Ayer, militares estadunidenses que realizaban prácticas en el desierto de California descubrieron los cadáveres de cinco migrantes mexicanos indocumentados que al parecer habrían sido víctimas de las elevadas temperaturas que se registran en esa zona. Día con día, en la frontera entre México y Estados Unidos se repite este drama estremecedor y doloroso. Tan sólo en junio pasado, según datos de la Fundación de Asistencia Rural Legal de California, 70 mexicanos murieron al tratar de cruzar esa frontera, la cifra mensual más alta desde que Washington determinara, en el marco de los operativos Guardián, Salvaguarda y Río Grande, el sellamiento de la línea fronteriza.

Ciertamente, el fenómeno de la emigración hacia Estados Unidos es de carácter histórico y tiene profundas causas económicas, pues durante décadas millones de trabajadores mexicanos han optado por abandonar sus lugares de origen para buscar en el vecino del norte una vida mejor para sus familias. Sin embargo, las estrategias de control migratorio establecidas por Washington en los años recientes tienen un ominoso componente inhumano y han convertido el siempre difícil cruce de la frontera común en una verdadera pesadilla. Medidas como la operación Guardián no sólo no han frenado el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos, sino que han forzado a los migrantes a adentrarse en zonas menos vigiladas pero más peligrosas, como los ardientes desiertos de Arizona, California y Texas. Además han impulsado la actividad criminal de las bandas de traficantes de seres humanos, deteriorado la vigencia de los derechos humanos de nuestros compatriotas y envalentonado a diversos grupos racistas y xenófobos estadunidenses que, con el falaz argumento de coadyuvar en el cumplimiento de la ley, se han lanzado a una inadmisible caza de indocumentados. El costo en vidas que los migrantes mexicanos han tenido que pagar en su valeroso afán por encontrar mejores oportunidades resulta espeluznante, como lo es también la pasividad con la que los gobiernos de ambos países contemplan el diario cumplimiento de esta tragedia.

En este sentido, resulta por lo menos inquietante que los esfuerzos diplomáticos por alcanzar un acuerdo bilateral que salvaguarde la integridad física y la dignidad de los migrantes mexicanos y regularice su estancia en Estados Unidos sigan siendo infructuosos, máxime cuando la alineación del gobierno de México a Washington permanece vigente y sin contrapartidas y cuando es un hecho que el trabajo de nuestros compatriotas en esa nación repercute en millonarios ingresos para ambos países. Las razones de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos no deben ser motivo para cerrar los ojos ante la muerte y el sufrimiento que campean por nuestras fronteras.

Por ende, el gobierno federal debe redoblar su actividad en este crucial aspecto y, al tiempo que incremente las gestiones ante su contraparte estadunidense para lograr un acuerdo migratorio justo y humano, debe también modificar su política económica para elevar significativamente los apoyos a los sectores más desfavorecidos de la población, tanto rural como urbana, a fin de prevenir al máximo posible -en el entendido de que la migración a Estados Unidos es un fenómeno de hondas raíces estructurales- la continuidad de este drama.