Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 18 de julio de 2002
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Política

Octavio Rodríguez Araujo

El chance y pega de Fox

Pareciera que el método de Fox para gobernar se basa en la conocida fórmula mexicana del chance y pega. Así le ha querido hacer con la energía eléctrica, con la reforma fiscal, con la fructosa, con el aeropuerto en Texcoco, con todo lo que se le ha ocurrido.

Con este método lo que ha estado haciendo el Presidente de la República es poner en duda no sólo a las instituciones, sino el estado de derecho. Fox debería saber que cuando las instituciones y el estado de derecho no cumplen su función para atender y solucionar problemas de toda la sociedad y no de unos cuantos, las instituciones suelen ser rebasadas y las leyes se convierten en problema de interpretación a modo, en lugar de ser reglas de juego y de convivencia para todos.

Se argumentaría que el artículo 27 constitucional faculta al gobierno a expropiar e indemnizar por causa de utilidad pública (y sobre esto se llevará a cabo una audiencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mediados de agosto), pero con frecuencia ha surgido la duda sobre el sentido y el significado de "utilidad pública". En este caso más.

Ciertamente se requiere un aeropuerto más grande y más seguro que el existente en la ciudad de México, de preferencia fuera de ésta. Pero la utilidad pública, que en esta materia sería para aumentar el tráfico aéreo, dar mejor servicio y lesionar menos a quienes viven o trabajan en la zona del actual aeropuerto, deja de serlo cuando se trata del negocio de un grupo económico (y los que vengan después) y cuando se afecta irremediablemente a pueblos enteros que han vivido y viven de sus tierras. Hay otros lugares, y no usaré el espacio para citar los argumentos ya conocidos en pro y en contra de ellos, pero entonces el negocio no sería del grupo A sino del grupo B, y los compromisos del gobierno actual, si tomamos en cuenta la necedad por Texcoco, parecen haberse establecido con uno de los dos, casualmente con el A de Atlacomulco. De otra manera dicho, entre la utilidad pública que significaría un nuevo aeropuerto y los intereses de quienes serían afectados en la zona de Texcoco, está el negocio de construirlo, usufructuarlo y los derivados del servicio. Y en este punto radica el problema: la utilidad pública, entonces, no se puede ver como un asunto neutro ni virginal.

El otro aspecto es el de la indemnización por causa de utilidad pública. ƑCómo se indemniza a quien vive del producto de su tierra, rica o pobre? ƑCon dinero, como si se tratara de predios para vivienda o un negocito? No. Los pobladores de Atenco y alrededores no han puesto su tierra en venta. Y no se trata sólo de un patrimonio sino de una forma de vida. Pero aún así, supongamos que un ejidatario tiene cinco hectáreas de terreno de las que viven él y su familia (y de las que han vivido desde hace muchos años). A siete pesos el metro serían 350 mil pesos, suficientes apenas para un departamentito de interés social. ƑY de qué vivirían? ƑY sus tradiciones y su cohesión social? Nada de eso cuenta, pues son pobres. ƑHaría lo mismo el gobierno con las Lomas de Chapultepec, con el argumento de la utilidad pública?

El chance y pega de Fox y su gabinete se basó en la hipótesis de que con cuentas y espejitos los pobladores de Atenco se verían ilusionados. Pero les resultaron respondones, y el gobierno, acostumbrado a tratar con empleados de rancho y de empresas industriales y comerciales sin sindicato o con sindicato blanco, llevó las cosas más allá del límite del que todavía podía regresarse (para usar una figura de aeronáutica: el punto de no retorno). Ahora ya no. El subsecretario de Gobierno, Ramón Martín Huerta, ya lo entendió: el gobierno federal "no pasará -dijo- por encima de la gente y no va a construir aeropuertos escoltado por las fuerzas de seguridad pública" (La Jornada, 16/07/02). Y menos con pueblos que, desunidos como estaban, logró unir el mismo gobierno por sus métodos improvisados del chance y pega.

El problema del aeropuerto, gracias a la obcecación del gobernante y a la impericia de su gabinete, ya no es legal a secas (si alguna vez lo fue); ahora es político. Tampoco es un asunto local, de pueblos de los que nadie había oído hablar fuera del estado de México; ahora es internacional: está en la mira de otros gobiernos, de los medios nacionales y extranjeros, de organizaciones defensoras de derechos humanos y de redes sociales que han demostrado capacidad para comunicarse y expresarse gracias a la tecnología moderna.

El chance y pega ya funcionó una vez: el 2 de julio de 2000. Pero son ahora los tiempos de pensar y de actuar como estadista y como gobernante de todos los mexicanos.

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