Las actuales instituciones democráticas del país tienen una deuda pendiente con las víctimas -asesinados, torturados, encarcelados, despedidos, perseguidos, calumniados- de la represión gubernamental del movimiento estudiantil y popular de 1968. Ese movimiento de esencia democratizadora y participativa, que reclamaba al régimen respeto a su propia lega- lidad, así como transparencia y rendición de cuentas, fue detonador de los procesos de apertura que habrían de sucederse en las décadas siguientes y que no fueron, ciertamente, graciosas concesiones del poder público y la clase política, sino arduas conquistas de los distintos sectores de la sociedad.

El difícil ensanchamiento de las libertades políticas, sindicales y de expresión, el acotamiento de las facultades hasta entonces omnímodas del representante del Ejecutivo federal, la dignificación de los otros poderes de la Unión, el fortalecimiento de las soberanías estatales, los avances de la pluralidad y la tolerancia en el país son, entre otros, fenómenos que no pueden entenderse sin la contribución de quienes, entre julio y octubre de 1968, salieron a las calles para apelar a la conciencia ciudadana y sufrieron la agresión, la persecución y la muerte a manos de policías, militares y agentes gubernamentales encubiertos, así como la satanización y el escarnio de medios de información sometidos en forma casi unánime a los designios del presidente Gustavo Díaz Ordaz y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez.

La impunidad de los asesinos vivos -intelectuales y materiales- y de los represores que actuaron contra el movimiento estudiantil, especialmente en la matanza perpetrada hoy hace 35 años en la Plaza de la Tres Culturas, en Tlatelolco, habría podido explicarse hasta el año 2000 por la permanencia en el poder del mismo partido que colocó a Díaz Ordaz en la Presidencia.

Parecía entendible, si no justificable, que los hijos y nietos políticos del asesino -Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo- persistieran en el encubrimiento y en la obstrucción de las demandas de justicia, sobre todo si se considera que el propio Echeverría tiene responsabilidades insoslayables en la represión, y que su sucesor continuó la guerra sucia contra las disidencias políticas.

En cambio es incomprensible la incapacidad o la falta de voluntad del actual gobierno para procesar y sancionar conforme a derecho a los represores de hace siete lustros. Y es que, ya transcurrida la mitad de su mandato, el gobierno foxista no ha ido más allá de los formalismos: estableció, sí, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y puso a disposición del público los restos que encontró de los archivos oficiales relacionados con el movimiento estudiantil y con su violenta represión. Pero hasta la fecha no hay un solo consignado, mucho menos un sentenciado, por los asesinatos, las lesiones, los secuestros, las torturas y otros actos bárbaros y vandálicos cometidos por funcionarios públicos en el año de los Juegos Olímpicos.

Sería positivo y reconfortante que el país pudiera superar, de una vez por todas, los crímenes de Estado cometidos hace 35 años por Díaz Ordaz y sus secuaces. Para ello se requiere, sin embargo, de la previa certeza de que tales actos no volverán a repetirse nunca, y esa certeza pasa, necesariamente, por el castigo a los responsables. Pero, en tanto no se haga justicia efectiva a los mártires y a las víctimas del gobierno represor y asesino de Díaz Ordaz, la institucionalidad actual seguirá estando en deuda con el pasado y no podrá hablarse de una consumada transición a la normalidad democrática y a la vigencia plena del estado de derecho. El 2 de octubre, en consecuencia, no se olvida.