Divide a gobernadores gravamen a comida y fármacos

Arranca la convención con riesgos y sin pactos previos

Se quejan legisladores del PRD de exclusión de sectores

RENATO DAVALOS Y ENRIQUE MENDEZ

La Convención Nacional Hacendaria se inicia hoy en Querétaro sin acuerdos previos entre los organizadores y el riesgo de que "reviente", por la insistencia del presidente Vicente Fox y la Secretaría de Hacienda de imponer en la agenda el debate sobre el impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas. Este tema, además, mantiene confrontadas las opiniones de los gobernadores de PRI, PAN y PRD, y entre ellos ha surgido la advertencia de que incluir ese asunto en las mesas "dinamitará" el encuentro.

Ayer en Los Pinos, el secretario técnico de la convención, Fernando Elizondo, presentó los puntos relevantes del diagnóstico por tema de la reunión, y en la mesa relativa a los ingresos no se incluyó explícitamente los relacionados con el IVA, pero aclara que "existen altos gastos fiscales por tratamientos diferenciados" y cuestiona que éstos existan en los distintos gravámenes. En octubre pasado, el Ejecutivo propuso a la Cámara de Diputados aplicar una tasa general de IVA de 10 por ciento, incluidos comida y fármacos.

En enero de este año, durante una gira por Colima, Fox advirtió que caería incluso en la "necedad" de presentar una vez más, durante los trabajos de la convención, una iniciativa para aplicar ese tributo a la alimentación y la salud de los mexicanos.

La convención surgió de un acuerdo en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el impulso de los partidos políticos, y en ella participará el Ejecutivo federal aun cuando en principio se negó a aceptar la realización del encuentro, e inclusive los mandatarios estatales permitieron -en el encuentro de Monterrey- que además del Presidente tuvieran participación tres secretarios de Estado y el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo.

En la reunión de Monterrey, la convención estuvo a punto de reventar porque Elizondo había decidido unilateralmente suprimir la participación de los alcaldes.

Luego de la inauguración 'se debatirán siete temas en igual número de mesas: gasto público, ingresos, deuda, modernización y simplificación, patrimonio, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, y colaboración y coordinación.

En ellas sólo tendrán una participación directa el Ejecutivo federal, los gobernadores y alcaldes, pues senadores y diputados asistirán pero no tendrán voto. La exclusión, estimaron legisladores del PRD, llega a tal grado que no fueron convocados los empresarios, industriales, los grandes productores agropecuarios, esto es, "los que pagan impuestos".

Los colegios de profesionales, universidades, académicos y organismos intermedios, así como la sociedad civil, sólo presentaron propuestas pero no participarán en la discusión de las mismas y la elaboración del proyecto que se presentará en septiembre al Congreso.

Por su parte, los diputados perredistas Alfonso Ramírez Cuéllar y César Chávez advirtieron ayer que la insistencia de Fox de se toque el tema del IVA en el encuentro de Querétaro generará un riesgo de confrontación.

Además, alertaron, existe "la tentación facilona" de modificar la relación de los ingresos participables entre estados y municipios, lo cual sería un error. Señalaron que el eje de la discusión no debe ser el de los ingresos, sino el del gasto, así como constituir una junta directiva de la convención, en la que se incluyan todos los actores que no fueron convocados, como los empresarios, los grandes productores agropecuarios y, sobre todo, quienes pagan impuestos.

"Se repitió el error de no emprender una negociación previa con todos, porque en asuntos económicos y financieros los acuerdos no pueden circunscribirse a la clase política. Esta no puede ser una convención de cobradores de impuestos", expuso Ramírez Cuéllar.

La exclusión debe corregirse, insistió, porque los posibles acuerdos serán unilaterales y, por tanto, querrán imponerse al resto de la sociedad y al Congreso, que deberá analizar el proyecto presentado por la convención para definir si es viable emprender modificaciones legales.

"Entonces, quizá en este 'resentimiento fiscal' que arrastra el presidente Vicente Fox y su ánimo de revancha, quiera provocar un choque entre la convención y el Poder Legislativo", alertó.

César Chávez expresó, por su parte, que la intención de los gobernadores, alcaldes y legisladores -aunque éstos no tendrán capacidad de voto- es garantizar el éxito de la convención y oponerse a que la discusión se centre en la aplicación de nuevos impuestos.

Planteó que pondrán una especial atención a la mesa de transparencia, con el objetivo de lograr un acuerdo que obligue a Federación, estados y municipios a hacer público el manejo de los recursos fiscales. Ramírez Cuéllar explicó que de los 31 estados y el Distrito Federal sólo 22 entidades "tienen una calificación aprobatoria en cuanto a información al público y transparencia en sus cuentas".

La mayoría de las haciendas estatales, detalló, no desglosan las participaciones federales, los incentivos, los ingresos del ramo 33 ni otros recursos. "Además, 23 entidades no difunden los sueldos de sus funcionarios. Esto es, no hay homogeneidad en la transparencia informativa, así que uno de los acuerdos necesarios de la convención es definir una regla general para todos los estados en esta materia".

El rubro de la transparencia implica también, agregó, que se amplíen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, porque hay lagunas legales que impiden al órgano fincar responsabilidades. "El gran logro de esta convención sería establecer un verdadero sistema de información, fiscalización y rendición de cuentas para acabar con la oscuridad con la que alcaldes, gobiernos estatales y el federal manejan los recursos públicos".