México y en otras localidades del país, no deben verse como acciones contra un gobierno en específico, "sino como una llamada de atención en contra de los tres órdenes de gobierno, para que trabajen de manera coordinada y den respuesta a sus demandas, sin condicionamientos de carácter político y sin cálculos electoreros".

La diputada Marcela Lagarde, presidenta de la comisión para erradicar el feminicidio en Ciudad Juárez, señaló que las declaraciones del procurador Macedo son propias de regímenes autoritarios y de corte fascista que el gobierno y la ciudadanía en general han combatido.

Mientras, el PRD presentará hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a conducirse con congruencia al manifestarse sobre la pena de muerte.

Gerardo Villanueva, diputado perredista, puntualizó que "no puede ser que un día el presidente Vicente Fox asegure que está en contra de la pena de muerte, y que ahora el titular de la PGR hable de la posibilidad de considerar el asunto".

En Durango, el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, advirtió que si el estado falla en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, la nación corre el riesgo de entrar en un proceso de descomposición social.

Al asistir al cierre de campaña de los candidatos del tricolor, consideró que la creciente desigualdad social que tiene el país, por carecer de rumbo y dirección, supone un caldo de cultivo para la delincuencia, aunque la pobreza no es la causa única de la inseguridad pública, sino que a ésta ha contribuido el debilitamiento de la vida de las instituciones por la confrontación y los pleitos estériles.

En San Lázaro, la fracción del PRI acordó que sin desatender la demanda ciudadana por abatir la delincuencia, habrá un análisis cuidadoso de las reformas legales que se han planteado para endurecer las penas, porque como ha señalado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es posible que detrás de la presión popular exista "un interés para desestabilizar y debilitar al Estado".

Durante una reunión plenaria, se instruyó a los diputados que forman parte de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Seguridad a que hagan un recuento de las iniciativas presentadas en la materia, incluida la del jefe del Ejecutivo, para valorar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

En la vieja casona de Xicoténcatl, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Miguel Sadot Sánchez, discrepó del planteamiento hecho por el procurador, pues ni la pena capital ni el incremento de las sanciones resuelven el grave problema de la delincuencia.

Con ella se justificaría el autoritarismo y podría llegarse a la dictadura, alertan

La pena de muerte no solucionaría la inseguridad, dicen académicos y ONG

El modelo económico ha generado desigualdad y mayor delincuencia, sostienen

KARINA AVILES, JOSE GALAN, FABIOLA MARTINEZ Y TRIUNFO ELIZALDE

Expertos en el tema de la violencia, representantes de organizaciones de derechos humanos y miembros de la Iglesia católica afirmaron que la solución al problema de la delincuencia no se dará con medidas más represivas, como la pena de muerte. Incluso, algunos de los especialistas advirtieron del "riesgo" de que la "derecha" y la "ultraderecha" se aprovechen de este momento en que la población demanda acabar con la inseguridad para justificar el "autoritarismo" y las "dictaduras".

El investigador René Jiménez Ornelas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que antes de que se instauraran los regímenes dictatoriales en países como Chile y Argentina se generó toda una demanda en la que la población pedía orden. Esto fue aprovechado por los poderes de la derecha "que llevaron a estas dictaduras, mismas que causaron grandes cantidades de víctimas ejecutadas. De tal forma que uno de los peligros es el de justificar el autoritarismo".

El especialista destacó que el combate a la incidencia delictiva "no es cuestión de más policías, recursos y represión". Recordó que los estados norteamericanos en donde existe la pena de muerte tienen los "más altos índices" delincuenciales.

Indicó que el modelo económico (neoliberal) ha generado una desigualdad social que va de la mano de la delincuencia, y por ello si se quiere atacar de raíz el problema se tiene que hacer mediante una acción integral, en la que las medidas se dirijan a acabar con la impunidad y la corrupción, además de solucionar la falta de alternativas para tener acceso al empleo, a la educación, etcétera.

Ante la desesperación, la ciudadanía no repara en que medidas como la pena de muerte, la cadena perpetua o cercenar algún órgano para castigar al delincuente "es volvernos también delincuentes y una sociedad salvaje. Además de que representa un retroceso en la civilización", destacó el académico.

''El gobierno se equivoca una vez más... y no es la primera''

Por su parte, Fernando Tenorio Tagle, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco, y actualmente profesor invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP), expresó que con la sugerencia de discutir la pena de muerte el gobierno se equivoca una vez más, y no es la primera vez que entra en fuertes contradicciones. Sin embargo, los incrementos en el índice delictivo tienen sus causas en los desequilibrios socioeconómicos que presenta el país, los cuales se agudizarán mientras continúe la inequitativa distribución de la riqueza.

Para el investigador, quien participa en el proyecto Ciudades Seguras, de la UAM, "es inútil" que aumenten las penas para los delitos: la crisis económica no sólo se refleja en un incremento de la delincuencia, sino también en una crisis fiscal, "lo que hace imposible destinar recursos para construir más cárceles".

En tanto, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, de funcionario "ignorante" del contenido de los convenios internacionales firmados por nuestro país, en particular el artículo cuarto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y del sexto del Pacto de Derechos Humanos y Civiles.

"Es evidente que en la reciente declaración de Macedo de la Concha existe oportunismo político en afán de emitir ante la opinión pública soluciones prontas, aun cuando éstas sean erráticas y maquilladas", señaló Eduardo Reyes, coordinador del área de análisis y monitoreo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Más que una pena más dura es necesario que el Estado mexicano ratifique los compromisos asumidos en torno al combate a la impunidad y la corrupción en las propias fuerzas de seguridad, tema que representa el centro del "verdadero debate", apuntó. En ese mismo sentido se manifestó Fabián Sánchez, del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Expresó que de nada serviría aumentar las penas y, en cambio es necesario atender los factores económicos, "raíz de esta serie de delitos". Más allá de la "ignorancia" que demostró el procurador; es tiempo de exhortar al gobierno y al Ejército Mexicano a ratificar los protocolos para la erradicación de la pena de muerte, destacó.

Mano dura, pero dentro de la ley, pide Rodríguez Alcaine

Por su parte, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Leonardo Rodríguez Alcaine, señaló que el desempleo es "la causa número uno de la violencia... Sólo con un buen trabajo es posible evitar que la gente no se vaya por el buen camino". Es urgente, afirmó, que se aplique mano dura, pero en el marco de la ley vigente.

Entrevistado en el aeropuerto de la ciudad de México, el arzobispo de Hermosillo, Ulises Macías Salcedo, destacó que "la Iglesia católica es defensora y promotora de la vida. La Iglesia siempre la defenderá. Yo al menos no estaría de acuerdo con la pena de muerte", indicó el prelado.

Una de las penas para aplicar a los secuestradores "pudiera ser una cadena perpetua", pero no aplicar la pena de muerte. Reconoció que una de las causas del desarrollo de la delincuencia y la violencia puede ser el desempleo, base de la pobreza extrema en que se encuentra la mayoría de las clases desprotegidas. En ese sentido, el arzobispo criticó a quienes "del pastel de la economía toman grandes tajadas, de tal proporción que la inmensa mayoría no alcanza casi nada".

Por otro lado, Macías Salcedo aseguró que "la Iglesia católica no metió la mano" en la marcha contra la inseguridad, efectuada el pasado domingo.