Las revelaciones en torno a la Operación Telaraña, dadas hoy a conocer por este diario, son una evidencia más de que las prácticas de represión y violación de los derechos humanos que fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad (Ejército y diversas policías) durante la llamada guerra sucia de la década de los 70 no fueron casos aislados atribuibles a unos pocos mandos o funcionarios descontrolados. Por el contrario, fueron emprendidas de forma sistemática con el objetivo claro de exterminar a toda costa a los grupos guerrilleros que operaban en el estado de Guerrero, con la participación abierta y la complicidad de amplios estamentos de los gobiernos federal y local de la época.

Según documentos encontrados en el Archivo General de la Nación y actualmente en poder de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, las órdenes de aniquilación de los insurgentes del Partido de los Pobres dirigido por Lucio Cabañas fueron dictadas directamente por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz. De los resultados de tales acciones fueron informadas diariamente las secretarías de Gobernación y Defensa y la Presidencia de la República, lo que permite suponer que el entonces titular del Ejecutivo, Luis Echeverría Alvarez, conoció y avaló en su momento todas las operaciones contrainsurgentes -incluido su correlato delictivo- realizadas en Guerrero durante su mandato.

Ha de señalarse que en la Operación Telaraña y otras acciones represivas, según se desprende de los citados documentos y de numerosos testimonios y denuncias, se incurrió en deliberadas atrocidades y violaciones de los derechos humanos: detenciones ilegales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Además se recurrió a paramilitares, enmarcados en el denominado Grupo Sangre, bajo el mando del entonces teniente Humberto Quirós Hermosillo. Así, tales actividades contrainsurgentes se colocaron fuera de toda legalidad y constituyeron actos de barbarie y terrorismo de Estado.

Mientras no se esclarezcan a cabalidad los terribles hechos de la guerra sucia, en sus diferentes manifestaciones, y permanezca la intolerable impunidad de la que gozan, desde hace más de tres décadas, la gran mayoría de los autores materiales e intelectuales de la represión y el aniquilamiento criminal de las guerrillas de los años 70, México no podrá contar con un auténtico estado de derecho y prevalecerá un inquietante clima de desconfianza y fragilidad ciudadanas. La democracia mexicana, debe reiterarse, no será completa en tanto no se castigue a todos los responsables de esos execrables crímenes. De igual forma, el tejido social de Guerrero y otras regiones del país no podrá reconstituirse si no se hace justicia -pronta y completa- a las víctimas de la guerra sucia, exigencia que es procedente extender a la larga y dolorosa lista de mexicanos asesinados, desaparecidos y perseguidos en otras operaciones represivas, como son las del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y las masacres de Aguas Blancas y Acteal.

Por ello, identificar y procesar penalmente a todos los responsables de estos delitos es una obligación jurídica, moral e histórica que el actual gobierno de la República debe asumir de forma completa y expedita, pues ninguna autoridad que se considere democrática y comprometida con las mejores causas de México puede soslayar este crucial imperativo.