La Esma era un "infierno" de torturas y vejaciones, aseguran al juez español

Dos víctimas de la dictadura argentina testifican ante Garzón contra Cavallo

Aún se trabaja con "capitales espurios, obtenidos del patrimonio de desaparecidos", acusan

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid 2 de julio. Dos víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983) testificaron hoy ante Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional española, a cargo del proceso del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, cuya liberación pidió la Fiscalía del Estado español por segunda ocasión.

Los abogados que defienden al ex represor argentino y el fiscal que representa al Estado español, el conservador Eduardo Fungairiño, mantienen posturas casi idénticas en el proceso judicial: ambos exigen la libertad incondicional de Cavallo con el argumento de que los tribunales españoles no tienen "jurisdicción" para asumir el caso.

La defensa además esgrime que Sérpico -como se conocía a Cavallo en el campo de concentración que funcionaba en instalaciones de la marina- realizó sus actividades en calidad de capitán de corbeta de la armada argentina, es decir, como miembro de la milicia.

El juez Garzón -quien ordenó la prisión incondicional contra Cavallo el pasado domingo y su posterior traslado a la cárcel de alta seguridad de Soto Real- pretende juzgar al detenido por los delitos de genocidio y terrorismo, con base en testimonios y documentos entregados a lo largo de los pasados ocho años por víctimas y familiares de los más de 30 mil desaparecidos que dejó el régimen militar.

El abultado sumario muestra a Cavallo implicado en por lo menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Las primeras decisiones adoptadas por Garzón -los autos de prisión incondicional y de procesamiento- fueron contestadas por la defensa de Cavallo y la Fiscalía del Estado con sendos recursos de amparo, en los que se exige dejar "sin efecto la medida de prisión acordada" y se archive el procesamiento.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de Fungairiño, que fueron designados por el gobierno del derechista José María Aznar, han trabajado desde el inicio de juicios similares -los casos de Pinochet y de Guatemala- enfrentándose a las acciones del juez.

Este miércoles Garzón recibió en su juzgado de instrucción a dos víctimas de Cavallo, cuyos testimonios se añadirán al sumario antes de que se decrete su conclusión y de que la sala de lo penal decida la apertura del juicio.

El primero en declarar fue Marcelo Hernández, quien ahora vive en Francia y señaló: "Fui secuestrado por el grupo de tareas de la Esma y en el campo de concentración de ese lugar comenzó mi estadía de dos años en el infierno. La primera etapa fue muy dura y me cuesta mucho recordarla; sólo tengo en la memoria algunas imágenes: torturas, cuerpo desnudo, vejaciones, gritos, música fuerte, más gritos, más música fuerte, más torturas, más golpes, de gente que sale y entra. Uno se mete como en una especie de remolino que no sabe dónde termina".

El segundo testigo, hijo del abogado asesinado Conrado Gómez, aportó al juez documentación para acreditar que los militares robaron a su familia entre ocho y 12 millones de dólares, y que parte de este capital seguía en poder de Ricardo Miguel Cavallo cuando fue detenido en México en agosto de 2000.

El testigo tenía 11 años cuando su padre fue secuestrado. Agregó que Cavallo y sus cómplices se apropiaron de empresas, tierras, caballos de carrera y sociedades anónimas creadas por su padre. Estos activos fueron transferidos a dos empresas, Long Regent SA, y Maritel, SA, actualmente controladas por Miguel Angel Egea y Jorge Radice, y de las que fue socio y director el propio Sérpico.

Gómez también aportó documentos que prueban el depósito de 26 millones de dólares en diversos paraísos fiscales, entre ellos Suiza y Andorra. Esto significa, según el testigo, que "la Esma sigue existiendo en funciones, porque en la actualidad sus impulsores siguen trabajando con capitales espurios, obtenidos del patrimonio de los desaparecidos".

Por otro lado, la abogada de las familias de las dos monjas francesas desaparecidas en Argentina bajo la dictadura pidieron al juez responsable de las investigaciones en su país que éste solicite al juez Garzón la posibilidad de interrogar a Cavallo sobre el asunto.

La defensora también consideró vital para la investigación que se indague la participación de Cavallo en el funcionamiento del Centro Piloto de París, creado por la dictadura y que habría servido para realizar actividades de espionaje, sobre todo de miles de argentinos en el exilio.

Finalmente, Andrea Benítez Dumont, que el domingo pasado fue agredida por un agente antidisturbios cuando se concentraba a las puertas de la Audiencia Nacional para protestar contra Cavallo, fue acusada por "resistencia" y "agresión" a la autoridad.

"Si tengo que ir a la cárcel iré, pero no pienso pagar una multa que considero injusta y absurda", expresó la exiliada argentina, quien fue víctima de la dictadura militar.