| México D.F. Jueves 2 de octubre de 2003
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
La renuncia por el bien común
FERNANDO ABOITIZ debe renunciar. Los cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obviaron la ilegalidad del triunfo panista en la delegación Miguel Hidalgo deben renunciar.
PODRIAMOS DECIR, para abreviar el paso, que la "democracia" foxista llevó hoy a un reo de la justicia electoral a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo; con ello, el mismo Fox y sus cuatro magistrados del TEPJF trataron de tapar la ilegalidad cometida tanto por el panista que ahora pernocta en Los Pinos, en la campaña de 2000 para la Presidencia de la República, como por el jefe delegacional en Miguel Hidalgo.
PERO LA ilegalidad, que se ha convertido, también ahora, en forma de gobierno, resulta la prueba más contundente de que el panismo real y el priísmo no se diferencian en lo político ni nunca han estado en desacuerdo, porque pertenecen a un mismo proyecto surgido de la derecha beligerante.
LOS JUECES del TEPJF trataron de hacerle un favor a Fox, pero asesinaron el único, el último reducto de la incipiente "democracia" representativa que se publicitó como el más grande triunfo del ensayo de gobierno que se padece en la capital y en el país.
ABOITIZ SARO será, es delegado, pero sobre él pesará hasta el último día de su mandato el registro oficial de su triunfo espurio, porque en la memoria pública quedará indeleble el fallo del Instituto Electoral del Distrito Federal y el dictamen del Tribunal Electoral de esta ciudad, que lo hallaron culpable de abusar de los recursos públicos para ganar la elección.
ES MUY posible que hoy el Instituto Electoral dé vista al Ministerio Público del delito cometido por Aboitiz y también, no hay que olvidarlo, por Agustín Barrios Gómez. Y será en esa instancia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde deberá cumplirse la ley al pie de la letra.
EL CASO grave será sin duda el de Aboitiz, y mal haría la PGJDF si le tiembla la mano, le ganan los acuerdos políticos o las amenazas y deja en la impunidad el ilícito consumado.
Y más grave sería, sin duda, que el gobierno de la ciudad se hiciera cómplice de este hecho o fuera omiso en este caso, porque pese a todo, la legalidad debe ser premisa en este gobierno.
CUALQUIER DESVIO, cualquier resbalón conduciría al Gobierno del DF a una complicidad imperdonable y afectaría de inmediato la credibilidad de la gente en la gestión de López Obrador.
POR ESO el trabajo más difícil ahora está en manos de la justicia capitalina, que, como hasta ahora, no deberá temer a las campañas en contra ni a los juicios interesados. La diferencia de este gobierno con los otros deberá estar marcada, sin duda, por la legalidad.
PERO ADEMAS, Ƒcómo podrá el jefe delegacional poner orden, hacer justicia, gobernar desde la ilegalidad? ƑQuién o quiénes harán caso de los actos de gobierno si es sabido que el que los dicta está fuera de la ley?
EL CASO de Aboitiz ha puesto a prueba dos formas, hasta hoy muy diferentes, de actuar: la federal y la de la ciudad. La primera ha mostrado, por decir lo menos, ineficacia; la segunda está frente a la magnífica oportunidad de hacer sentir a la gente que en esta capital la ley no tiene compadres.
EL RESULTADO de este caso, venga como viniera, dejará lecciones para reflexionar, pero por lo pronto, para evitar más vergüenzas y otros males mayores. Aboitiz y los cuatro de Fox deben renunciar. Ni modo.
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