Es claro el manejo político de la controversia, subraya el subsecretario de Gobierno

Irresponsable y arbitraria, la decisión de la PGR, expresa Batres

Detrás del asunto aparecen nombres como el de Diego Fernández de Cevallos, dice

BERTHA TERESA RAMIREZ

El subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, aseveró anoche que el Ministerio Público no debió solicitar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque el ilícito de abuso de autoridad que pretende imputarle es un delito doloso que implicaría una orden expresa para desobedecer intencionalmente la orden de suspensión del juez.

Durante una conferencia de prensa que ofreció para fijar la postura de la administración capitalina en torno a la resolución de la Procuraduría General de la República de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del Ejecutivo local, Martí Batres dijo que dicha decisión tiene el objeto de impedir que en su momento Andrés Manuel López Obrador pudiera ser candidato a la Presidencia en 2006.

El funcionario aseveró que la forma en que se ha conducido este caso no sólo confirma un complot contra el jefe del Ejecutivo local, sino que expresa un claro manejo político.

A continuación, la postura oficial del gobierno capitalino:

"Fieles a nuestros principios, a nuestra oferta de campaña y sobre todo a los habitantes de esta gran ciudad, desde que comenzó esta administración decidimos enfrentar a los grandes acaparadores de predios públicos. El más emblemático de estos casos es el llamado Paraje San Juan.

Gracias a esa determinación, logramos recuperar muchos predios que son propiedad de la ciudad y estaban en manos de coyotes, verdaderos profesionales del despojo de cuello blanco, lo hemos hecho así porque nuestra obligación es presentar el interés general de toda la ciudad; porque el patrimonio de todos no puede estar acaparado y aprovechado para el beneficio de unos cuantos; porque el ilegítimo interés particular de lucro no puede estar encima de las necesidades de la ciudad.

Descubrimos y desmontamos el modus operandi a través del cual abogados influyentes, en complicidad con autoridades judiciales e incluso funcionarios, ponían en manos de los acaparadores grandes extensiones de suelo público por medio de fraudes, falsificaciones y tráfico de influencias.

De esta forma recuperamos predios como La Rosita, La Mexicana, Aureliviadas (zona del Pedregal), G-2, y otros que estaban en poder de esos acaparadores sin ser de su propiedad, y que en su conjunto suman un valor superior a los 5 mil millones de pesos y ahora están de nuevo al servicio de la ciudad.

En ese contexto se inscribe ahora el caso del predio El Encino. Detrás de este asunto hay de nueva cuenta una embestida de abogados influyentes y autoridades judiciales coludidos para defender el interés de un particular contra el interés público de la ciudad y ahora con el añadido de una clara intencionalidad política.

Para conocer la verdad en el caso de El Encino es necesario precisar lo siguiente:

En noviembre de 2000, durante el gobierno anterior, se expropiaron dos porciones del predio conocido como El Encino para dar continuidad a dos calles previstas en los programas de desarrollo urbano.

La empresa propietaria de dicho predio, Promotora Internacional Santa Fe, se amparó y obtuvo una suspensión definitiva, misma que no se oponía a dar continuidad a la construcción de las citadas vialidades, pues en la resolución se estableció, cito textualmente:

Para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino, así como para que se abstengan de bloquear y cancelar los accesos a dicho predio.

De esta forma, el gobierno de la ciudad cumplió plenamente con la orden del juez, pues suspendió los trabajos de apertura de vialidades en la parte de las fracciones expropiadas que sirven de acceso al predio denominado El Encino. Sin embargo, la empresa se quejó por la supuesta violación a la suspensión definitiva y el juez declaró fundada la denuncia, decisión que fue ratificada por un tribunal colegiado.

En el curso del litigio llama la atención que el propio juez emitió un acuerdo con el supuesto fin de precisar los alcances de la sentencia (pero) que en esencia modificó el sentido de la misma ordenando la suspensión total de la obra y el retiro de la maquinaria, resolución que también se acató por parte del Gobierno del Distrito Federal.

