Solicitan que dé seguimiento al trabajo realizado por la fiscalía especial

Organismos civiles presentan a la CIDH informe sobre desapariciones forzadas

VICTOR BALLINAS

Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos durante la llamada guerra sucia solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia sostenida ayer en Washington, que dé seguimiento a la labor de la fiscalía especial creada para esclarecer los hechos, y que haga un señalamiento al gobierno mexicano para que el Poder Judicial aplique los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos y los criterios de jurisprudencia respectivos.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Fundación Diego Lucero, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua presentaron un informe sobre las desapariciones forzadas en México en el periodo denominado guerra sucia.

Esas organizaciones no gubernamentales (ONG) propusieron a la CIDH que en los próximos tres meses solicite al gobierno mexicano un informe sobre la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y sus resultados concretos, las acciones desempeñadas en torno a la reconstrucción de la verdad histórica, las garantías de no repetición y el programa de reparaciones.

Además, que dicha fiscalía presente una propuesta para aplicar una metodología de investigación acorde con los estándares interamericanos de derechos humanos, por lo que se puso a disposición de la representación del gobierno mexicano el protocolo moderno para la investigación forense de muerte sospechosa de haberse producido por violaciones a los derechos humanos.

En un informe de 28 cuartillas, las organizaciones mexicanas referidas dan cuenta a la CIDH de que en el periodo denominado guerra sucia el gobierno se dio facultades para actuar a su completo arbitrio, prescindió del orden jurídico, creó organismos irregulares de represión, como la Brigada Blanca y el grupo Jaguar, estableció cárceles clandestinas y utilizó el equipo y las instalaciones del Ejército y la policía para perseguir a subversivos. Fue una política de Estado dirigida "desde la cúspide del poder: la Presidencia de la República y los mandos militares".

Las ONG sostienen que aunque las cifras de desapariciones forzadas en México varían, "hoy sabemos que no son menos de mil".

Hicieron notar a la CIDH que la fiscalía especial, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, no representa una posibilidad real de independencia y efectividad para investigar las violaciones de derechos humanos del pasado, en tanto que se trata de un órgano emanado de la Procuraduría General de la República.

Advierten que las carencias propias del sistema de procuración de justicia en México y los alcances limitados que una investigación ministerial podría tener en torno a la satisfacción del derecho a la verdad, es una obligación fundamental de cualquier Estado en casos de desaparición forzada.

Señalan que hay una serie de carencias administrativas: recursos escasos e insuficiente personal, que además está poco capacitado para investigar las violaciones del pasado.

Dieron cuenta también de la prevalencia de la jurisdicción militar para indagar aquellos crímenes de lesa humanidad en los que intervinieron elementos castrenses. Este hecho, sostienen, es preludio de impunidad dada la ausencia de independencia e imparcialidad de la jurisdicción militar al investigar acciones provenientes de la misma institución.

Asimismo, los organismos de derechos humanos presentes en la audiencia de la CDIH en Washington hicieron notar que la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la imprescriptibilidad del delito de privación ilegal de la libertad, en el caso de los acusados de desaparición de Jesús Piedra Ibarra, "abre por primera vez la posibilidad de que el máximo tribunal mexicano emita un fallo sobre los crímenes del pasado, pero eso no es suficiente para aseverar que el Poder Judicial ha asumido un criterio progresista como garante de los derechos humanos".