Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 10 de noviembre de 2002
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Política

Hubo "operaciones contables fuera de toda sana práctica bancaria", señala auditoría

En 1993 comenzó la "estrategia" para desviar recursos de Banco Unión al PRI

La secretaria de Cabal Peniche, pieza clave en la transferencia de recursos al tricolor

ROBERTO GONZALEZ, MIREYA CUELLAR Y ENRIQUE MENDEZ

La red financiera que permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtener recursos de empresas relacionadas con Carlos Cabal Peniche y Banco Unión para la campaña electoral de 1994 comenzó a ser tejida cuando entraba a la recta final la lucha interna en el tricolor para elegir al sucesor de Carlos Salinas de Gortari.

Los mecanismos dispuestos por el ex banquero y ex dirigentes priístas, calificados en 1995 por la Procuraduría Fiscal de la Federación como una "maquinación", se encuentran completamente documentados por las autoridades financieras.

Decenas de copias de cheques, estados financieros, órdenes de pago y transferencias de dinero entre diferentes cuentas bancarias -en poder de La Jornada- revelan que la estrategia para extraer de Banco Unión recursos para financiar la campaña por la gubernatura de Tabasco en 1994 y la elección presidencial de ese año comenzó a fraguarse -como si de una decisión de Estado se tratara- al menos desde mediados de 1993.

Roberto Madrazo Pintado, ahora dirigente del PRI, era el presidente estatal de ese partido en Tabasco y Fernando Ortiz Arana encabezaba el Comité Ejecutivo Nacional en 1993, mientras la atención del gobierno federal en esa época se centraba en la aprobación en Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, la aplicación de las reglas de supervisión del sistema bancario -cuya privatización había concluido en 1992- y en la operación del proceso de designación del candidato oficial para las elecciones presidenciales de 1994.

Aun cuando el proceso de sucesión no se definía -había por lo menos cinco precandidatos priístas visibles-, la directiva del PRI tomaba previsiones para allegarse recursos, con la colaboración de Cabal Peniche, a quien el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari había identificado como "el empresario modelo".

Los documentos en poder de este diario revelan que el 22 de julio de 1993 fue constituido el fideicomiso de inversión y administración F/2929-4, en el que el fiduciario era Banco Unión y en el que el PRI nacional actuaba como fideicomitente y fideicomisario, es decir, como el único que podía disponer de los recursos que se depositaran en la cuenta.

Para la constitución de dicho fideicomiso, el Revolucionario Institucional realizó una aportación de mil pesos, mientras que Banco Unión abonó 47 millones 176 mil pesos.

A partir de ese momento comenzó a operar la habilidad financiera de Cabal Peniche en favor del PRI.

Las pruebas

Los registros de movimientos bancarios revelan que el 26 de julio de 1993 Banco Unión expidió 60 cheques de caja, con números del 125 mil 101 al 125 mil 130 y del 125 mil 201 al 125 mil 230 en favor de un fideicomiso identificado como Banco Unión, SA (fiduciario), con lo que se efectuaron 60 cargos en la cuenta 1502, matriz y sucursales de la mencionada institución, por un importe total de 47 millones 175 mil pesos, con abono en la cuenta 2301, cheques de caja de Banco Unión, SA.

Un día después, el 27 de julio de 1993, los 60 cheques de caja fueron depositados en la cuenta de cheques 9640004-5 de Administración Fiduciaria por Cuenta de Terceros de Banco Unión, SA/fiduciario y se aplicaron al fideicomiso F/2929-4 del PRI nacional.

La red de triangulación de fondos para encubrir los depósitos de Banco Unión al PRI fue activada.

Con fechas 31 de agosto y 22 de septiembre de 1993, se abonaron los 60 cargos de la cuenta 1502 (de donde salieron los cheques de caja) mediante la expedición de dos cheques de caja con los números 121782 y 110963 de Banco Unión, por importes de 31 millones 83 mil 200 pesos y 16 millones 91 mil 800. Así, se había dado el primer paso para encubrir el depósito original de 47 millones 175 mil pesos.

El alcance de la red se extendía. El cheque de caja 121782, que correspondía al importe de 31 millones 83 mil 200 pesos, fue expedido con cargo en la cuenta 966232-4 de Banco Unión, SA, en favor de María del Carmen Mézquita Ochoa (secretaria personal de Cabal Peniche), cantidad de la que 31 millones 76 mil 800 pesos le fueron previamente depositados por la empresa Del Valle Zapata y Asociados (relacionada con el ex banquero), mediante dos fichas contables por los montos de 15 millones 556 mil 200 pesos y 15 millones 520 mil 600 pesos, de fechas 30 y 31 de agosto, respectivamente.

El dinero, en todo caso, salía del propio banco de Cabal Peniche. La documentación detalla que la empresa Del Valle Zapata y Asociados obtuvo recursos por medio de cuatro préstamos sin garantía que le otorgó Banco Unión, el 30 y 31 de agosto de 1993, por un importe total de 12 millones 429 mil dólares, de los cuales 10 millones fueron convertidos a moneda nacional -al tipo de cambio de entonces equivalían a 31 millones 76 mil 800 pesos- y depositados en la cuenta de cheques 966232-4 de Banco Unión en favor de María del Carmen Mézquita Ochoa.

