Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 10 de octubre de 2002
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Política

FONDOS DE CAMPAÑA

Ordenes de aprehensión 10 meses después

El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció ante la PGR que el ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, y otros ex funcionarios de la paraestatal habían desviado mil 100 millones de pesos al sindicato petrolero, y que éstos podrían haber sido utilizados en la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Un día después, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) tenía datos precisos de la transferencia de recursos que, desde la cuenta que el sindicato petrolero tenía en Banorte, se habían entregado a Andrés Heredia, Joel Hortiales, Elpidio López, Antonio Cázares y al senador priísta Ricardo Aldana Prieto, este último secretario tesorero de la organización petrolera.

El 19 de enero de este año, La Jornada publicó en exclusiva el avance de las investigaciones de la PGR, y que dos de los tres ex empleados del PRI ya se habían acogido al programa de testigos protegidos.

Esta investigación periodística reveló que 390 millones de pesos de los primeros mil 100 millones que se habían desviado de Pemex al sindicato petrolero habían quedado en manos de los dirigentes, el diputado federal Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana.

Desde mediados de febrero, la UEDO citó a comparecer al ex director de Pemex, a los líderes del sindicato, así como a ex funcionarios de la paraestatal en calidad de indiciados.

A excepción de Montemayor Seguy, quien entregó por escrito varios alegatos jurídicos, ninguno de los otros citados acudió a la diligencia ministerial.

El 6 de mayo, cuando el juzgado 13 de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Sur, libró seis órdenes de aprehensión por el delito de peculado y uso indebido del servicio público, Rogelio Montemayor fue declarado prófugo, y un mes después el ex funcionario se presentó en una corte federal de Houston, Texas, para entregarse, pero no fue detenido porque no existía una orden de aprehensión.

Las órdenes fueron liberadas el sábado anterior en contra de los ex funcionarios de Pemex involucrados, así como de ex colaboradores del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

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