Contradictoria exposición del titular de Energía en San Lázaro; protestan trabajadores del SME

La reforma eléctrica: ni panacea ni tragedia, dice Felipe Calderón

Con los CSM a Repsol, Pemex corre el riesgo de convertirse "en un simple monitor": Francisco Rojas Las modificaciones del régimen fiscal, "apenas en bosquejo", revela el secretario

ISRAEL RODRIGUEZ Y JOSE A. ROMAN

En una posición contradictoria, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa dijo, por un lado, que la reforma al sector eléctrico no pasa por la privatización, pero por el otro avaló la participación del capital privado para enfrentar los nuevos requerimientos de infraestructura energética.

Pero tras casi cuatro horas de comparecencia con los diputados de la Comisión de Energía, el funcionario reconoció, ante los reporteros, que la reforma eléctrica "no es la panacea, pero tampoco es tragedia", aunque sí es la diferencia entre tener o no mayor crecimiento económico.

En un nuevo viraje a la propuesta original del Ejecutivo en torno a privatizar el sector eléctrico, el secretario de Energía inicialmente aseguró que "ni un solo metro de cable, ni una sola instalación, ni un solo generador se venderían al sector privado" en la propuesta de reforma que ahora plantea el gobierno federal.

En su comparecencia, con motivo de la glosa del tercer Informe de Gobierno, el funcionario, sin embargo, argumentó la necesidad de recurrir a la inversión privada nacional o extranjera como complemento en este sector ante la insuficiencia de recursos del Estado para financiar el desarrollo de la industria.

Ante los representantes de las diversas fracciones parlamentarias, Calderón Hinojosa expresó: "Estamos buscando criterios generales para una propuesta al sector, donde partimos precisamente de premisas distintas de las que se partió en otra ocasión".

La propuesta de reforma de 98-99, recordó, preveía la participación de particulares no sólo en la generación, sino también en la transmisión, en la distribución de la energía eléctrica; preveía la venta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y evidentemente esas propuestas han sido desechadas en el debate.

En un afán por convencer a los diputados para impulsar una reforma energética, Calderón Hinojosa afirmó que las empresas deben ser públicas y no deben ser protegidas como tales, sino fortalecidas. En esos momentos, a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro, unos 300 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por su líder, Rosendo Flores, se manifestaron contra la privatización del sector energético.

En las casi cuatro horas que duró su comparecencia, Calderón Hinojosa insistió una y otra vez en que la propuesta del gobierno federal no es la privatización de sus empresas del sector, sino incluso pretende fortalecerlas. "No deben ser vendidas a particulares, sino que debe establecerse un compromiso político, público y presupuestal con su fortalecimiento y que no daña, al contrario, beneficia al país el que podamos ampliar la posibilidad de participación de la inversión no sólo pública que debe reforzarse, sino también diferente a la del Estado", matizó.

Previamente, ante los legisladores en el Salón Verde, el titular de la Secretaría de Energía defendió el esquema conocido como contratos de servicios múltiples (CSM), que permiten a las empresas trasnacionales explorar y explotar el gas no asociado en la cuenca de Burgos, la región gasífera más importante del país, ubicada entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Ante la defensa de la presunta legalidad y el apego a la Constitución de los CSM que desplegó Felipe Calderón, el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora diputado por la bancada del PRI Francisco Rojas Gutiérrez advirtió que, con la reciente adjudicación de uno de los siete bloques asignados a la empresa española Repsol, la paraestatal corre el riesgo de convertirse "en un simple organismo de monitoreo".

Rojas Gutiérrez fue enfático al señalar: "Bienvenida la inversión extranjera cuando es para colaborar y no para sustituir a Pemex. No tenemos por qué ahora entregar nuestros recursos, porque estos contratos son contrarios a los preceptos constitucionales. Es muy claro que la explotación compete al Estado mexicano", y reprochó que con esas decisiones se afecta a la economía nacional en su conjunto. Hizo un llamado a "no abdicar al derecho de administrar nuestras riquezas".

Los CSM, dijo, son más que contratos de obra, son una concesión; Pemex cuenta con la tecnología y con los recursos para estas obras, aseguró el legislador priísta, quien en su intervención dijo que el problema de fondo que impide el financiamiento de la paraestatal es la excesiva carga fiscal que le impone el gobierno federal para el gasto público.

Incluso, planteó que ante esta realidad la reforma verdaderamente prioritaria es la fiscal, pues de lograrse permitiría liberar recursos económicos para financiar las empresas del sector energético y permitirles capitalizarse por medio de la reinversión de sus utilidades.

Ante los múltiples reclamos de los diputados -principalmente de PRD, PT y PVEM- de otorgar a Pemex y a la CFE autonomía de gestión y una modificación a la pesada carga fiscal, el secretario Calderón reveló que las modificaciones del régimen fiscal de Pemex "están apenas en bosquejo", en pláticas, pero advirtió que ante sus implicaciones debe ser revisado "con mucho cuidado".

Reiteró que la inversión requerida en el sector eléctrico para los próximos diez años es de 560 mil millones de pesos. Informó que los compromisos de los proyectos de infraestructura financiada con impacto diferido en el gasto público (Pidiregas) asciende a 415 mil millones de pesos sólo en el sector eléctrico.

Ante estos requerimientos, insistió en la participación necesaria del sector privado para impulsar el crecimiento económico debido a que cada punto porcentual de crecimiento tiene un efecto multiplicador y se crean 100 mil empleos.

Respecto a la propuesta de eliminar el aprovechamiento anual de CFE -renta que el gobierno le cobra por ser propietario de los activos de la empresa-, que es de 40 mil millones de pesos anuales, no resolvería los problemas de capitalización, porque esta cantidad es apenas la mitad de los 80 mil millones de pesos que se recaudarían si se aplicara el IVA generalizado en alimentos y medicamentos.