Cumple una semana el plan de seguridad

Predominan suspicacia y escepticismo en Juárez

ONG se quejan del doble rasero de la justicia

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, 1Ɔ de agoisto. A un lado del edificio de la Procuraduría General de la República, en el cruce de las avenidas Lincoln y Hermanos Escobar, emerge una discoteca conocida como La Esfinge, por emular a una de las famosas pirámides egipcias. Aquí todo mundo sabe que ese centro nocturno fue construido por el hijo de Rafael Aguilar Guajardo, reconocido como el fundador del cártel de Ciudad Juárez y asesinado en Cancún en abril de 1993. La Esfinge es de las pocas discotecas de alta inversión que sobrevive junto al ostentoso edificio con helipuerto de la dependencia federal encargada de combatir el crimen organizado.

Así es todo en esta ciudad que ganó terreno al desierto para crear el mito de El Dorado en la frontera con El Paso, Texas. Ahora sólo quedan pálidos reflejos de ese botín urbano, donde 70 por ciento de su población proviene de otras entidades en busca de la mano de obra de la industria maquiladora que en los dos años recientes ha perdido 90 mil, de un total de 215 mil plazas laborales distribuidas en 350 plantas, la gran mayoría, armadoras de carros y de partes electrónicas.

El crimen organizado, como la humedad, penetra todo y convive, en un juego de apariencias y de pactos no escritos con el Estado. Algunos creen que con la muerte del poderoso capo, Amado Carrillo Fuentes, lejos de haberse desarticulado el cártel, se ha convertido en una hidra de mil cabezas que deja huellas por todos lados y que desafía constantemente a la sociedad y al gobierno.

Y qué mayor desafío del crimen organizado que la sucesión de asesinatos y de secuestros contra mujeres en las calles áridas de esta ciudad, en las avenidas más céntricas, en escuelas de cómputo o en los propios hogares. Hasta los símbolos oficiales de la política de género están imbricados con la sombra poderosa del narco, de sus protectores o de sus personeros. Por mencionar uno de los ejemplos más emblemáticos, en la avenida Paseo Triunfo de la República destaca otro edificio de cinco pisos que porta el nombre de Hospital de la Mujer. Este sitio originalmente era conocido como el Palacio del César, que mandó construir otro poderoso capo, de mediados de la década de los 80, Gilberto Ontiveros Lucero, El Greñas, señalado como uno de los introductores de las drogas de diseño en esos años. El gobierno de Patricio Martínez decidió reconvertirlo en un Hospital de la Mujer para que no digan que no se preocupa por la salud de 60 por ciento de la población juarense.

El desánimo y la desconfianza social prevalecen en localidad fronteriza, castigada no sólo por la mala fama de los feminicidios y por el narcotráfico, sino por el cierre de fuentes de empleos, por la disminución de visitantes estadunidenses después de los atentados del 11 de septiembre, y ahora por el operativo de seguridad que ha desplegado en las calles a cientos de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en busca de picaderos (centros de distribución de cocaína).

La legendaria vida nocturna de Ciudad Juárez hoy está transformada en una metáfora de la Comala de Juan Rulfo. En la madrugada, sólo los fantasmas de la noche vagan sobre la avenida Juárez, y uno que otro policía del operativo de la PFP, cuya presencia sólo despierta suspicacias. Los perros en la madrugada ladran a las escasas motos que se dirigen hacia el Puente de Santa Fe. Unos mariachis juegan una cascarita ante la falta de clientes en la madrugada del jueves. Bares como el Noa-Noa y el Sinaloa se mantienen cerrados. En cambio, sólo se observan unas frondosas prostitutas a la puerta del hotel Sureste, a dos locales del Templo Bautista, único centro religioso que compite con las farmacias y las casas de cambio de esta calle que antes era famosa por nunca dormir.

El aparatoso Plan Integral de Seguridad Pública no preocupa a la opinión pública. La prensa local, en los días recientes, se ha concentrado en los numerosos accidentes viales que provocan casi tantos muertos como las narco-ejecuciones. Tan sólo el viernes 25 de julio, un accidente vial causó cinco muertos y, según informes del Hospital General de Zona del Seguro Social, un promedio de 500 lesionados en accidentes viales cada semana. De enero a julio, según El Diario, han muerto 75 personas en accidentes viales. Ante la presión de la prensa local, el ayuntamiento panista anunció que endurecerá las medidas policiacas contra cualquier tipo de infracción para evitar accidentes viales.

Escépticos, los medios locales han documentado que, pese al despliegue de cientos de elementos de la PFP, el día que comenzó el operativo un banco fue asaltado en las avenidas Tecnológico y Nuevo León, y los agentes judiciales locales encontraron al día siguiente de la visita del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, tres cuerpos de mujeres asesinadas en el Valle de Juárez. Aunque, según la procuraduría estatal, el presunto autor intelectual es un narcotraficante, éste se ha negado a cooperar con los agentes federales.

