El proceso de procuración de justicia en torno al llamado Pemexgate parece haber entrado en contradicciones e inconsistencias inocultables para el sentido común de la opinión pública y preocupantes por las distorsiones que introducen en la salud de la vida republicana.

La más grosera de estas inconsecuencias es la asimetría en el manejo de la investigación del presunto desvío de recursos de Pemex para la campaña presidencial priísta de 2000, por una parte, y la falta de interés de esas dependencias por esclarecer los dineros posiblemente ilícitos que la asociación Amigos de Fox recibió del extranjero. Los foxistas -el Presidente incluido- argumentan que se trata de cosas diferentes, y ciertamente lo son, menos en un punto: ambas prefiguran la comisión de delitos electorales penalmente sancionables.

En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sigan persiguiendo a presuntos responsables del Pemexgate y dejen en paz a los presuntos responsables de Amigos de Fox, se fortalecerán las sospechas de que los aparatos de procuración e impartición de justicia actúan de manera facciosa, partidista y, a fin de cuentas, corrupta, al servicio de los intereses del grupo en el poder y de sus afanes de venganza política, y no en bien de la legalidad, la justicia y la transparencia.

Desde otra perspectiva, llama la atención lo que puede interpretarse como un súbito desinterés de los legisladores panistas por llevar adelante el desafuero de los líderes sindicales presuntamente involucrados en el desvío de fondos de Pemex hacia el PRI mientras, por otra parte, la PGR pide -y obtiene- órdenes de captura contra ex integrantes del equipo de campaña de Francisco Labastida, como Carlos Almada y Jaime Cárdenas, cuya participación en el presunto ilícito resulta mucho menos clara y probable, pero cuyo encauzamiento parece más fácil, no necesariamente porque haya pruebas contra ellos, sino porque carecen del fuero legislativo de que gozan Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y otros charros con curul. No puede dejar de pasarse por alto que el cambio de actitud entre los panistas y las nuevas órdenes de aprehensión giradas se presentan después de que el Ejecutivo federal negociara, con la actual dirigencia nacional priísta, la desactivación de la huelga en Pemex.

No cabe pedir, sugerir o insinuar el mínimo resquicio de impunidad para quienes, según los indicios disponibles, utilizaron recursos de la nación en el financiamiento de una campaña política. Pero, en tanto no se aclaren y corrijan las inconsistencias mencionadas, quedará la duda sobre la imparcialidad de un proceso legal dirigido por un gobierno que no ha sido capaz de esclarecer los señalamientos sobre la legitimidad de su origen electoral y que, para colmo, se sienta a negociar con dirigentes partidistas pretendidamente opositores sobre quienes pesan señalamientos por fraudes electorales, mangoneos sindicales y hasta homicidios.