En este marco, la Procuraduría General de la República, de manera parcial y facciosa, antes de que la sentencia del juez fuera confirmada por el tribunal, inició una averiguación previa orientada contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, desde 2001, porque supuestamente violó la suspensión ordenada por el juez.

Hemos escuchado la decisión de la Procuraduría General de la República, la cual podemos calificar no sólo de irresponsable y arbitraria, sino también como una resolución fuera de la ley que fractura al estado de derecho.

El Ministerio Público Federal no debió proceder a solicitar el desafuero del jefe de Gobierno, porque el delito de abuso de autoridad que busca imputarle es del tipo doloso, que implicaría una orden expresa del jefe de Gobierno para desobedecer intencionalmente la orden de suspensión del juez.

Por el contrario, el jefe de Gobierno ordenó en su momento el acatamiento puntual de la orden suspensiva del Poder Judicial Federal.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal no firmó nunca instrucción alguna tendiente a desobedecer, incumplir o violar la suspensión definitiva ordenada por el juez de distrito.

Ahora se argumenta, con notable mala fe, que la PGR no tuvo otra opción que acatar la resolución del juez en el sentido de proceder contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal y por ende, solicitar su desafuero. Esto es falso porque si así fuera tendría que haberse hecho desde 2001 y no esperar hasta ahora utilizando tiempos políticos para sus decisiones.

El Ministerio Público estaba obligado a investigar la denuncia del juez como cualquier otra y en este caso, al no haber elemento alguno que acreditara la denuncia contra le jefe de Gobierno del Distrito Federal, tenía que resolver el no ejercicio de la acción penal.

El Gobierno del Distrito Federal se ha conducido en el marco de la ley y lo seguirá haciendo.

Detrás de este asunto están de nueva cuenta personajes como Fernando Espejel Cisneros, abogado defensor del dueño de El Encino, y parte del grupo de abogados que trabajan para Diego Fernández de Cevallos por medio de Juan Miguel Alcántara Soria.

Ya el propio Alcántara Soria, destacado dirigente panista, ex procurador de Guanajuato y ex diputado federal, se presentó en alguna ocasión con el licenciado Alberto Pérez Mendoza, director general de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, para proponerle una negociación en el caso de varios predios, entre ellos El Encino, Paraje San Juan, La Mexicana y hasta el predio Ramos Millán, negociación que fue rechazada.

Cabe señalar que el juez Alvaro Tobilla León, quien solicita proceder contra el jefe de Gobierno, es el mismo que concedió un amparo a los bancos involucrados en el Fobaproa para evitar que sean auditados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

También es de llamar la atención que Federico Escobedo Garduño, quien se ha ostentado como dueño del predio El Encino, recibió de Carlos Hank González la concesión para explotar las minas de arena de La Mexicana y muchas otras, y es el mismo que el pasado 18 de diciembre de 2002 colocó la primera piedra del Centro de Convenciones de Tijuana con la presencia del presidente Vicente Fox.

Resulta aberrante que se quiera proceder a desaforar al jefe de Gobierno del DF por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital.

La forma en que se ha conducido este caso no sólo confirma la colusión entre autoridades judiciales y abogados influyentes, sino que expresa un claro manejo político.

En el fondo, al no funcionar la utilización del caso Ahumada para destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador ahora se usa el caso El Encino para el mismo fin, pues no se buscó sancionar un supuesto incumplimiento de una suspensión ordenada por un juez, sino la inhabilitación del jefe de Gobierno con el propósito de evitar que pudiera ser eventualmente candidato a la presidencia en 2006, en el supuesto de que la gente decidiera que fuera él quien debiera encabezar un proyecto alternativo de nación. En otras palabras, al igual que quisieron hacerlo en el 2000 nos quieren ganar a la mala."