Plantean que se permita a paraestatales destinar a la expansión recursos propios

La asfixia financiera del sector eléctrico, estrategia oficial para privatizar, acusan

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica sostuvo ayer que existe la intención de asfixiar financieramente a las empresas del sector -mediante la restricción de sus presupuestos y quitándoles parte importante de sus ingresos- con la finalidad de justificar su venta a los particulares.

Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox han impedido la inversión productiva y la modernización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro, recortando sus presupuestos, dijo.

Del mismo modo, han paralizado la reconversión productiva de esas empresas, impidiendo que utilicen sus propios recursos en inversión, pues les han quitado parte sustancial; además les han congelado fondos importantes que podrían utilizar en equipamiento, apuntó el frente.

En el mismo sentido, la Comisión Mixta Permanente de Productividad de Luz y Fuerza del Centro expone en un análisis que uno de los principales argumentos con los que se insta a la privatización es la supuesta incapacidad del Estado para destinar recursos a la expansión de la infraestructura necesaria para atender la demanda de energía eléctrica, que se incrementaría entre 5.5 y 6 por ciento cada año, según datos oficiales.

Agrega que si los fondos para la expansión se destinaran del erario, según señalaron los dos anteriores presidentes de México, sería necesario sacrificar recursos del gasto social.

Sin embargo, se evade la posibilidad de revisar las políticas de ingresos y egresos de las paraestatales, así como las tendencias y los compromisos asumidos por las autoridades del sector, señala el informe preparado por el especialista Ramón Aceves Ramírez.

Las empresas, añade, están atadas de manos legalmente para destinar recursos a la expansión de infraestructura. Así, sostiene, la declaración de que el Estado tendrá que pagar la inversión requerida para el crecimiento de la industria eléctrica mexicana es un argumento falaz y "chantajista".

También explica que las iniciativas de reforma eléctrica del PRD y el PRI reconocen que el sector tiene capacidad para generar sus propios recursos y así invertir en expansión y modernización.

En tanto, la incorporación de inversión privada -como propone el gobierno foxista y antes planteó el de Zedillo- tiene un objetivo diferente, que es el beneficiar a los dueños del capital trasnacional, el cual exige certeza jurídica para proteger su único interés: la ganancia.

"Es decir, la protección que ahora pregona Fox a la inversión privada, consiste simple y sencillamente en sobreponer el interés particular al general de los mexicanos."