Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 17 de octubre de 2002
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Economía

Se viola la Constitución, aseguró el representante de la empresa telefónica

La nueva ley de telecomunicaciones, lesiva para Telmex y usuarios: Javier Mondragón

El panista Javier Corral aseveró que incluye planteamientos de las compañías del ramo

ANDREA BECERRIL

La Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) estará lista en este periodo de sesiones, que concluye en diciembre, e incluirá los planteamientos de las empresas telefónicas, informó el senador del PAN, Javier Corral, luego de otra audiencia pública, en la que el representante de Teléfonos de México, Javier Mondragón, insistió en que ese proyecto legislativo es lesivo para Telmex y para los usuarios.

Al respecto, Corral Jurado dijo que los legisladores van a seguir dialogando con Telmex a fin de que salga "de esa postura del todo o nada", ya que no se puede descalificar el proyecto, que fue elaborado por senadores y diputados después de más de un año de trabajos en la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones.

"No se trata de amarrarle las manos a ningún operador ni de proteger tampoco a nadie. Es una ley que tiene con mucha claridad un objetivo, que es la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Por lo tanto, buscaremos en este diálogo con los operadores de telefonía consensar las propuestas".

Puntos de vista

El senador del PAN recalcó que los legisladores no están cerrados a los planteamientos de Telmex ni de las demás empresas. Lo expresado en las dos audiencias públicas con los operadores, dijo, ha modificado ya puntos de vista sobre temas de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que pueden ajustarse. "Aquí se han presentado otras alternativas de cómo presentar la desagregación, que se incorporarán; no estamos en la línea de casarnos con una sola idea", añadió.

Aseguró que la intención es presentar el dictamen en las próximas semanas y que se trabaja ya en un anteproyecto que habrá de recoger lo expresado en las últimas dos sesiones con las empresas de telefonía.

En la audiencia pública de ayer, el representante de Telmex, Javier Mondragón, pidió a los senadores ceñirse a lo expresado en la Carta Magna, especialmente a lo que señala el artículo 28 constitucional, donde se establece que se castigará a quienes se pongan de acuerdo para cargar precios excesivos a los usuarios. "Ese artículo no dice que habrá, como ustedes plantean, leyes para hacer que prosperen quienes no operan bien sus negocios y como ustedes han prometido guardar y hacer guardar la Constitución, se ajustarán a lo que establece".

Dijo que la iniciativa es una ley privativa hecha especialmente para Telmex. Puso como ejemplo de ello que en el proyecto se establece que la empresa no podrá vender en paquete sus acciones, porque ello no es conveniente para los competidores, como Avantel, aunque sí beneficie a los usuarios.

Planteó una serie de modificaciones a los conceptos de dominancia y desagregación. Este último, dijo, significa compartir obligatoriamente con los competidores el acceso al mercado local de telefonía, mediante el arrendamiento total o parcial de la conexión que va de la central telefónica al domicilio del cliente. Ello, precisó Mondragón, es una competencia destructiva que en realidad "lo que genera es incompetencia", y puede llevar a la quiebra a las empresas que sí invierten en infraestructura.

Insistió en que en Estados Unidos la desagregación los tiene en crisis porque se han perdido casi medio millón de empleos y 2 billones de dólares en valores bursátiles. El futuro en materia de telecomunicaciones, agregó el representante de Telmex, es la competencia basada en prestadores de servicios que sean dueños de su propia infraestructura, y no que se obligue a Teléfonos de México a cederles el uso de las redes.

Igualmente, Juan Carlos Merodio, de Iusacell, y Raúl Rocío, de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) se manifestaron contra la desagregación. La interconexión, dijeron, tendrá que negociarse entre operadores y participantes, por lo que se debe crear un marco regulatorio que permita desagregar recursos a precios justos.

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