El abandono por el Banco Mundial (BM) de las recetas de privatización a ultranza de todos los bienes y servicios públicos, medidas que en América Latina causaron graves estragos económicos y sociales durante la década pasada, es el canto del cisne de una estrategia económica depredadora, generadora de corrupción, multiplicadora de la desigualdad y la miseria y fuente de desestabilización e ingobernabilidad.

El mito de que el Estado era, inherentemente, un mal administrador, y que los empresarios eran, en cambio, eficientes y pulcros, se fue derrumbando en diversos episodios: las quiebras y los desfalcos experimentados por los bancos privatizados en media docena de naciones latinoamericanas -México entre ellas-; el descubrimiento de que en casi todas las desincorporaciones operaron redes de corrupción; la ineptitud de los empresarios para dirigir las compañías vendidas; la utilización clientelar y mafiosa de los fondos procedentes de las privatizaciones -recuérdese el Pronasol de Carlos Salinas-; los movimientos de resistencia y repudio generados por el paso de servicios públicos a manos privadas -como los cruentos conflictos ocurridos en Bolivia porque una entidad privada triplicó de golpe los precios del agua potable-, y la desmoralización y la erosión institucionales causadas por las obsesiones neoliberales de "adelgazar el Estado".

Ante la evidencia de la catástrofe provocada por sus propias recetas, el BM se muestra ahora más cauteloso y mesurado a la hora de formular sus dictados a los ministerios de Economía de los países de este hemisferio. Adicionalmente, y por fortuna, los fundamentalistas de la ortodoxia económica, al estilo de Menem, Fujimori y Zedillo, entre otros, han experimentado un severo reflujo político, en tanto que gobernantes más sensatos y sensibles, como Luis Inazio Lula da Silva, en Brasil, y Néstor Kirchner, en Argentina, empiezan a configurar políticas económicas alternativas.

Por lo que a México concierne, resulta difícilmente explicable el empecinamiento del actual gobierno en consumar, contra viento y marea, la liquidación de los sectores públicos que sobrevivieron a la obsesión privatizadora de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo: la industria petrolera y la generación de energía eléctrica.

Igualmente extraña es la contradicción del BM, el cual, por una parte, porfía en recomendar "la entrada de particulares" en el sector energético y en la distribución de agua, mientras que por la otra reconoce que las privatizaciones de los tres sexenios anteriores provocaron un incremento de la desigualdad y resultados "decepcionantes" en el agro, y que no incidieron en un repunte económico relevante.

Por lo que puede apreciarse, el pensamiento neoliberal ha perdido la iniciativa, la oportunidad y hasta la coherencia. A estas alturas, un nuevo empeño privatizador carente de argumentos sólo podría entenderse como una necedad o como expresión de intereses ilegítimos e inconfensables.