Espinosa niega acusaciones de legisladoras y consejeras
Denuncian feministas partidización y autoritarismo en Inmujeres
* Cierre de espacios para posiciones progresistas a favor de los derechos de las mujeres, dice Hernández
* No se permite una participación social plural: Salinas
María Esther Espinosa Calderón
En memoria de Teresa Zamora de Barragán
La ratificación de Patricia Espinosa al frente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) provocó una serie de inconformidades entre feministas, consejeras de esa institución y organismos civiles que habían solicitado al presidente Vicente Fox en un desplegado que no la ratificara ( La Jornada , marzo 3-2004). Entre las razones para tal petición, varias coinciden en señalar en entrevistas por separado- la ola de anomalías que se vienen dando en ese organismo, como irregularidades financieras, tráfico de influencias, contratación de personas pertenecientes a los Legionarios de Cristo, despidos injustificados, entre ellos el de 26 operadoras/es de la línea telefónica Vida sin Violencia.
La presidenta del Inmujeres, en entrevista con Triple Jornada , lo niega y aclara que no existe malversación de fondos ni malos manejos de recursos ya que siempre se han rendido cuentas claras a los órganos de control. Desde su creación, hace tres años, dice, ha estado abierto a cualquier auditoria externa o interna y se ha comprobado que maneja el presupuesto con transparencia, eficacia y legalidad; asegura que las 26 orientadoras/es despedidas no eran empleadas de ese organismo sino prestaban sus servicios a una compañía consultora.
Ana María Hernández, consejera de Inmujeres, menciona que el presidente de la República no esperó los resultados del Parlamento de Mujeres de México para ratificar a Patricia Espinosa. Asegura que a las consejeras no les corresponde decir si hay o no delito, lo que sí nos toca es exigir que los procedimientos iniciados tanto a nivel interno como externo se concluyan.
Para las consejeras y algunas legisladoras de oposición, el instituto ha incumplido varias de sus metas planteadas en el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD).
El organismo, creado en 2001 con el fin de impulsar la igualdad de género, enfrenta desde hace más de un año problemas administrativos y la salida de más de la tercera parte de su personal, así como el congelamiento y la cancelación de varios de sus programas. Las diputadas perredistas Marta Lucía Micher y Marcela Lagarde, entregaron a la prensa documentos en los cuales, según ellas, se comprueba la mala gestión administrativa de la funcionaria, que, dijeron, afecta las actividades y los programas que el organismo debe desarrollar a favor de las mexicanas. También la constructora Taller Cinco acusó a la funcionaria de alterar el presupuesto e incumplir contratos para la remodelación de la sede del instituto.
El 15 de marzo el Inmujeres publicó un desplegado en donde aclara que en días anteriores algunas legisladoras y consejeros de oposición han confundido a la sociedad con declaraciones infundadas a los medios sobre supuestas irregularidades administrativas ´muy graves´ en el Instituto Nacional de las Mujeres basados en informes incompletos de los años 2001 y 2002. Se trata de la misma información falsa que se ha estado filtrando a los medios desde hace meses y que se ha caído por su propio peso.
La consejera Ana María Hernández, luego de presentar a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados el análisis del Consejo Consultivo de Inmujeres a las iniciativas de ley de dicha institución, rechazó que sean sociedad civil de oposición, la sociedad civil que nos hemos expresado a través de los consejos somos plurales, no estamos a favor del silencio cómplice, nos parece un término más bien partidista.
El PAN, El PRI y el PRD, cada uno por su lado, presentaron, en su momento, sendas iniciativas para reformar la Ley de Inmujeres. De acuerdo con Olimpia Flores, consejera de ese organismo, tanto la del PRI como la del PRD contemplan una visión que corresponde a la necesidad y a la tendencia que va teniendo el curso de la administración pública federal, en busca de pluralidad, de democracia y de vinculación de la ciudadanía con la institución del poder público. En tanto, la del PAN comprime la participación ciudadana, pretende desaparecer el consejo social, propone que la presidenta del instituto presida también la junta de gobierno. El dilema que enfrentamos consiste en optar entre un modelo de institución pública eficiente, democrático o un modelo institucional autoritario.
Para Olimpia Flores, la inconformidad por la ratificación de Patricia Espinosa, no es un asunto de las feministas en su contra, porque las feministas la elegimos, supusimos que podíamos tener una alianza con ella para saber cuáles eran los márgenes de acción conjunta y resultó que llegando al puesto se le confundió su cabeza, se barrió, se partidizó.
En tanto, para la titular del Inmujeres, la inconformidad es parte de los procesos democráticos, es natural que en una sociedad en donde hay libertad para expresarse, para disentir, pues que se escuchen estas voces, es válido y sano, lo importante es redoblar esfuerzos, buscar y construir estas alianzas estratégicas y fortalecer las relaciones, porque el objetivo por el que estamos aquí es ayudar a cambiar la situación de las mujeres de México, independientemente de posiciones, creencias y partidos.
Ana María Hernández, integrante también del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señala que el instituto no ha logrado consolidar un equipo de trabajo fuerte por la falta de capacidad y la rotación constante de personal, tanto de base como operativo. Patricia no logra sumar sino imponer; en muchos de los casos mujeres brillantes como Laura Salinas, Margarita Velásquez, Teresa Inchaústegui, que fueron directoras, en otros lugares han funcionado perfectamente bien, salieron de ahí desgastadas.
La experiencia de Laura Salinas Beristain fue muy desagradable, mis propuestas no se tomaban en cuenta, mi capacidad de interlocución plural no se veía bien y era motivo de sospecha gran parte de mis proyectos, inclusive ya avanzados, que respondían al cumplimiento del PROEQUIDAD, se guardaban en un cajón. Salí por eso, diciéndolo en la renuncia: no se me dejó trabajar y no se me dejó dialogar con las ONGs, los institutos en los estados y todas las instancias con las que me tocaba tratar.
Patricia Espinosa asegura al respecto: nunca he dejado de reconocer la capacidad de estas personas, la licenciada Laura Salinas renunció y fueron sus decisiones personales y con la doctora Inchaústegui fue lo mismo, ahí está documentado, son personas valiosas pero el instituto no fue el lugar adecuado.
Por su parte, Azucena Ojeda ex orientadora de la línea Vida sin violencia, señaló que es inaudito y tristemente paradójico que en este instituto que se erige como defensor de los derechos de las mujeres y agente de cambio para eliminar la violencia hacia las mismas, se humillen y pisoteen los derechos humanos y laborales.
Laura Salinas comenta que los grupos de mujeres feministas esperan que el Inmujeres haga un trabajo de género, como lo obliga la ley, están indignados porque no lo hay, porque no existen avances en la transversalización, porque no hay gestión democrática, porque no se permite una participación social plural, porque no se los respeta. Pero no son los únicos; hay grupos de mujeres conservadoras que están también quejándose de lo que ahí pasa, los institutos de la mayoría de los estados se sienten maltratados, relegados, se quejan de que no se les avisa de los programas en sus entidades, de que no hay respeto del federalismo.
Para Ana María Hernández, el instituto cada vez más ha ido cerrando los espacios para posiciones progresistas a favor de los derechos de las mujeres, hay una incongruencia porque el instituto no fue creado para retroceder sino para transversalizar la perspectiva de género, el Inmujeres es un órgano normativo. En tanto, Patricia Espinosa asegura que no hay posiciones ni religiosas, ni ideológicas, ni partidistas.
Al cierre de esta edición, las diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados habían citado a la presidenta de Inmujeres para analizar la problemática por la que atraviesa ese organismo.
