Cuba dice: "es un plan definido" de la Casa Blanca; EU: se debe a la situación en la isla

La Habana y Washington temen nueva crisis migratoria; se culpan uno al otro

Ambos gobiernos consideran el problema de "alto riesgo" para su seguridad nacional

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 20 de abril. El fantasma de una nueva crisis migratoria volvió a agitarse en ambas orillas del Estrecho de Florida, y tanto Estados Unidos como Cuba se han apresurado a señalar con el dedo al contrario como el único culpable.

Washington dice que el deterioro de la situación económica y social en la isla es de tal magnitud que podría precipitar a corto plazo un nuevo intento de emigración masiva incontrolada e ilegal. En La Habana se percibe el peligro como un plan definido desde la Casa Blanca para atizar la hoguera con un fuerte recorte en la expedición de visas, combinado con la ley que premia con la residencia a los cubanos que llegan a tierra firme estadunidense y otros estímulos a la emigración indocumentada y violenta.

Sin embargo, el escenario de miles de cubanos saliendo de la isla en precarias embarcaciones o en modernas lanchas rápidas operadas por traficantes, tratando de alcanzar el territorio sur de la Florida, es evaluado en ambas partes como un alto riesgo para la propia seguridad nacional.

Esta nueva ronda de conjeturas se disparó con la cadena de secuestros de aviones y embarcaciones en Cuba (siete en un semestre), que se aceleró en el último mes, con el desvío de dos aeronaves y la lancha de pasajeros de la bahía de La Habana, cuyo último episodio fue el fusilamiento sumario de tres de los secuestradores.

Interés estratégico de EU

El 7 de abril pasado, el jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, habló sobre Cuba ante un auditorio de académicos de Miami. Expuso su tesis de que uno de los objetivos principales de su país en la isla es el de garantizar la aplicación de los acuerdos migratorios de 1994-95.

Cason apuntó hacia lo que considera el peligro: "La desintegración continua de la sociedad cubana genera inestabilidad a través de la región y crea la amenaza de una migración masiva hacia Estados Unidos. Esto debilita nuestra seguridad y el potencial a largo plazo de la nación cubana. Por esta razón permanecemos plenamente dedicados a la puesta en vigor de los acuerdos migratorios de 1994-1995 que proveen una estructura para la migración libre de peligros, legal y ordenada hacia Estados Unidos.

"Desafortunadamente, por ser un país vecino, los problemas de Cuba también pueden tornarse en nuestros problemas. Al margen del imperativo moral que impulsa nuestro apoyo a la democracia en Cuba, también tenemos un interés estratégico. La inestabilidad también ocupa un lugar obviamente alto en el pensamiento de (el presidente Fidel) Castro, pero por razones diferentes. Hay que preguntarse por qué el gobierno de Cuba no ha aprovechado las muchas oportunidades de revertir la degradación de la sociedad cubana, y en cambio ha rechazado numerosas posibilidades de normalizar sus políticas económicas. La economía cubana sigue en condición de supervivencia, tanto para el Estado como para el pueblo mismo, que se preocupa primordialmente con los problemas de la vida cotidiana."

"Plan premeditado"

Dos días después, en un amplio alegato ante la prensa sobre las detenciones masivas de activistas opositores, el canciller Felipe Pérez Roque llamó la atención sobre el bajísimo ritmo de entrega de visas estadunidenses a cubanos que se están documentando para emigrar este año. Una semana más tarde, el ministro precisó que hasta febrero pasado Estados Unidos había entregado apenas 700 visas de las 20 mil a que está obligado cada año (en este caso, de octubre de 2002 a septiembre de 2003).

"ƑAnte qué estamos, ante un plan deliberado para que se desesperen los que quieren emigrar para que no tengan otra alternativa que la emigración ilegal?", preguntó Pérez Roque el 9 de abril. El mismo respondió: "Se está constatando la ejecución de un plan premeditado para estimular la emigración ilegal, para no dejarles otra opción a los que quieran emigrar de Cuba -y que nosotros queremos que sea de manera legal y ordenada-, que el secuestro de barcos, el secuestro de aviones. Hay gente interesada en dar al traste con los acuerdos migratorios. Hay una lista de gente que nosotros conocemos bien, que quisiera que no hubiera acuerdos migratorios, que quieren crear un incidente entre Cuba y Estados Unidos, que reclaman al gobierno de Estados Unidos la agresión contra Cuba. Por tanto, creo que es la oportunidad propicia para alertar de este nuevo escenario de provocación y confrontación".

Cuando el canciller decía estas palabras en el teatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba en apelación la sentencia de muerte de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los tres secuestradores de la lancha finalmente fusilados.

En una conferencia de prensa el jueves 18, Pérez Roque explicó que las ejecuciones fueron ratificadas por el Consejo de Estado, máximo órgano ejecutivo del país, presidido por Castro, para evitar "una crisis, un incidente migratorio al que aspiran los sectores de Estados Unidos que quieren una guerra con Cuba".

Los acuerdos migratorios

La migración es el único tema que reúne a funcionarios cubanos y estadunidenses en una mesa para conversaciones oficiales. El eje son los dos acuerdos migratorios vigentes y su aplicación.

Los acuerdos fueron firmados el 9 de septiembre de 1994 y el 2 de mayo de 1995, respectivamente. El primero frenó la crisis de los balseros, la salida en masa de unos 32 mil cubanos en naves rústicas y el segundo fue un complemento.

El primero impuso a Estados Unidos la obligación de entregar al menos 20 mil visas anuales a cubanos que quieran emigrar legalmente a ese país y la prohibición de aceptar balseros rescatados en altamar.

También obliga a los dos gobiernos a cooperar para combatir el tráfico ilícito de personas y para impedir el empleo de la violencia, incluso el secuestro de aviones y embarcaciones, como medio de presión para emigrar a Estados Unidos desde Cuba.

El segundo comprometió a Estados Unidos a repatriar a los cubanos que fueran interceptados en altamar en intentos de emigración ilegal y reafirmó el pacto bilateral para "tomar medidas para impedir las salidas peligrosas de Cuba, que puedan significar un riesgo de pérdidas de vidas humanas y de oponerse a los actos de violencia asociados a la emigración ilegal".

El principio de 1994 fue estremecedor en Cuba. El país estaba en lo más profundo de la crisis económica que siguió a la caída de la Unión Soviética. Acababa de reconocerse el curso legal del dólar, pero aún no entraban en vigor las modestas reformas que permitieron ensayar mecanismos de mercado.

Con mercados desabastecidos, ciudades sin luces, calles y carreteras sin transporte, paralización de empresas y caída vertical del poder adquisitivo, miles de cubanos creyeron que su único horizonte de vida era la salida del país por la fuerza.

Hubo ocupación de embajadas, secuestro de lanchas, muertos, heridos, detenidos, un motín antigubernamental y finalmente la decisión oficial de abrir las fronteras marítimas. El gobierno cubano culpaba a Estados Unidos de alentar la emigración ilegal.

Este fue el cuarto episodio de emigración masiva de cubanos hacia Estados Unidos, desde el triunfo de la revolución de 1959: el primero fue inmediato y se llevó a los sectores adinerados y a los allegados al régimen dictatorial depuesto; el segundo fue en 1965, cuando Cuba abrió el puerto de Camarioca al cabo de un periodo de auge en la tensión con Estados Unidos; el tercero fue en 1980, con la apertura del puerto de Mariel, por el que se fueron unos 100 mil cubanos, muchos de los cuales habían ocupado previamente por la fuerza la embajada peruana.

Hoy la pregunta es si habrá un quinto capítulo.