Mientras, los cuatro créditos sin garantía o quirografarios que Banco Unión otorgó a Del Valle Zapata y Asociados fueron liquidados con recursos provenientes de otra línea de crédito en préstamos sin garantía y/o cartas de crédito irrevocables hasta por 80 millones de dólares, que el comité de crédito de alta dirección del banco autorizó a Grupo Comercial Alvi, otra de las empresas fantasma de Cabal Peniche, el 26 de enero de 1994.

El 25 de febrero de 1994, el Grupo Comercial Alvi transfirió 13 millones 186 mil 200 dólares a una cuenta de cheques de Banco Unión a nombre de Del Valle Zapata y Asociados, con objeto de liquidar los cuatro créditos quirografarios que mantenía la empresa con el propio Banco Unión.

Todos los recursos dispuestos por las empresas que sirvieron para transferir fondos al fideicomiso del PRI constituyen una parte del quebranto causado a Banco Unión, que después pasaron a formar parte del rescate bancario emprendido por el gobierno de Ernesto Zedillo -quien en su campaña se benefició de esos fondos- con cargo a los contribuyentes mexicanos.

De acuerdo con reportes en poder de este diario, la autoridad considera que la pérdida fue provocada por las empresas y no directamente por el PRI, aunque ese partido fue el beneficiario de las aportaciones.

Otro de los documentos relacionados con esas operaciones establece que Banco Unión destinó recursos al PRI mediante "operaciones contables fuera de toda sana práctica bancaria" y por un monto de al menos 47 millones 176 mil pesos.

La información detallada, que en una versión inicial fue dada a conocer en 1998, establece que las aportaciones de dinero hechas por Banco Unión al PRI fueron realizadas en cinco exhibiciones, entre octubre de 1993 y mayo de 1994, cuando el banco todavía era dirigido por Carlos Cabal Peniche.

El empresario amigo de Roberto Madrazo se hizo cargo de la institución de crédito hasta el 5 de septiembre de 1994, cuando fue intervenida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En junio de 1998, cuando gobernaba Ernesto Zedillo, la Presidencia de la República afirmó que Cabal Peniche sólo había aportado un millón de pesos para financiar la campaña electoral del PRI en 1994. El ex banquero, en una entrevista con la agencia Reuters cuando estab preso en Australia, aseguró haber donado 20 millones de dólares a la campaña presidencial del partido oficial.

La auditoría

El informe sobre la auditoría interna a Banco Unión, fechado el 13 de diciembre de 1994 y firmado por el contador público Josué Peláez Rueda, documenta la operación por parte del Partido Revolucionario Institucional de al menos un fideicomiso en Banco Unión en la ciudad de México.

El fideicomiso, con el número F/2929-4 Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banco Unión, fue constituido el 22 de julio de 1993 y firman como fideicomitentes Fernando Ortiz Arana y Carlos Enrique Sales Gutiérrez, entonces presidente y secretario de Finanzas del partido, respectivamente.

Los fondos para alimentar el fideicomiso provinieron de la cuenta concentradora 964004-5 a nombre de Administración Fiduciaria por Cuenta de Terceros. Los recursos para esta cuenta fueron obtenidos mediante créditos quirografarios -es decir, sin garantía- otorgados por Banco Unión a empresas de reciente creación, vinculadas a Cabal Peniche.

En las conclusiones de la auditoría se establece que la transferencia de los 60 cheques de caja, que amparaban un monto de 47 millones 176 mil pesos a la cuenta del PRI, constituyeron "operaciones contables fuera de toda sana práctica bancaria, en virtud de que se simuló que se estaban iniciando partidas de crédito que en distintas sucursales del interior de la República serían correspondidas, situación que no se dio".

Además establece que "los recursos producto de la negociación de los cheques de caja fueron acreditados a la cuenta de cheques 964004-5, de donde se expidieron cinco cheques de caja por 50 millones de pesos, mismos que fueron negociados en otros bancos para abono de las cuentas de la Tesorería y Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI".

El auditor establece claramente que Banco Unión "destinó recursos para un organismo político que no tiene relación por operaciones financieras con el banco, desconociéndose la razón de la entrega de estos fondos".

La auditoría practicada a Banco Unión señala que esa institución autorizó créditos a empresas para allegar fondos a las cuentas de donde salió el dinero para el PRI, "por lo que finalmente los recursos dispuestos por el organismo político fueron aportados por esas empresas".

El encargado de la auditoría considera en su reporte que en las operaciones en favor del tricolor no hubo quebranto que afectara el patrimonio de la institución. Sin embargo, detalla, "existe el riesgo" de que esos importes "no puedan ser recuperados ya que están involucrados dentro de los créditos que otorgó Banco Unión a las empresas que investiga la Comisión Nacional Bancaria y que se les ha denominado canalizadoras".

Establece que "dada la simulación contable" realizada para transferir los fondos al PRI, "se infiere que, de no cobrarse los adeudos, finalmente es Banco Unión quien aporta los recursos al organismo político que se ha mencionado".

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