Reitera el presidente colombiano críticas a ONG

Defiende Uribe su proyecto de dar libertad a paramilitares e insurgentes

AFP, DPA Y REUTERS

Nueva York, 30 de septiembre. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, defendió hoy ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su controvertido proyecto de dejar en libertad condicional a alzados en armas que se desmovilicen, y reiteró que se reserva el derecho a "disentir frente a informes sesgados", en alusión a las organizaciones no gubernamentales que han cuestionado su proyecto.

Sostuvo que esa política es para proteger a todos los ciudadanos sin distinción de su estatus socio-económico, político o religioso. "Para derrotar al terrorismo no tenemos dilemas. Sin embargo, hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre paz y justicia", apuntó, y reconoció que dicho plan "ha generado controversia nacional e internacional".

Subrayó que hay unos 30 mil "terroristas" en su país, en alusión a los paramilitares de extrema derecha y a las guerrillas de izquierda, y aseveró que "la paz es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror". Con todo, se mostró conciliador al señalar que estaba abierto a modificar el texto final del proyecto.

El gobierno lleva a cabo negociaciones con los paramilitares de derecha que combaten a las guerrillas y los campesinos en sus zonas de influencia, y su cuestionado proyecto de inmunidad está dirigido a estos sectores, aunque no descarta incluir en eventuales negociaciones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero el proyecto de libertad condicional a paramilitares e insurgentes, que daría a Uribe la facultad de conmutar las penas carcelarias por compensaciones económicas a las víctimas de la violencia, le acarreó fuertes críticas de la ONU, congresistas estadunidenses y diversos organismos humanitarios como Human Rights Watch, que creen que dejará impunes delitos atroces.

Al rechazar este mes el informe sobre violaciones a los derechos humanos, Embrujo autoritario, Uribe acusó a las ONG de "politiqueras al servicio del terrorismo", en lo que fue repudiado por la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, entre otras organizaciones.

A todo esto, Uribe afirmó este día que "si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la observación internacional. Respetamos organizaciones y trabajadores de los derechos humanos que procedan con seriedad, respetamos críticas y sugerencias constructivas". Al respecto citó a aquellos organismos que han denunciado el reclutamientos de menores de edad en los grupos irregulares.

Si bien asentó que "estas organizaciones son un aporte al mejoramiento de las condiciones democráticas", agregó que "nos reservamos el derecho a disentir frente a informes sesgados que distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático de seguridad". Incluso, indicó que en Colombia terrorismo, droga, violencia e inseguridad son la misma cosa, por lo que llamó a la comunidad internacional a brindarle su respaldo.

Alvaro Uribe tuvo también palabras de agradecimiento para el secretario general de la ONU, Kofi Annan, por sus buenos oficios en búsqueda de la paz con las FARC y para lograr la liberación de secuestrados, pero atribuyó la falta de resultados a "los terroristas".

Más tarde Uribe se reunió en Washington con el secretario de Estado, Colin Powell, quien le agradeció la reciente firma del acuerdo que otorga inmunidad a los estadunidenses ante la Corte Penal Internacional por cualquier tipo de crímenes que cometan.

Powell dio el espaldarazo al visitante al declararse "impresionado" por su lucha contra el narcotráfico y la violencia, y por su "compromiso" con el respeto a los derechos humanos, así como por el incremento en las extradiciones de narcotraficantes y guerrilleros capturados.

En Colombia, la Iglesia católica aceptó mediar entre el gobierno y el ELN para la liberación de siete turistas extranjeros, mientras que un grupo de países amigos del diálogo con esa guerrilla también se aprestaban a realizar gestiones.

Amnistía Internacional y Brasil, por separado, expresaron su enérgica condena por el atentado del domingo en Caquetá, que dejó una docena de muertos y medio centenar de heridos.