Loyola no ha entregado más de $40 millones asignados por el Congreso, dice la rectora

Se ampara la UAQ contra retención de recursos

La demanda incluye al Presidente, a los secretarios de Hacienda y de Gobernación, y al gobernador

JOSE GALAN Y MARIANA CHAVEZ REPORTERO Y CORRESPONSAL

En un acto sin precedente en la historia de la educación superior pública del país, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) interpuso ayer una demanda de amparo indirecto contra la retención "inconstitucional", por parte del gobierno del estado, de fondos federales por 40 millones de pesos asignados en diciembre pasado por el Congreso de la Unión a esa casa de estudios.

La demanda de amparo indirecto interpuesta en nombre de la rectora de la UAQ, María Dolores Cabrera Muñoz, ante el juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de Querétaro, cuyo titular es Jesús Ortiz, incluye al presidente de la República, Vicente Fox Quesada; a los secretarios de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así como al gobernador queretano Ignacio Loyola Vera.

La universidad estatal considera que el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal enviada por el Presidente al Congreso de la Unión, y aprobada en 1997, viola la Carta Magna e impide que los recursos federales designados y etiquetados por los legisladores federales, en este caso para la universidad, realmente lleguen a su destino.

"El gobernador ha retenido fondos federales por 40 millones de pesos destinados a la UAQ por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de 2001 y 2002, que envía la Federación a través del ramo 33, en flagrante violación de la autonomía universitaria", afirmó Oscar Guerra Becerra, director de Asuntos Jurídicos de la institución. "Hasta el momento no ha hecho entrega de dichos fondos, destinados a infraestructura física como talleres, aulas, laboratorios y bibliotecas".

Mala aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, afirman abogados

Los abogados de la UAQ consideraron que el gobernador Loyola Vera está "aplicando mal" la Ley de Coordinación Fiscal y, consecuentemente, violando la Constitución, particularmente en su artículo 3 fracción VII, que dice que las universidades a las que la ley otorgue autonomía, entre otros derechos, administren su patrimonio.

Esos recursos, asignados por el Congreso de la Unión, forman parte de su patrimonio desde ese momento, agregó Guerra Becerra. "El gobernador está equivocado si cree que la UAQ va a malversar esos fondos, pues ya vienen etiquetados desde la Cámara de Diputados, y siempre hemos rendido cuentas claras a las dependencias del gobierno federal que ministran esos recursos".

El propio Loyola Vera notificó a la UAQ, en oficio fechado el 18 de septiembre de este año, que no entregaría los recursos a la máxima casa de estudios del estado, por lo que "nos vemos en la necesidad de interponer esta demanda de amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades federales y estatales", agregó el representante jurídico de la universidad.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la universidad queretana, expedida el 30 de diciembre de 1985 y publicada el 2 de enero de 1986 en el diario oficial del estado La Sombra de Arteaga, forman parte del patrimonio de la universidad "los subsidios federales, estatales y municipales", y "los demás bienes o ingresos que por cualquier título legal adquiera".

La UAQ debería haber recibido 13 millones 351 mil 400 pesos en el año 2001 por recursos correspondientes al FAM, otorgados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, suma acordada por la Secretaría de Hacienda y que fue notificada al gobernador Loyola Vera por Julio Rubio Oca, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Eduación Pública (SEP). Para 2002, la suma fue de 25 millones 219 mil pesos para infraestructura, de acuerdo con los proyectos presentados oportunamente a la SEP.

Sin embargo, en un oficio fechado el 13 de septiembre de este año, el mandatario estatal respondió a las varias solicitudes de la UAQ de que le entregaran los recursos que le corresponden, ya que, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones y sus accesorios que reciban las entidades federativas deben ser administradas y ejercidas por los gobiernos estatales conforme a sus propias leyes", y que "el control y supervisión del manejo de dichos recursos queda a cargo de las autoridades que se indican en el artículo 46 de la citada ley".

Por ello, insistió Loyola Vera, "no resulta cierto, sino equivocado, que las cantidades sean subsidios federales o bien formen parte del patrimonio universitario", y que "se pueden aplicar en forma diferenciada potestativamente".

Por ello, la demanda de amparo solicitada por la UAQ considera que el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente es violatorio de la fracción VII del artículo 3 constitucional, que prevé la garantía de autonomía de las universidades a las que la ley otorga tal carácter, porque, en materia educativa, "dicho artículo sólo es aplicable a la enseñanza básica, tecnológica y de adultos, que dependen de las entidades federativas, no así a las universidades autónomas".