Exigen castigar a los culpables de la ejecución de David Aguilar

Estimada Carmen: Atentamente te solicitamos incluyas el comunicado siguiente en la leída página de El Correo Ilustrado del diario que diriges:

Un día de diciembre de 1965 el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, capitán Fernando Gutiérrez Barrios, firmado con su puño y letra, envió a sus superiores un informe sobre David Aguilar Mora, que en su párrafo final incluía las siguientes líneas: "David Aguilar Mora fue detenido en la ciudad de Guatemala el 8 de diciembre en curso, sabiéndose que la policía guatemalteca lo está torturando para que firme declaraciones confesando estar complicado en los secuestros ocurridos recientemente en la capital de esta nación, lo que significaría su condena a muerte".

Uno de los destinatarios directos de este informe era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, quien, de acuerdo con su función, debió haber informado a su vez a su superior inmediato, el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

El documento original firmado por Gutiérrez Barrios, hecho público el sábado 30 de agosto pasado por la investigadora Angeles Magdaleno, de la Fiscalía Especial que investiga los crímenes cometidos contra los movimientos sociales y políticos del pasado, confirma fehacientemente lo que sabíamos desde hace más de 37 años: la complicidad del gobierno de Díaz Ordaz en la desaparición y posterior ejecución del mexicano David Aguilar Mora efectuada por las manos criminales de los militares en el gobierno de Guatemala.

De los altos funcionarios directamente involucrados en esta complicidad criminal del infame gobierno diazordacista, todavía sobrevive Luis Echeverría quien, a todas luces, fue el principal responsable de no pocos crímenes de dicho gobierno después del propio presidente Díaz Ordaz.

Exigimos que se haga justicia y que la Fiscalía finque los cargos a que haya lugar para que se castigue a Echeverría y a todos los funcionarios que resulten involucrados por su complicidad en el crimen de la desaparición y la ejecución de David Aguilar Mora.

Por la Comisión: Manuel Aguilar Mora, Carlos Ferra Martínez, Julio Muñoz Rubio, Berta Mora Salas, Raúl Alvarez Garín, Federico Campbell, René Aguilar, Alejandro Alvarez, Tania Alvarez, Arnulfo Aquino, Enrique Avila, Leopoldo Ayala, José Luis Balcárcel (ciudadano guatemalteco), Elisa Benítez Portas (ciudadana guatemalteca), Helen Beristain, Jorge Bojalil, Carlota Botey, Mario Caballero, Roberto Campana, Patricia Castillejos, David Cilia, Ignacio Cepeda, Ismael Contreras, Efraín Cruz, Josefina Cruz, Carolina Díaz, Carlos Ferra, Eunice Ferra López, Javier Fernández García, Alma Flores, Jesús Flores, Alejandro Gálvez Cancino, Felipe Gálvez Cancino, Donato García, Jaime González, José Juan Grijalva, Manuel Gómez, Víctor Guerra, Alfredo Guerra, Félix Hernández Gamundi, Alejandro Jiménez, Luis K'Fong, Mirto Kleia González, Irán Lagos, Miguel Lara Aparicio, Claudia Llanos, Ana María López, Guadalupe López, Antonio Martínez Torres, Ricardo Martínez Lacy, Eduardo Meléndez, Daniel Molina, Benjamín Molina, María Carmen Molina, Luis Morett, Jerónimo Muñoz, Margarita Muñoz, José Luis Marín, Javier Mireles, Wilber Novelo, Hiram Núñez, Jorge Ocampo, María Rosa Palazón, Nicolás Pérez Ramírez, Juan Pablo de Pina García, Mercedes Perelló, Emilio Reza, Ana Ignacia Rodríguez, Margarita Rosado, David Roura, Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio), Andrea Sánchez Quintana, Roberto Sánchez, María Stoope, Raúl Villegas Dávalos, Fausto Trejo, Andrea Trejo Márquez, Angel Vargas Nicasio, Alvaro Vázquez, David Vega, Carolina Verduzco, Teresa Juárez, Aída Vázquez Juárez, Gerardino Mata García, Edgardo Hernández Vázquez, José Luis Valadez, David Delgado Viveros, Alfredo Rodríguez, José Antonio Cortés Ascencio, Ernesto Reyes, Carmen Merino, Víctor Acuña, Miguel Yedra, Jorge Pérez Vega, Adolfo Palma, Lucy Castillo, Ana María Muñoz, Uziel Enríquez, Pastora del Moral, Evaristo Casanova, Melinda Gatica, Luis Velázquez Ramírez, Baldomero Alberrán, Martín Zepeda Landa, Miguel Angel Sámano, Guadalupe Betancourt, Rafael Ortega, Pilar Martínez Téllez, Jefferson King Dávalos, Francisco Struck, Rafael Ortega, Cristóbal Santos, Guillermo Ortiz Martínez, Eduardo Carrillo, Bernardino Mata García, Benjamín Froylán y otras firmas más

Denuncia Asociación Gubiña XXI represión contra su directiva

Señora directora: Agradecemos la publicación en El Correo Ilustrado de esta comunicación dirigida al C. Vicente Fox, presidente de México, y a la C. Xóchitl Gálvez, responsable de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas:

