Carrillo Prieto acudió a interrogarlo a su domicilio particular, "por su estado de salud"

El ex procurador Sánchez Vargas también se niega a responder sobre la represión en 1968 y 1971

Si no se acelera el proceso, la instancia judicial "perderá credibilidad", dicen demandantes

JESUS ARANDA

El ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas se negó ayer a responder a las 150 preguntas que le hizo el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, sobre su participación en la represión de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971; sin embargo, declaró que las denuncias formuladas en contra de "diversos funcionarios de la administración pública" son "infundadas e improcedentes". Asimismo, le entregó al fiscal una copia del acuerdo del 10 de noviembre de 1982, del entonces procurador Oscar Flores Sánchez, que declaró prescrita la acción penal por los hechos del Jueves de Corpus.

Después de una maratónica sesión de seis horas, realizada en el domicilio particular de Sánchez Vargas -quien adujo motivos de salud para no presentarse en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado-, los demandantes, encabezados por Jesús Martín del Campo, Salvador Martínez della Rocca e Ignacia Rodríguez La Nacha, destacaron su inconformidad porque Sánchez Vargas es el tercer acusado -junto con Luis Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez- que se acoge a su derecho constitucional de no responder a los cuestionamientos. Además, el ex presidente de la República y el ex subprocurador son defendidos por el penalista Juan Velázquez, lo que suscitó sospechas de los demandantes, al señalar que "la pandilla tiene al mismo abogado", quien se ha caracterizado por la controvertida defensa de personajes como Raúl Salinas de Gortari y Arturo Durazo Moreno.

En este sentido, los denunciantes exigieron que se aceleren las indagaciones y se proceda lo antes posible a la consignación penal de los acusados. Della Rocca advirtió: "Si no se aceleran las cosas, la fiscalía va a ir perdiendo credibilidad".

La Nacha agregó a su vez que, ante la falta de resultados en virtud de que se ve que hay una acción legal concertada de los acusados, no dudarán los miembros del Comité 68 en acudir a instancias internacionales para exigir justicia.

Martín del Campo y Della Rocca destacaron, a su vez, la importancia que adquirió la declaración del ex agente del Ministerio Público Salvador del Toro Rosales, quien sostuvo que el control del situación en el país después del 2 de octubre fue asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional, que las declaraciones ministeriales de los detenidos se realizaron en el Campo Militar Número Uno en vez de la Procuraduría General de la República y que, además, hubo línea para la consignación penal de los estudiantes.

Al respecto, Carrillo Prieto rechazó que el silencio de los principales acusados y su negativa a responder los cuestionamientos hechos por la fiscalía entorpezcan las indagatorias, y sostuvo que "hay otros elementos, testimoniales, documentales y periciales para reconstruir la verdad de los hechos". Comentó que los próximos en ser llamados a declarar serán Pedro Ojeda Paullada y el ex jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Gutiérrez Oropeza, aunque no precisó fecha.

Aceptó también que la declaración de Salvador del Toro -quien fue el encargado de iniciaar las averiguaciones previas a los estudiantes detenidos en 1968- es importante, porque señala "cómo ocurrieron las cosas y cómo se han tergiversado los preceptos legales".

No obstante, el fiscal dijo que todavía no ha considerado la posibilidad de carear a Del Toro con Luis Echeverría, y sostuvo que se sigue trabajando en la indagatoria. Adelantó por otra parte que el próximo 2 de octubre podría rendir un informe sobre el avance de la indagatoria, a 34 años de la matanza de Tlatelolco, aunque descartó presentar avances espectaculares.

Documento controvertido

La audiencia tuvo una duración de casi seis horas, las primeras tres para leer al acusado el cuestionario de 95 preguntas sobre su participación en los hechos del 2 de octubre, y la segunda parte para las 55 preguntas sobre el Jueves de Corpus; en ambos casos, en su calidad de ex procurador general de la República, cargo que ocupaba en octubre de 1968, que dejó el 19 de agosto de 1971 para asumir la dirección de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial.

Sánchez Vargas entregó por medio de su abogado un boletín de prensa, en el que rechaza las acusaciones (en la audiencia hizo lo mismo, pero se negó a responder a las preguntas). En su escrito destacó que en noviembre de 1982 el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, emitió un acuerdo, declarando prescrita la investigación sobre los hechos del Jueves de Corpus de 1971, en el que determinó no ejercer acción penal sobre esos hechos.

Sobre este particular, el abogado Juan Velázquez comentó en entrevista que esa resolución del procurador Flores Sánchez no fue impugnada por los ahora acusadores, y que al ser una resolución que tiene 20 años "está firme y es inimpugnable".

Sin embargo, Della Rocca y Martín del Campo dijeron que el documento que presentó el ex procurador demuestra que la pretendida averiguación fue "una mascarada y una burla", además de una vergüenza.

Explicaron que la indagatoria se refiere únicamente a la prescripción de delitos por daños en propiedad ajena en el edificio de la Escuela Nacional de Maestros y en una pollería a la que rompieron los cristales, sin hacer alusión alguna a los muertos y lesionados producto del ataque que sufrieron los estudiantes a manos de los halcones. Ese acuerdo de 1982 es "fantasioso, ridículo y vergonzoso", sostuvieron los ex integrantes del Consejo Nacional de Huelga.

Velázquez, por otra parte, desacreditó la declaración ministerial de Salvador del Toro, al señalar: "Puede decir lo que sea, pero al fin de cuentas lo que don Julio hizo como procurador, que fue solicitar la acción penal en contra de algunos, fue plenamente respaldada por el Poder Judicial federal, por un juez de primer instancia (Eduardo Ferrer McGregor), y luego un tribunal unitario confirmó esas condenas". Además, dichas sentencias condenatorias habían causado ejecutoria, y al ser definitivas son verdad legal, es decir, cosa juzgada.

"Llegará alguien (como Del Toro) y podrá decir lo que sea, pero en contra de lo que esa persona diga hay verdades legales del Poder Judicial federal", enfatizó.

Por otra parte, Sánchez Vargas explicó en su comunicado que los detenidos en la Plaza de las Tres Culturas recibieron sentencia condenatoria en noviembre de 1970, fueron liberados bajo protesta en 1971, "a petición de los sentenciados y por gestión de la PGR ante los tribunales federales". Y precisó que en 1976 el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito dictó sentencia confirmatoria de la primera instancia, la cual al no haber sido recurrido quedó firme y es cosa juzgada.