Robin Cook

Bush daña a EU y Gran Bretaña con su desdén por el derecho

Dos hurras por el procurador general británico. Su vigoroso rechazo a someter el caso Guantánamo a tribunales militares merece el apoyo de todo aquel que valore su libertad civil. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es un derecho que protege a cada uno de nosotros contra el uso arbitrario y opresor de las normas legales. Negar ese derecho a los ciudadanos británicos cautivos en Guantánamo no sólo es, por tanto, una injusticia hacia ellos, sino que concierne a todos los que compartimos su derecho a un proceso justo en caso de ser objeto de una acusación.

Sin embargo, se requiere una respuesta mucho más amplia del gobierno británico en cuanto al asalto constante del gobierno de George W. Bush a las normas legales internacionales. La militarización de los detenidos en Guantánamo es, después de todo, sólo una extensión lógica de su confinamiento durante dos años en un campo militar sin ningún procedimiento judicial. Es ilógico declarar que los procedimientos específicos para su juicio son inaceptables sin condenar el desprecio que muestra en general el gobierno de Bush hacia las obligaciones que le impone el derecho internacional.

Los montones de documentos legales que han venido saliendo poco a poco del Pentágono y la Casa Blanca pintan un cuadro alarmante de un gobierno que en realidad cree que no está sujeto a las convenciones internacionales que prohíben los abusos contra los prisioneros. Un texto de consulta de abogados del Pentágono concluye que "los estatutos criminales no tienen la lectura de contravenir la autoridad suprema del presidente" y que éste, por consiguiente, está investido de la "autoridad constitucional in-herente para aprobar el uso de la tortura".

No es sorprendente que el documento haya sido clasificado por la oficina de Do-nald Rumsfeld como "no apto para ojos extranjeros", pues es improbable que haya nacido siquiera el abogado extranjero que pudiera llegar a la misma conclusión que esos abogados creados por el Pentágono. ƑQué caso tiene que el resto del mundo negocie convenciones internacionales con Estados Unidos si el presidente de ese país conserva la autoridad de suspender su aplicación? A la inversa, Ƒcuál habría sido la opinión de esos abogados si los jefes de Estado de Rusia o China hubieran reclamado la misma autoridad para hacer a un lado sus acuerdos con Washington?

Dos consideraciones parecen haber impulsado al gobierno de Bush a esta novedosa y excéntrica doctrina de la aplicabilidad parcial del derecho internacional. La primera es la creencia en la excepcionalidad estadunidense, que es una bandera ideológica esencial de los neoconservadores que permean ese gobierno. Nótese que la autoridad inherente que se reclama para que el presidente pueda suspender obligaciones internacionales se adscribe a su estatus conforme a la Constitución estadunidense.

La presunción de la supremacía de Estados Unidos, de la cual parten los neoconservadores, tiene como elemento intrínseco que les parezca natural que la Constitución de su país tenga supremacía legal sobre las Convenciones de Ginebra. Esta creencia no sólo delata desprecio por la opinión internacional, sino también ignorancia de la larga y honrosa tradición estadunidense de procurar y sostener acuerdos sobre normas internacionales de trato humano. No es sorprendente que uno de los documentos internos que han salido a la superficie contenga una airada protesta de Colin Powell de que, al arrogarse el derecho de quebrantar las convenciones internacionales, el gobierno adopta un enfoque que "da marcha atrás a un siglo de política estadunidense".

La segunda justificación que ese gobierno se ofrece a sí mismo para apartarse de las normas internacionales es que está comprometido en una "guerra al terror". La frase "guerra al terror" puede funcionar como una vibrante metáfora sobre la energía que se requiere para derrotar al terrorismo. Por desgracia, muchos en el gobierno de Bush se han acercado a ella con mentalidad de-masiado liberal y se han erigido en héroes de una guerra verdadera. Una consecuencia maligna es que se han engañado con la idea de que el despliegue indiscriminado de la fuerza militar derrotará a los terroristas en vez de ganarles más apoyo. Otra es su creencia en que pueden suspender los procedimientos de tiempos de paz invocando la autoridad del presidente como comandante en jefe en tiempos de guerra.

Tampoco sorprende que el razonamiento retorcido que hace falta para concluir que Estados Unidos no está obligado por acuerdos cuyo cumplimiento exige a todos los demás produzca flagrantes inconsistencias. Así, el hecho de que la nación esté en guerra se ostenta como justificación de la autoridad del presidente para aprobar el trato inapropiado de detenidos, pero paradójicamente que esos prisioneros no estén clasificados como prisioneros de guerra se utiliza para negarles la protección de las Convenciones de Ginebra.

La semana pasada el Pentágono afirmó que los documentos que había liberado probaban que el gobierno no había aprobado la tortura. Una inspección más de cerca revela que esa afirmación sólo se sostiene si uno suscribe la extrema definición de tortura que hace el Pentágono. Los documentos confirman que había aprobado métodos de maltrato que sólo Torquemada hubiera considerado blandos y que cualquier persona razonable habría considerado crueles e inhumanos. Entre las técnicas autorizadas estaban encapuchar, desnudar e intimidar con perros a los prisioneros, así como mantenerlos en posturas corporales fatigosas. Esas mismas técnicas han aflorado ahora en las diferentes islas de este nuevo archipiélago Gulag, de Guantánamo a Abu Ghraib y Kabul. Resulta sencillamente inconcebible que semejantes prácticas en común puedan aparecer en lugares tan diferentes del planeta sin aprobación y dirección del centro.

La brigadier Karpinski, comandante de Abu Ghraib, ha proporcionado una sucinta visión de la actitud hacia los detenidos del general Miller, el oficial al mando en Guantánamo: "Son como perros. Si los dejamos creer que son algo más que perros, habremos perdido el control". También proporcionó la explicación más probable del origen de los álbumes fotográficos de Abu Ghraib. Al parecer era procedimiento de rutina de inteligencia militar fotografiar la humillación de los detenidos con el propósito de chantajearlos para que cooperaron por miedo de ser expuestos ante sus familiares. Es asombroso que a nadie se le hubiera ocurrido que unas fotos que escandalizarían a madres y esposas en Bagdad tendrían el mismo efecto en mujeres de todo Occidente si se daban a conocer al público.

Al Qaeda es una organización maligna con ideología ponzoñosa de odio religioso. Pero hemos combatido ideologías perversas en el pasado sin abandonar nuestro compromiso con la justicia y la decencia. Los crímenes de Osama Bin Laden, por viles que sean, Ƒde veras serán peores que los de Adolfo Hitler? Y sin embargo, durante toda la Segunda Guerra Mundial tratamos a prisioneros y ciudadanos con humanidad. No debemos hacer el trabajo de los terroristas destruyendo nuestros propios valores de humanidad y justicia.

Sir Peter Goldsmith tiene razón, pues, en insistir en juicio justo para los detenidos en Guantánamo. Pero el cuadro más amplio de la ruptura sistemática de las normas internacionales por la Casa Blanca debe ser enfrentado por sus colegas gobernantes. En mayo la revista The Atlantic publicó un editorial en el que lamentaba que Gran Bretaña le hubiera fallado a los estadunidenses al apoyar la agenda de Bush cuando lo que necesitaban era "un amigo sincero, que hubiera tenido el valor de decirle al todopoderoso que estaba en un error". Blair podría demostrar que ha escuchado ese consejo advirtiendo a Bush que al socavar el derecho internacional está minando la posición internacional de Estados Unidos y de sus aliados más cercanos, como el Reino Unido.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya