Ochenta mil millones de pesos, monto que la ASF exige descontar a cuatro bancos

Hoy decide la Corte sobre los créditos irregulares incorporados al Fobaproa

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy uno de los asuntos más polémicos e importantes de los últimos años. Determinará acerca de la validez de los siete oficios en los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la Secretaría de Hacienda descontar a cuatro bancos los créditos irregulares por 80 mil milllones de pesos que se convirtieron en deuda pública.

De prosperar el proyecto presentado por el ministro Juventino V. Castro y Castro, la controversia constitucional, promovida por el presidente Vicente Fox contra actos de la ASF, se declararía improcedente y se sobreseería.

En caso de que la mayoría apoye el último borrador del proyecto de resolución de la controversia 36/2003, que fue entregado por Castro y Castro el miércoles pasado y que ayer fue discutido en sesión privada, las cosas quedarían tal como están; es decir, estarían firmes las auditorías realizadas por la ASF a la cuenta pública de 2000.

En esos documentos la ASF, órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados -por lo que también ésta fue demandada en la controversia constitucional-, identificó "créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos", como el caso de préstamos en litigio, de empresas en quiebra o en suspensión de pagos, e incluso intereses moratorios que fueron ilegalmente considerados "en calidad de reservas".

Sin embargo, trascendió que no todos los ministros comparten la opinión del proyecto de dictamen que elaboró Castro.

Algunos consideran que el asunto es de tal trascendencia para la vida política y económica del país, que la Corte no puede "evadir" entrar al fondo del asunto y establecer cuestiones tan importantes como los límites de la actuación de la ASF en la revisión de la cuenta pública y los alcances de sus resoluciones; es decir, si los auditores que dependen de la Cámara de Diputados tienen facultades para ordenarle a las dependencias del Ejecutivo cómo corregir sus irregularidades en la aplicación del presupuesto.

La primera condición para que los ministros puedan discutir "el fondo" de la controversia, planteada en abril pasado por Fox, es que se considere que la demanda es procedente y después establecer si está fundada y definir cuál de las partes tiene la razón.

Pero si se define que la queja es extemporánea, que es uno de los principales argumentos planteados por Castro, entonces los ministros ya no tendrían por qué analizar el resto de la queja, por lo que toda la argumentación de las partes quedaría para el anecdotario.

Cabe señalar que aun cuando el asunto tiene casi seis meses en la Corte, llama la atención que el ministro Juan Silva Meza apenas se haya reincorporado ayer a la discusión, toda vez que estuvo de vacaciones y después cumplió compromisos oficiales en nombre del máximo tribunal en el viejo continente. Ello quiere decir que la mayoría ya tiene un criterio definido y que, a pesar de que Silva Meza no compartiera su punto de vista, el resultado de la votación sería el mismo.

Los siete oficios impugnados por la ASF, correspondientes a los días 7 y 20 de marzo pasado, tienen que ver con cartera vencida que transfirieron Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Entre los ministros también hay quienes han externado a sus compañeros que la ASF tiene facultades para revisar la cuenta pública, pero no para ordenarle a las dependencias del Ejecutivo la forma en que deben corregir irregularidades en sus cuentas. Para que este punto de vista sea tomado en consideración, la controversia tendría que pasar primero la prueba de la procedencia y después la de fundamentación.

La resolución de esta controversia es independiente de otra demanda similar que también interpuso el Ejecutivo federal contra la ASF, aunque la segunda, que apenas está en etapa de estudio, tiene que ver con oficios relacionados con la cuenta pública de 2001.