En combate permanente con la opinión pública nacional e internacional, el gobernador Martínez anunció el pasado miércoles que enviará una iniciativa al Congreso local para que las penas de todos los delitos que se cometan sean acumulables, desde los consumidores de drogas hasta los feminicidas. Golpe de imagen frente al escepticismo ciudadano. "Que de una vez lo sepan -contabilizó Patricio Martínez- los 50 años serán por un delito, más 10 de otro, más 15 de otro, más 20 de otro y podrán acumular una cantidad tal de años que no podrán salir por el resto de sus días de la cárcel". "Si tan sólo se cumplieran las leyes no tendríamos por qué incrementar las penas", señala una madre de las víctimas del feminicidio.

El mal, y la "alta" y "baja" sociedad civil

Las cámaras empresariales, aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial, pagaron durante esta semana sendos desplegados con la frase "Lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada". Según los empresarios, "la inseguridad ha disminuido la calidad devida de nuestras familias; ha desalentado la inversión y la creación de empleos, ha afectado la economía de todos". En apoyo al Plan Integral de Seguridad Pública es necesario que se presente "un frente común ante los delincuentes, la corrupción y la impunidad". Sin embargo, no señalan cómo hacer para enfrentar ninguno de estos males.

Una de las claves de lo que la "gente bien" piensa en Ciudad Juárez fue explicada por Angélica Fuentes, presentada el pasado martes 22 de julio como representante de la "alta sociedad civil" ante los funcionarios federales: "la falta de religiosidad y de valores espirituales" es una de las primeras causas de los crímenes contra las mujeres.

La participación en el acto de Angélica Fuentes -señalada como integrante del poderoso clan familiar Zaragoza-Fuentes, dueño de tiendas de autoservicio, de la gasera Zeta y del Autotel Las Fuentes (donde estuvieron las tres últimas víctimas que aparecieron muertas en el Valle de Juárez)- ha indignado a representantes de las organizaciones no gubernamentales. "Hay un sentimiento de asco", confía un representante de una ONG que, como muchos en Ciudad Juárez, señalan a la familia Zaragoza-Fuentes como parte del problema de los asesinatos de mujeres. A ellos nadie los investiga. Por el contrario, mencionarlos públicamente se convierte en especie de tabú y en riesgo para la vida propia.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, que apareció asesinada el 21 de febrero de 2001, se quejó: "La tónica de los organismos empresariales es que no digamos nada porque se ahuyentan las inversiones".

"Cuando encuentran un cuerpo, todo mundo quiere opinar y quiere decir, pero al tercer día ya no se dice nada. El hecho de que el gobierno desvirtúe a las víctimas causa apatía entre los ciudadanos. Y los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, de la Asociación de Maquiladoras, a los primeros días, opinan, se alarman, pero no apoyan ni se solidarizan con las víctimas", abundó Andrade, durante la conferencia que sostuvo con los visitadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ese acto, Alma Gómez, representante de la organización chihuahuense Justicia para Nuestras Hijas, dio otro ejemplo del doble rasero de la justicia entre la "alta" y la "baja" sociedad civil: en junio desapareció la hija del dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Toda la policía se movilizó y en unos cuantos días apareció la muchacha. Sin embargo, esa celeridad no se ha dado para encontrar a nueve muchachas que han sido reportadas como desaparecidas en el último año en la capital chihuahuense, hacia donde se ha extendido el patrón de desaparición-hallazgo de osamentas presentado en Ciudad Juárez.

La maquila se defiende

Con ánimo de cooperación, el presidente de la Asociación de Maquiladoras AC, Rubén Parga, subraya que desde octubre del año pasado su organización ha pedido la participación de las autoridades federales para garantizar la seguridad juarense. Su aportación en el Plan Integral de Seguridad Pública es proporcionar una de las naves de la empresa Lear Corporation para los agentes de la PFP.

Sobre el problema de la inseguridad en las maquiladoras y su relación con los crímenes de mujeres, Rubén Parga afirma que "de por sí, son muchas muertas, pero no todos los homicidios tienen que ver con los crímenes seriales. Nos satanizan a todo Ciudad Juárez, con lo de las muertes. Ya sé que no es consuelo, pero en otras ciudades también se registran crímenes contra mujeres".

Parga, cuya asociación aglutina a 170 de las 350 maquiladoras que se establecieron en Ciudad Juárez desde 1965, afirma que "ninguna de las maquiladoras se ha ido por el asunto de los crímenes, pero sí nos quita mucha ventaja competitiva el hecho de que seamos conocidos más por esto". Concede, sin embargo, que de unos tres años a la fecha el impacto de los asesinatos los ha afectado en términos de imagen.

El industrial afirma que las maquiladoras sí han hecho su parte para garantizar la seguridad de sus trabajadoras. Menciona que con el grupo 16 de la policía municipal se ha entrenado a alrededor de 6 mil trabajadoras en defensa personal. "Nosotros lo único que hacemos es juntar a la gente, prestar los servicios que se necesitan para los servicios".

Afirma que ahora el número de ocupados por la maquila son 50 por ciento varones y 50 por ciento mujeres. Antes eran 30 por ciento mujeres y 70 por ciento varones, pero "ahora ese paradigma" cambió.

En relación con el Programa Integral de Seguridad Pública el representante de los maquiladores afirma que esperarán a que pasen los primeros 30 días y que el gobierno haga su evaluación. "Vamos a esperar a que hablen ellos. Y de ahí daremos el sentir de nosotros".