En días recientes la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (antes INI) nos notificó el apoyo para la segunda etapa de nuestro proyecto Derechos Indígenas, Justicia Agraria, Protección Jurídica de Recursos Naturales y Fortalecimiento del Sistema Normativo Comunitario, por lo que Jesús Vázquez Ramírez y Sofía Olhovich, coordinador y tesorero de nuestra asociación Gubiña XXI, AC, fueron citados el 30 de septiembre en las oficinas de INI en Laollaga, Oaxaca. Nos parece lamentable no poder asistir, ya que no existen las condiciones de seguridad, dada la extrema represión y violación de los derechos humanos que vive nuestra directiva, como a continuación se señala:

1. En junio de 2002, Gubiña XXI, AC, presentó al Instituto Nacional Indigenista la primera etapa de dicho proyecto, con los propósitos de: fortalecer la asamblea comunitaria, difundir los derechos indígenas, solucionar el conflicto agrario entre nuestra comunidad y la de San Dionisio del Mar y defender el ecosistema lagunario, logrando la suspensión de la granja camaronícola que pretendía arrasar con cerca de 100 hectáreas de manglar. Ecocidio promovido por el corrupto y asesino edil Armando Sánchez Ruiz sin contar con la autorización de la Semarnat.

2. El 13 de febrero la policía municipal, por órdenes del edil Armando Sánchez Ruiz, disparó contra el pueblo que esperaba de manera pacífica, frente al palacio municipal, a la comisión auditora del Congreso local, resultando un muerto y 10 heridos. Desde entonces hemos vivido la persecución en contra del Consejo Ciudadano Unihidalguense y de los integrantes de Gubiña XXI, AC: Carlos Manzo, nuestro asesor, es preso político en el penal de Tehuantepec, acusado de robo, privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio, delitos prefabricados por el edil priísta y sus incondicionales del cabildo, quienes cuentan con el respaldo del gobierno del estado de Oaxaca. Por los mismos supuestos delitos, Jesús Vázquez Ramírez y Sofía Olhovich, coordinador y tesorera de nuestra asociación, tienen órdenes de aprehensión.

A siete meses del conflicto y para evitar más hechos sangrientos, hacemos un llamado urgente al C. Vicente Fox, a la C. Xóchitl Gálvez y al gobernador de Oaxaca para el restablecimiento de la gobernabilidad y el estado de derecho en nuestra comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.

Solicitamos una reunión urgente con la C. Xóchitl Gálvez en la ciudad de México para tomar las decisiones correspondientes en relación con nuestro proyecto.

Atentamente

Gubiña XXI, AC, Jesús Vázquez Ramírez, coordinador; Sofía Olhovich Filonova, tesorera;Carlos Manzo, asesor; Hilda Rivera Pineda, secretaria general, y Jesús Martínez Cabrera, consejero general

Insta la Procuraduría capitalina a quejoso a presentar denuncia

Señora directora: Leí con atención la carta que firma el señor Jesús Canales García, publicada el pasado lunes en su sección El Correo Ilustrado, en donde denuncia que es víctima de un cobro indebido por compras que nunca realizó en Wal- Mart.

A través de este espacio, se invita al señor Canales a que acuda a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales o a la agencia 50 del Ministerio Público, ubicadas en Gabriel Hernández 56, segundo piso, y Doctor Lavista, respectivamente, colonia Doctores, para que levante la denuncia correspondiente y se inicie de inmediato la averiguación previa, por los hechos que relata.

Agradeciendo la publicación de la presente, le envío un cordial saludo.

Lic. Héctor Ramos Aguilar, director general de la Unidad de Comunicación Social

Aclara INAH situación de la zona arqueológica de Chacchoben

Señora directora: Me permito solicitarle sea tan gentil de publicar la siguiente aclaración a la nota publicada el pasado 29 de septiembre, en la sección Sociedad y Justicia del diario que usted atinadamente dirige, la cual llevaba como encabezado "Ejidatarios rescatan y protegen zona arqueológica", respecto de la cual es conveniente hacer algunas precisiones:

- El patrimonio arqueológico de México, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es propiedad de la nación y su custodia corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia; por esta razón este instituto no está en posibilidades de ceder ningún derecho sobre la zona arqueológica de Chacchoben.

- Esta zona, abierta al público en el año 2002 es administrada por el INAH al igual que todas las zonas arqueológicas abiertas al público en el país y tiene una cuota de ingreso de 32 pesos, autorizada en la Ley Federal de Derechos del presente ejercicio.

- El INAH firmó con el ejido de Chacchoben un convenio mediante el cual se acordó que los ejidatarios administrarían la unidad de servicios en la zona arqueológica, es decir, baños, restaurante y tienda de artesanías, entre otros. Los recursos que el ejido recauda por este concepto no tienen ninguna relación con las tarifas de ingreso al sitio arqueológico.

- El Instituto Nacional de Antropología e Historia participará en todo programa que tenga como meta establecer una mejor relación con las comunidades vecinas a los sitios arqueológicos abiertos al público; en este sentido celebra que el ejido de Chacchoben tenga la permanente intención de mejorar su calidad de vida.

Rubén Regnier Petatán, director de Medios de Comunicación del INAH
 
 
 

El Correo Ilustrado