Periciales de un agrocidio

¿Quién mató al campo mexicano? ¿El agrocidio fue accidental o calculado? ¿Se trata de un crimen premeditado, imprudencial o por omisión? Según mi indagatoria, no hay duda: perseguimos un delito intencional. Es más, el golpe al agro y a los campesinos fue con todas las agravantes: con premeditación, alevosía y ventaja.

Por principio de cuentas, hay evidencias duras de que la desregulación y la apertura irresponsables venían de las políticas de "ajuste macroeconómico y cambio estructural" operadas desde los años 80, a mediados del sexenio de Miguel de la Madrid. Y hay pruebas de que sus efectos negativos para el campo y los campesinos ya se habían constatado y ponderado: los coeficientes de las importaciones agropecuarias se mantuvieron prácticamente constantes desde que se inició la apertura en 1986 y hasta el final de la década, mientras que los de las importaciones se incrementaron aceleradamente, con el consecuente deterioro de la balanza comercial agroalimentaria, que mientras que en 1986 había tenido un superávit de más de mil millones de dólares, para 1992 tuvo un saldo rojo de más de 3 mil millones.

Así, cuando empezó la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ya había eliminado precios de garantía y suprimido permisos de importación para la mayoría de los productos agropecuarios, de modo que teníamos poco que ofrecer a nuestros presuntos socios. Para regatear sólo nos restaban ciertos subsidios agropecuarios, y en cuanto a nuestro mercado interno -ya saturado de productos estadunidenses agrícolas- faltaba la apertura indiscriminada a las importaciones de maíz, una de las pocas cosechas que aún se protegían con aranceles y precios de garantía. Y ese segmento del mercado no era poca cosa, pues el maíz es el principal producto agrícola, tanto en México como en Estados Unidos, país que es fuertemente "excedentario" y exportador de ese cereal. Pero siendo importante para ambas economías, la sensibilidad de una y otra son muy distintas, pues mientras que para nosotros el maíz es un bien alimentario directo, generalizado y básico, para ellos es insumo forrajero e industrial. Por si fuera poco, a principios de los años 90 Estados Unidos representaba para México 80 por ciento de su comercio agropecuario, mientras que para ellos no representábamos ni 6 por ciento.

Es claro que entramos a negociar el TLCAN en condiciones de asimetría y desventaja. Pero la entrega de la parte sustancial de nuestro mercado interno de granos básicos, con la consecuente renuncia a la soberanía alimentaria, y el sacrificio de la mayoría de nuestros campesinos, con la consecuente pérdida de soberanía laboral, no resultaron sólo de lo disparejo del regateo y la torpeza de nuestros negociadores; fueron saldos fríamente calculados por los tecnócratas neoliberales en el poder. Sacrificar lo sustancial de nuestra agricultura -particularmente la cerealera- y de paso a 3 o 4 millones de campesinos era el costo de nuestra integración con las economías del norte; el sacrificio propiciatorio del México rural era el precio de nuestro ingreso a la modernidad.

La mafia salinista y sus cómplices -quienes quizá no conocían el agro, pero sin duda leían estudios, sobre todo si traían numeritos- sabían perfectamente que el campo sería el gran perdedor. Ese era el saldo rojo que anunciaban inequívocamente todas la prospecciones. Así lo señalaron investigadores independientes y críticos, como José Luis Calva, en Probables efectos de un Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano (editorial Fontanara, 1992), o Solón Barraclough, en Algunas cuestiones sobre las implicaciones del TLC en el México rural (editorial Juan Pablos, 1992). Pero las mismas conclusiones aparecían en los escenarios diseñados a partir del modelo estático de Núñez-Naude, y publicadas en El Tratado de Libre Comercio y la agricultura mexicana: un enfoque de equilibrio general aplicado (Estudios Económicos, volumen 7, número 2, 1992); en el modelo también estático de Robinson, Bursfisher, Hinojosa y Thierfelder, como consta en Agricultural Policies and Migration in a U.S. México Free Trade Area: a CGE Análisis ( Worquing Paper número 617, Departament of Agriculture and Resource Economics, University of California, Berkeley, 1991). Muy semejantes a los obtenidas a partir de modelos dinámicos, como el de Levy y Van Wijnberger: Mexican Agriculture in the Free Trade Agreement. Transition Problems in Economic Reform (Technical Papers núm. 63, OCDE Development Center, mayo 1992), y el de Romero y Núñez-Naude: Cambios en la política de subsidios. Efectos sobre el sector agropecuario (Documento de trabajo núm. XVI-1993, CEE, El Colegio de México, septiembre de 1993). Por si fuera poco, las proyecciones de organismos internacionales, como la FAO, hacían los mismos pronósticos: World Agriculture Towards 2010: a FAO Study (Wiley and Sons, Chischester, UK, 1995). Finalmente, el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el artículo Potential Effects of the NAFTA on Mexico´s Grain Sector, de Constanza Valdés y Kim Hjort (Economic Research Service), llega a conclusiones semejantes.

Las pronósticos de estos y otros estudios varían cuantitativamente, dependiendo de los modelos y las hipótesis utilizados. Sin embargo, absolutamente todos coinciden en las tendencias, en los impactos rurales que ocasionaría la presunta liberalización comercial: reducción de la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria mexicana; incremento absoluto y relativo de las importaciones agropecuarias; progresivo déficit nacional en bienes de consumo básico, manifiesto en el creciente saldo rojo de la balanza alimentaria; estancamiento absoluto y contracción relativa de la producción cerealera; pérdida abrupta o paulatina de puestos de trabajo en la agricultura; aumento de la migración rural a las ciudades y a Estados Unidos; mayor desigualdad; polarización y concentración del ingreso rural. Concuerdan también en que "los más afectados serían los pequeños productores comerciales de las zonas de temporal...", en que también serán dañados por agricultores de riego, aunque en ellos "los efectos negativos serían menores", e inclusive los productores de autoconsumo "serán también afectados, pero en menor proporción" (Fernando Rello y Antonio Pérez, Liberalización económica y política agrícola: el caso de México; La agricultura mexicana y la apertura comercial, Antonieta Barrón y José Hernádez Trujillo, coordinadores).

El propio Fondo Monetario Internacional, garganta profunda del salinismo, anunciaba en un boletín del 10 de agosto de 1992 que el libre comercio con Estados Unidos significaría para nosotros el retiro del cultivo de más de 10 millones de hectáreas y un éxodo rural de alrededor de 15 millones de mexicanos, saldo socialmente catastrófico, que tanto nuestros tecnócratas como el organismo multilateral consideraban plausible y económicamente necesario.

Podemos pues afirmar, con los pelos en la mano, que el asesinato del campo mexicano fue un plan con maña, un crimen premeditado.