De ahí surgió una "nueva base legal" para la guerra de EU contra el terrorismo

En 2002 la Casa Blanca decidió que la Convención de Ginebra era "obsoleta"

Se confirma la existencia de un plan secreto de interrogación creado inicialmente para Al Qaeda

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 17 de mayo. El jefe legal de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles, determinó que la Convención de Ginebra era "obsoleta" dentro de la nueva doctrina del gobierno de George W. Bush en la guerra contra el "terrorismo", y ofreció así la base legal para autorizar un secreto y agresivo progama de interrogación diseñado inicialmente para detenidos de Al Qaeda, pero que fue importado a la guerra en Irak, revelaron nuevos documentos oficiales.

"Como usted ha dicho, la guerra contra el terrorismo es de un nuevo tipo. A mi juicio, este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de (la Convención de) Ginebra sobre el interrogatorio a prisioneros enemigos y hace ver pintorescas algunas de sus provisiones", escribió el jefe legal de la Casa Blanca Alberto R. Gonzáles en un memorando preparado para Bush y obtenido y publicado por Newsweek, en su edición de esta semana.

Esta revelación nutrió el creciente escándalo que estalló con las fotos de Abu Ghraib, y profundizó el debate en Washington sobre quién tiene la responsabilidad por la tortura de los detenidos en Irak. El senador Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, declaró hoy que esperaba que Gonzáles no hubiera escrito ese documento, pero si lo hizo, añadió, "estaba equivocado". En declaraciones a la cadena C-SPAN, Lugar agregó que las implicaciones son que si uno abandona la Convención de Ginebra, "y si esa fue la orden a las tropas, y empieza a improvisar, entonces se deja abierta la puerta a los abusos". Señaló que la investigación del Congreso se enfocará en este aspecto.

Por su parte, el secretario de Estado, Colin Powell, dijo ayer que no deseaba comentar sobre el memorando sin leerlo de nuevo -lo que confirma que sí lo había visto inicialmente y según informó Newsweek, lo negó- pero reiteró que Estados Unidos debe "cumplir" con la Convención de Ginebra. Tanto los presos de guerra como los que Washington no considera "combatientes", al igual que los "terroristas", deben ser tratados según las normas marcadas por el derecho internacional, declaró Powell a la cadena NBC. La Casa Blanca, en su reacción inicial a la revelación, se limitó a indicar: "es política de Estados Unidos cumplir con todas nuestras leyes y obligaciones de tratados".

Sin embargo, el memorando de la Casa Blanca descarta la aplicación de la Convención de Ginebra para el "nuevo" enemigo. Aunque el documento de 46 páginas fechado el 25 de enero de 2002 señala que el Departamento de Estado instaba al presidente reconsiderar la decisión de que la Convención de Ginebra no era aplicable a detenidos de Al Qaeda o talibanes, Gonzáles justifica la decisión por el "carácter" de la nueva guerra donde se considera urgente obtener información de "terroristas capturados" y sus patrones para evitar más "atrocidades contra civiles estadunidenses".

A la vez, el memorando señala que abandonar la Convención de Ginebra en estos casos permitía que el presidente "conserve su flexibilidad", reportó Newsweek. Esto se refería al temor de que si no se declaraba nula la convención en estos casos, oficiales estadunidenses podrían ser sujetos a acusaciones de crímenes de guerra en el futuro. La preocupación era por si acaso, en un futuro, autoridades estadunidenses pudieran buscar determinar si se había violado la ley estadunidense de 1996 sobre crímenes de guerra, que incluye en esta definición violaciones a la Convención de Ginebra.

Ahora son tres medios nacionales -el New York Times, The New Yorker y Newsweek- los que han documentado, independientemente, la aprobación y existencia de un programa secreto para extraer información de detenidos mediante técnicas que violan la Convención de Ginebra. Este programa, autorizado por los más altos niveles del gobierno, incluidos el procurador general, John Ashcroft; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el propio presidente Bush, permitía la detención e interrogatorio secreto de sospechosos en la llamada "guerra contra el terrorismo".

Pero fue el propio Rumsfeld quien decidió emplear las técnicas aprobadas inicialmente para detenidos de Al Qaeda en Irak -donde la Casa Blanca había prometido aplicar la Convención de Ginebra. Pero el programa secreto que comenzó en Afganistán y Guantánamo, según indican documentos y entrevistas publicadas esta semana, fue la raíz de lo que mostraron las fotos de Abu Ghraib.

En su memorando, Gonzáles argumentó que suspender la aplicación de la Convención no llevaría al maltrato de soldados estadunidenses en manos enemigas porque la política de Bush de "otorgar tratamiento humanitario a los enemigos detenidos nos otorga la credibilidad para insistir sobre un tratamiento parecido para nuestros soldados".

Todo indica que la autorización del programa secreto de detención e interrogación aprobado por los máximos niveles del gobierno de Bush y la decisión de anular la aplicación de la Convención de Ginebra en el combate contra el "terrorismo" en el campo de batalla contra Al Qaeda y los talibanes, fue trasladada al de Irak. Supuestamente el primero no tiene reglas o normas, para el segundo se dijo que sí. Pero la borrosa línea marcada por la Casa Blanca, y los departamentos de Defensa y de Justicia para el primer campo cruzó la frontera al segundo.

Ahora el gran debate es sobre quién asume la responsabilidad por las violaciones de las normas internacionales documentadas en Abu Ghraib, y si estos abusos fueron resultado de la decisión de unos cuantos soldados o si el origen del problema es la misma oficina del comandante en jefe, o sea George W. Bush y sus secretarios.