Hay grupos que buscan llevar agua a su molino: defensora de los derechos humanos

La marcha de hoy, contaminada por las pugnas políticas: ONG

La delincuencia, ligada a las condiciones sociales precarias; aumentar penas no es la solución

Organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que el fenómeno de la inseguridad y la delincuencia no es un problema local, sino nacional, que afecta a todos los mexicanos, pues las condiciones sociales de pobreza, desempleo y falta de acceso a la educación forman parte de un sistema social inequitativo que "empuja a muchas personas a buscar una forma de vida fuera de la legalidad".

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, consideró que si bien es alentador que la sociedad manifieste su rechazo a políticas de seguridad pública "ineficientes que han generado mayor impunidad y corrupción, sería lamentable que estas acciones se usaran para reprimir a la ciudadanía o agredir a determinados grupos políticos".

Al respecto, Reyna Vázquez, directora de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, capítulo México, aseguró que la inseguridad no se puede desligar del desempleo y la inestabilidad social, por lo que el endurecimiento de las condenas o la aplicación de la pena de muerte "no son una solución para frenar la violencia y la inseguridad".

Recrudecer los castigos, afirmó, no es una alternativa viable cuando no se ha dado una solución a las demandas sociales. Sin empleo ni salarios justos, no puede haber equidad social, insistió. Agregó que de nada servirá contar con leyes más punitivas "si no existe una cultura de la legalidad que obligue a las autoridades a cumplir con lo que marca la ley".

La defensora de los derechos humanos calificó de positiva la convocatoria para que la sociedad participe en la denuncia de la inseguridad, aunque lamentó que grupos políticos se aprovechen de una "demanda legítima de la sociedad para llevar agua a su molino y deslegitimar una denuncia, evitando que se sume una parte importante de la sociedad civil".

La realización de la marcha convocada para este domingo, agregó, "se ha contaminado con el ambiente político de confrontación entre el gobierno federal y las autoridades capitalinas, lo que podría mermar una justa exigencia social a todos los niveles de gobierno, tanto federal y estatal como municipal, para que asuman su responsabilidad en la procuración de justicia y la seguridad pública".

Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que la inseguridad pública en el país es producto de la ineficacia del sistema de seguridad pública y la justicia, "que no ha logrado implementar medidas de prevención para la atención de los delitos".

Esta situación, agregó en un comunicado, ha generado elevados índices de impunidad, corrupción y falta de profesionalización del trabajo de los operadores del sistema judicial, con la consiguiente falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones.

Por ello, hizo un llamado a que se abra un debate sobre la seguridad pública, en el cual se planteen soluciones eficaces que contribuyan a fortalecer un sistema de seguridad público, democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Insistió en que el Estado está obligado a procurar a la ciudadanía seguridad pública y a respaldar en forma plena el ejercicio de los derechos humanos; asimismo, es una garantía de los ciudadanos "impedir que el equilibrio entre ambos se pierda".